El Gobierno de Javier Milei prepara para los próximos días un decreto para abrir un régimen de retiros voluntarios. La medida reactiva el plan motosierra en la antesala de la campaña hacia las presidenciales de 2027, en línea con el mensaje del jefe de Estado de no moverse un ápice del plan económico ante el contexto electoral.
Va a ser una convocatoria amplia a toda la administración pública nacional y organismos desconcentrados, según confirmaron a El Cronista desde la Casa Rosada. “Primero un retiro voluntario aplica sobre los empleados de planta permanente. Después, veremos bien el universo alcanzado aproximado”, agregaron fuentes del Gobierno.
Según precisaron, el texto “está encaminado”, pero al cierre de esta nota todavía no tenía la firma presidencial ni fecha de publicación en el Boletín Oficial. En Casa Rosada aseguraron que la intención es que el decreto salga esta misma semana. Hasta entonces, “todo puede pasar”, se atajan algunos.
La Casa Rosada no tiene una meta de bajas predefinida aún. “No tenemos un número objetivo, ya sacamos varios retiros en diferentes organismos y los números de adhesión son muy diferentes”, dijeron quienes están en conocimiento de la iniciativa.
Según funcionarios que dialogaron con El Cronista, la respuesta de los trabajadores varía por múltiples razones. “La difusión, profesiones de los trabajadores, antigüedad, entre otras, son factores que influyen. Es difícil hacer una predicción”, agregaron.
El antecedente inmediato son los regímenes que el Gobierno abrió durante 2026 en distintos organismos. “Entre los retiros que sacamos este año ya llevamos como 5.000 adheridos. Pero eran organismos muy grandes y muchos”, analizaron desde el Gobierno en diálogo con El Cronista.
Entre esos programas figura el del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), aprobado por la Resolución 144/2026 de su Consejo Directivo y publicado en el Boletín Oficial el 7 de mayo. A ese esquema se sumó el de la Administración de Parques Nacionales, cuyo plazo de adhesión corrió entre el 1 de julio y el 11 de agosto.
La diferencia ahora es la escala. Mientras los regímenes previos se habilitaron organismo por organismo, a través de resoluciones de cada conducción, el nuevo decreto abarcará de una sola vez a toda la estructura de la administración nacional.
El decreto llega luego de que este lunes Milei utilizara el resultado de las elecciones en Brasil para remarcar ante sus ministros que a Lula da Silva no le sirvió el “plan platita”. Se trata de un mensaje interno para quienes cuestionaron la sostenibilidad del plan de ajuste de cara a las elecciones.
A principios de agosto, en una entrevista con LN+, Milei descartó cualquier estímulo fiscal de cara a 2027. “No voy a hacer populismo. Voy a morir con las botas puestas”, afirmó en esa oportunidad. En esa misma entrevista, el mandatario planteó que merece la reelección por haber cumplido sus promesas. “Le devolvimos a los argentinos u$s100 mil millones, bajamos los impuestos tres puntos del PBI”, sostuvo.
La reducción de la planta estatal es una de las banderas del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El 30 de septiembre, el funcionario difundió en X un gráfico con la diferencia acumulada de puestos de trabajo desde diciembre de 2023, junto a un mensaje: “Seguimos bajando el gasto para poder seguir bajando impuestos”, sostuvo.
En ese sentido, el Gobierno defiende el ajuste como una herramienta para reducir la presión tributaria. A comienzos de 2025, cuando el recorte sumaba 42.034 puestos, el ministro calculó un ahorro anual de US$1.650 millones y lo resumió en una frase similar: “Son menos impuestos para todos nosotros”, dijo.
Según el último gráfico, entre diciembre de 2023 y agosto de 2026 el Estado nacional acumuló 77.515 puestos menos. La mayor parte del recorte se concentró en la administración centralizada y descentralizada, con unas 44.800 bajas, seguida por las empresas del Estado, con cerca de 21.600, y el personal militar y de seguridad, con alrededor de 11.100.
El ritmo no se detuvo en 2026. Al cierre de diciembre de 2025, el recorte acumulado era de 61.657 puestos, por lo que en los primeros ocho meses de este año se sumaron casi 15.900 bajas, con un pico de más de 4.500 solo en julio.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), publicados el mismo 30 de septiembre, arrojan una cifra menor porque excluyen al personal militar y de seguridad que sí contempla el gráfico oficial que difundió Sturzenegger. Según el organismo, la dotación de la administración pública nacional, empresas y sociedades del Estado pasó de 341.465 trabajadores en diciembre de 2023 a 269.025 en agosto de este año, una caída de 72.440 personas.
Solo en agosto se perdieron 1.446 puestos, una baja mensual del 0,5%, mientras que la caída interanual fue del 5,8%. Un dato anticipa el alcance del nuevo decreto: la administración desconcentrada, uno de los blancos de la convocatoria, se mantuvo sin cambios en agosto, con 21.123 empleados.
Dentro de la administración nacional, la descentralizada registró en agosto la mayor caída en términos absolutos, al pasar de 110.819 a 109.988 trabajadores. La centralizada, en tanto, bajó de 37.602 a 37.543 empleados.
En agosto pasado, en una entrevista televisiva, el funcionario retomó ese razonamiento ante una consulta por la salida de unos 50.000 empleados públicos. “Le devolvimos millones de dólares a los argentinos, que hoy no tenemos que cobrarles para pagar esos 50.000 empleados”, sostuvo.
