Este miércoles el presidente Javier Milei nombró en comisión a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El Gobierno lo hizo mediante un decreto simple ante la falta de tratamiento en el Senado, donde no consiguió los votos para los pliegos de ninguno de los dos juristas. Ahora se abre un período en el cual los juristas quedan en el medio del impacto político que generó esta decisión de los libertarios.
Según pudo saber El Cronista de altas fuentes gubernamentales, el Gobierno pone todas las fichas a que se posibilite la última instancia para que ambos juristas puedan asumir como jueces supremos: que el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, habilite la jura para que puedan asumir y se complete el proceso.
En el Decreto 137/25 publicado en el Boletín Oficial, el Presidente firmó tres artículos. El primero y el segundo son los nombramientos mismos de Lijo y García-Mansilla. Mientras que el tercero indica que para que estos puedan iniciar sus funciones deben cumplir lo que establece el artículo 112 de la Constitución Nacional.
Este mismo indica que para instalarse en la Corte Suprema, los jueces deben prestar juramento ante el presidente del máximo tribunal, quien en la actualidad es Horacio Rosatti. En el entorno del magistrado afirmaban hasta la semana pasada que los operadores políticos gubernamentales no se habían contactado con ellos sobre ese punto.
"Ahora estamos en la instancia de que la Corte tiene que formalizar el acto de jura de Lijo y García-Mansilla", indicaba una fuente libertaria inobjetable. El juez Ricardo Lorenzetti esperaba organizarles la jura a ambos magistrados antes del sábado. Por lo que ya habría un primer paso al respecto.
Lijo tenía otra batalla que dar: este miércoles se definía si la Cámara Federal le autorizaba su pedido de licencia de los tres juzgados que tiene a cargo en Comodoro Py. Finalmente, el tribunal de alzada autorizó al juez Lijo su licencia cerca del mediodía.
Uno de los escenarios posibles era que sea la misma Corte Suprema la que tenga que convalidar esa solicitud. Incluso, el reglamento de la Justicia Nacional establece que el Máximo Tribunal es quien debe convalidar o no ese tipo de solicitudes. "En última instancia lo debe resolver la Corte", dijo meses atrás al periodista Carlos Pagni el presidente de la CSJN. Tanto Rosatti como Rosenkrantz no serían propensos a dársela por lo que tendría que renunciar a sus cargos.
Qué pasa con las primeras impugnaciones
Ayer por la tarde la Casa Rosada estaba rebosante de jolgorio. En algunos despachos clave para la salida del decreto se quedaron celebrando por lo que ellos consideraban como una victoria. Esta mañana la cuenta atribuida a Santiago Caputo se ufanó: "El decreto debe ser una de las mejores obras de arte de los últimos cien años de derecho constitucional".
Lo cierto es que las judicializaciones no tardaron en llegar. La asociación civil Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) pidió la nulidad y la declaración de inconstitucionalidad del decreto, el cual cayó Juzgado Federal con competencia civil y comercial N°4 de La Plata, a cargo del juez Alberto Recondo.
Tampoco las impugnaciones de parte de distintos sectores políticos. A la cabeza estuvieron los senadores de Unión por la Patria, que avisaron que sin el procedimiento de nombramiento a través del Senado "no habrá juez de la Corte".
El escenario de incertidumbre de la Corte Suprema y qué hacer con la jura de Lijo y García-Mansilla se condice con lo que pasa en la cámara alta. En UP amenazan con la posibilidad de rechazar el pliego en una sesión. Para eso precisan uno más del tercio del cuerpo. Para convocarla, se precisa reunir el quórum para habilitar la sesión.
Lijo, a diferencia de García-Mansilla, había conseguido las firmas para su dictamen. Él cree tener los votos para poder aprobarse. De hecho, era algo que esperaba conseguir el viernes pasado en una sesión que finalmente se canceló: el escándalo de LIBRA terminó por empeorar el humor del peronismo kirchnerista, que se aprestaba a apoyar a Lijo. Con las designaciones por decreto el panorama ahora puede ser distinto.
También hubo rechazos de espacios republicanos, del radicalismo no alineado con el Gobierno y de la Izquierda. Incluso, algunos dirigentes que son aliados también resaltaron críticas. La senadora radical, Carolina Losada, dijo ante en La Mañana de CNN, por CNN Radio, que la designación "da tristeza" y que el Gobierno no recapacitó.
Novedosa fue la declaración del PRO contra el pliego de Lijo. "La mayoría del bloque va a ir en contra", afirmó el senador Alfredo de Angeli, luego de una reunión de referentes amarillos con Mauricio Macri. Las diferencias podrían venir de parte de Luis Juez -senador cada vez más cercano a Milei- y de la tucumana Beatriz Ávila, quien firmó el dictamen en comisión.
El reclamo versa en que el Gobierno los nombró por comisión pero que no avanzará en el Senado para que en el nuevo período de sesiones ordinarias se vuelvan a presentar las candidaturas, reiniciando el período de evaluación y análisis de los pliegos que rige en el Decreto 222/03, que establece el procedimiento de los nombramientos de jueces de la Corte.
Al publicar el decreto con los nombramientos de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz en 2015, Mauricio Macri no incluyó la mención al artículo 112 que sí hizo Milei. En cambio, había puesto que, en el marco de las designaciones, se diera curso al Decreto 222/03 para que fueran votados por el Senado.
Esa es la gran diferencia que estriba entre un caso y el otro. El Gobierno apunta a que el Senado ni siquiera tome el tema. Tanto en el comunicado que publicó ayer la Oficina del Presidente (OPRA) como lo que explicó hoy el vocero presidencial Manuel Adorni, la postura gubernamental es que Milei ya hizo el procedimiento de nombramiento de los jueces, pero que el Senado fue el que decidió ni nombrar ni rechazar los pliegos.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, le respondió a la legisladora Graciela Ocaña sobre esta cuestión y justificó que en el pasado varios presidentes también nombraron por comisión a jueces de la Corte. En todos los casos que citó (Juárez Celman, Pellegrini, Figueroa Alcorta y Alfonsín) fueron antes de la reforma constitucional que incorporó la mayoría de los dos tercios que limitan las facultades presidenciales. En el caso de Macri se logró la votación por vía del Senado al final.
Resultó curioso el apoyo de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN) a la designación de Ariel Lijo. Esta se interpreta como uno de los apoyos clave de la CGT al juez federal. Tampoco hubo comentarios del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la República Argentina (SITRAJU), que tiene a su líder, Vanesa Siley, como parte de la bancada de UP en Diputados. Hasta el momento, las únicas impugnaciones vinieron de parte de las CTA.
