El plan de Cristina de blanqueo para pagarle al FMI bajo la lupa de tres tributaristas: qué dicen

Los especialistas se mostraron críticos con la iniciativa. Cuáles fueron sus observaciones.

El proyecto de ley de blanqueo de fondos de argentinos no declarados en el exterior presentado por senadores del kirchnerismo acarrea dos defectos de origen, ya que de acuerdo con la Constitución Nacional las iniciativas que crean impuestos corresponde que arranquen por la Cámara de Diputados mientras que también violaría el acuerdo recientemente firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Así lo plantearon abogados y tributaristas consultados por la agencia de noticias Noticias Argentinas (NA), quienes indicaron que el proyecto del "ala dura" del oficialismo es "humo para la tribuna".

"La hoja de ruta comenzó mal. Eso lo van a tener que cambiar", enfatizó César Litvin, del estudio Lisiki, Lítvin, y Asociados al advertir que el proyecto debería tener como cámara iniciadora a la de Diputados, debido a que la Constitución establece que no pueden arrancar por la de Senadores.

Al respecto, Litvin advirtió que el proyecto que acaban de presentar los senadores kirchneristas "es un verdadero blanqueo" aunque se lo presente como la creación de un fondo para pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "Va en contra de lo pactado", explicó. En efecto, el acuerdo que el viernes aprobó el Board del organismo indica que durante la vigencia del programa el gobierno no puede conceder amnistías fiscales.

Litvin no descartó que en caso de que se aprobara el proyecto pueda haber cuestionamientos judiciales en función de que no se respeta el trámite normal de una ley impositiva.

Por otro lado, el asesor tributario consideró que en función del encuentro que mantuvo la vicepresidenta Cristina Fernández con el embajador Marc Stanley, "estarían apuntando a fondos en los Estados Unidos, ya que los datos sobre otros países la AFIP ya los tiene debido a los acuerdos de intercambio en el marco de la OCDE".

En relación al proyecto en sí, señaló que entre los puntos cuestionables del mismo figura que "se afecta al debido proceso de defensa" al no permitir los efectos suspensorios en caso de un reclamo de un contribuyente. Además, Litvin criticó la figura del "delator" que se introduce en la iniciativa.

Por su lado, el abogado especializado en materia impositiva Diego Fraga sostuvo que "la Cámara de Senadores no puede iniciar" una ley como la que propone el kirchnerismo y aclara que ese tipo de normas "deben iniciarse por la Cámara de Diputados".

Según señala el letrado el proyecto le concede al Gobierno "un peligroso poder de fuego sobre presuntos evasores ya que avasalla derechos y va por encima de los demás poderes, muy propio de regímenes autoritarios, aunque con la finalidad noble de combatir la evasión".

El abogado sostiene que "no hay un contexto propicio para un blanqueo. El éxito del blanqueo de la anterior administración radicó, en buena medida, en el entonces inminente intercambio automático de información a nivel global propiciado por la OCDE, a través del sistema CRS (Common Reporting Standard), que fue un incentivo para que quienes tuviesen capitales ocultos regularizasen su situación con un precio relativamente bajo", señaló.

Al respecto, Fraga indicó que "no existen incentivos" para que los contribuyentes ordenen su situación ya que a su criterio "sólo se pretende aterrorizar, mediante la aprobación de poderes exorbitantes y súper sanciones, que se agregarían a las normales que se aplican en cualquier país cuando un fisco detecta bienes no declarado".

Desde el punto de vista legal, Fraga cuestionó que el proyecto de ley "limita el derecho de defensa del contribuyente, al eliminarse el efecto suspensivo de las apelaciones ante el Tribunal Fiscal de la Nación, lo que implica que si la AFIP determinase una deuda irreal, el contribuyente deberá abonar (salvo la multa), pues de lo contrario lo ejecutarían judicialmente".

Por su parte, el tributarista Guillermo Pérez, CEO del Grupo GNP, afirmó que "la Cámara de Senadores no puede iniciar proyectos de ley sobre impuestos". "En principio debería iniciarse en Diputados, de modo que no está claro cuál sería el grado de legitimidad del proyecto en caso de ser aprobado", advirtió.

No obstante, Pérez recordó que la última modificación del Impuesto a los Bienes Personales, que implicó una suba de la alícuota al 2,25% para los que mantienen sus fondos declarados en el exterior también tuvo cuestionamientos y se aprobó igual: el proyecto había nacido en Senadores.

Pérez indicó que desde el punto de vista práctico la AFIP ya cuenta con las herramientas para combatir la evasión de modo que "esto podría afectar a alguien que se pueda asustar". "Como la efectividad es baja, creo que se trata de humo para la tribuna", indicó el asesor tributario.

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