El Senado volverá a ser el epicentro de la política este jueves desde las 11 de la mañana, en una sesión que promete marcar un antes y un después en la relación de fuerzas entre el Congreso y la Casa Rosada.
En el temario figuran dos temas de alto impacto: la insistencia en la ley de emergencia en discapacidad -con lo que quedará rechazado de forma definitiva el veto presidencial- y la reforma de la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), que podría obtener media sanción.
De acuerdo con la reunión de Labor Parlamentaria realizada este miércoles, quedó fuera del orden del día el pedido de interpelación a Karina Milei impulsado por Unión por la Patria. Al no contar con dictamen de comisión, su tratamiento hubiera requerido dos tercios de los presentes, algo que no logró reunir consenso. El tema podría ser retomado en la próxima sesión, prevista para el 18 de septiembre.
La sesión estará presidida por el titular provisional del Senado, Bartolomé Abdala, ya que Victoria Villarruel quedará a cargo del Ejecutivo por el viaje de Javier Milei a Estados Unidos.
El oficialismo llega a esta cita en un clima de máxima tensión: enfrenta el escándalo de los audios atribuidos a Karina Milei, denuncias de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y un creciente malestar social por la baja masiva de pensiones por discapacidad. La oposición, por su parte, activó en Diputados pedidos de interpelación contra Karina Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Salud Mario Lugones, y puso en marcha la comisión investigadora del Caso LIBRA.
La votación sobre la ley de discapacidad tendrá un peso simbólico inédito: hace 22 años que el Congreso no insistía en una norma vetada por el Ejecutivo. El texto, aprobado por unanimidad en el Senado y con amplia mayoría en Diputados, declara la emergencia hasta diciembre de 2027 -extendiendo su vigencia más allá del mandato de Milei- y obliga al Estado a actualizar mensualmente los aranceles de las prestaciones, además de saldar la deuda con prestadores.
La norma también eleva el monto de las más de 200 mil pensiones no contributivas por invalidez al 70% del haber mínimo jubilatorio, permite a sus titulares trabajar hasta dos salarios mínimos y prevé compensaciones económicas. La Oficina de Presupuesto del Congreso calculó que la medida costaría entre 0,22% y 0,42% del PBI, algo que el Gobierno considera incompatible con su meta de déficit cero y por lo que anticipó que judicializará la norma si es promulgada.
La votación anterior en la Cámara Alta reunió 56 adhesiones, superando los dos tercios necesarios. El kirchnerismo, la UCR y los bloques provinciales ya confirmaron su apoyo. La incógnita pasa por el PRO, que definirá su postura en una reunión de bloque en la que podría participar Mauricio Macri de forma virtual.
El otro tema candente es la reforma de la ley 26.122 que regula los DNU. El dictamen consensuado por oposición y aliados establece que los decretos deberán ser aprobados por ambas cámaras en un plazo máximo de 90 días o quedarán derogados, y que el rechazo de una sola cámara bastará para invalidarlos. Además, cada decreto deberá limitarse a un área específica para evitar "mega DNU" como el 70/2023 de Milei, que sigue vigente pese a haber sido rechazado por el Senado.
Si el proyecto logra media sanción, pasará a Diputados para su tratamiento. La senadora Alejandra Vigo (Unidad Federal), autora de la iniciativa, afirmó que busca "restablecer el equilibrio de poderes y evitar que el Ejecutivo legisle sin control".
A la agenda legislativa se suman cinco cuestiones de privilegio contra el Gobierno por la denuncia contra periodistas que difundieron los audios de Karina Milei y los pedidos de allanamiento de medios, lo que anticipa un clima de fuerte confrontación política.
El oficialismo apuesta a que la vía judicial le permita demorar la aplicación de la ley de discapacidad y contener el impacto fiscal, pero el costo político de enfrentarse a una norma votada casi por unanimidad podría ser elevado.
