Diputados le dio este miércoles “media sanción” a dos de los proyectos económicos más importantes de la gestión de Javier Milei. La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central se aprobó con 144 votos afirmativos, 102 negativos y 9 abstenciones, mientras que la nueva versión de la ley de Inocencia Fiscal con 139 votos afirmativos, 110 negativos y 2 abstenciones. En Casa Rosada lo celebraron como una doble victoria: legislativa y, sobre todo, cultural.

La reforma retoma la redacción original del artículo 3 de la Carta Orgánica, previa a la reforma de 2012, cuando el kirchnerismo le había sumado al Banco Central objetivos adicionales como el empleo y el desarrollo económico con equidad social. El nuevo texto limita a la entidad a un único objetivo, la preservación del valor de la moneda, y le prohíbe financiar al Tesoro mediante emisión, incluida la compra de títulos públicos. También eleva a dos tercios de ambas cámaras el requisito para remover al presidente del organismo y restringe el reparto de utilidades a las ganancias genuinas, no contables, del Banco Central.

También le quita al directorio la facultad de orientar el crédito hacia sectores específicos o aplicar políticas crediticias diferenciadas, y elimina la participación permanente del ministro de Economía en las reuniones del directorio.

Uno de los cambios más relevantes es la derogación del artículo que desde 2006 permitía usar las reservas para pagarle deuda al Tesoro -con el FMI y otros acreedores- a cambio de Letras Intransferibles, títulos sin mercado y de rendimiento casi nulo. Ese mecanismo llegó a representar la mitad del activo total del Banco Central a fines de 2015 y volvió a treparse a un 35% entre 2020 y 2023; hoy, tras cancelaciones parciales, equivale a apenas el 6%. La reforma cierra esa vía hacia adelante.

En cuanto a las utilidades, solo podrán distribuirse las que sean efectivamente realizadas y líquidas, una vez aprobados y auditados los balances, lo que excluye las ganancias contables no realizadas que hasta ahora también podían repartirse.

El punto que más ruido generó entre economistas fue el artículo 12 del proyecto, que habilita expresamente que activos que integran las reservas internacionales se utilicen como garantía en “operaciones propias de banca central”. La consultora PxQ lo definió como una cláusula “caballo de Troya”: advirtió que, aunque el discurso oficial se concentra en la prohibición de financiar al Tesoro, este artículo podría facilitarle al Banco Central tomar deuda con bancos internacionales respaldada por las reservas, una vía de endeudamiento que hoy no existe de forma explícita en la norma.

El texto no habilita que esas reservas garanticen directamente deuda del Tesoro -esa es la salvedad que remarcó el oficialismo para bajarle el tono a la polémica-, pero tampoco define con precisión qué se entiende por “operaciones propias de banca central”, lo que dejó abierto el margen de discrecionalidad que más cuestionó la oposición.

Los diputados de La Libertad Avanza mostraron los frutos de las reuniones con el presidente Javier Milei, quien no solo los recibió este martes en la antesala de la sesión sino que además había protagonizado encuentros con los legisladores en las que les explicó, con pizarra en mano, el contenido de la reforma. En total, hablaron 11 diputados de La Libertad Avanza para defender el proyecto del BCRA.

Si bien hubo una negociación con los gobernadores del Norte para sumar su pedido de “federalismo” en la elección del directorio -el oficialismo consideraba, según supo El Cronista, sumar un director por región Norte, Centro y Sur para cumplir con ese pedido-, finalmente no hubo cambios en el texto y se aprobó como quedó el dictamen, que solo tomó en consideración cambios técnicos que propuso el radical de Mendoza, Lisandro Nieri, sobre los encajes.

La modificación apunta a que los encajes no tengan que constituirse necesariamente mediante depósitos en el Banco Central, dado que ese requisito podría tener un efecto significativo sobre la expansión del crédito. El oficialismo no necesitó dar más concesiones para conseguir la amplia mayoría, que resultó por colaboración del PRO, la UCR, el MID, parte de Provincias Unidas, Argentina Federal (Misiones y Salta), Independencia (Tucumán), Producción y Trabajo (San Juan) y Por Santa Cruz.

Como consecuencia de no haber incorporado el pedido de federalismo en el directorio, los catamarqueños de Raúl Jalil se abstuvieron.

Desde el oficialismo ya tenían el discurso armado para el triunfo, a la expectativa de la foto en tablero reflejara con mayoría de consensos partidarios a favor de prohibir la emisión monetaria resultará en un éxito discursivo a favor del rumbo del Presidente, quien plantó esa bandera desde la campaña y ahora busca reforzar el relato de cara al 2027.

El próximo paso fue aprobar la modificación de Inocencia Fiscal, que amplía el régimen simplificado de formalización de dólares vigente desde diciembre pasado: elimina los topes de ingresos y patrimonio para acceder al beneficio y reduce en un 25% las multas para personas humanas y pymes, con la mira puesta en unos u$s 170.000 millones que hoy permanecen fuera del sistema financiero.

La única concesión que dio el oficialismo es prohibir la adhesión al régimen de los funcionarios, algo que surgió a pedido de los aliados por el caso del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni: si bien los familiares no están excluidos, cualquier persona que haya sido funcionaria en cualquier poder del Estado en los últimos cinco años no podrá ser beneficiado del “tapón fiscal” -sí podrá presentar la declaración jurada de Ganancias Simplificada-.

El proyecto también corrige un efecto no deseado de la ley original, sancionada en enero: la suba drástica de las multas por incumplimientos formales, que en algunos casos pasaron de valores simbólicos a cifras millonarias (la multa por no presentar la declaración jurada, por ejemplo, había subido de $200 a $220.000 para personas físicas). Ahora se establece una reducción permanente del 25% de esas multas para pymes, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro, y una quita extraordinaria del 50% para infracciones cometidas desde enero que todavía no estén firmes ni pagadas.

El otro cambio central apunta a limitar el margen de maniobra de la ARCA para invalidar una declaración jurada simplificada. El organismo solo podrá rechazarla si una fiscalización detecta un ajuste de impuesto -o una reducción de quebrantos- de al menos 15%, o si la diferencia supera los $5.000.000 fijados como piso en el Régimen Penal Tributario; las diferencias menores al 5% de ese monto quedan directamente excluidas, aunque en términos proporcionales superen el 15%. Además, si el contribuyente corrige el error y paga lo adeudado dentro de los 15 días hábiles posteriores a una liquidación de oficio, se le anula la objeción por completo.

Después de estas dos prioridades legislativas, el oficialismo tratará dos acuerdos internacionales con media sanción del Senado: el tratado de libre comercio entre el Mercosur y Singapur, firmado en Río de Janeiro en diciembre de 2023, y la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), que en su paso por Diputados incorporó una reserva pedida por los laboratorios nacionales en el capítulo II y deberá volver al Senado por esa modificación. Este último forma parte de los compromisos en el acuerdo comercial con Estados Unidos.

Relanzamiento de gobernadores

La sesión tuvo, además, un condimento adicional antes de que arrancara el debate económico: el estreno de un bloque nuevo en la Cámara. Media hora antes de que se abriera la sesión, en el Salón de los Pasos Perdidos, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, presentó formalmente “Argentina Federal”, el espacio que reemplaza a Innovación Federal y que integran cuatro diputados misioneros, tres salteños, un puntano y un formoseño, bajo la presidencia del exgobernador misionero Oscar Herrera Ahuad.

El acto estuvo marcado por una ausencia. Passalacqua encabezó la presentación prácticamente solo: su par salteño, Gustavo Sáenz, evitó exponerse ante las cámaras después del malestar que le generó, días atrás, la visita de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a su provincia, donde legisladores libertarios locales buscaron correrlo del centro de la escena. El vínculo entre el gobierno salteño y los referentes libertarios locales quedó, así, más tenso de lo habitual en la previa de una sesión clave.

El nuevo espacio nace con una lógica declarada de autonomía: acompañar al Gobierno “ley por ley” y a cambio de compromisos concretos para sus provincias, a diferencia del perfil más dócil que supo tener Innovación Federal en las votaciones económicas del oficialismo. Ese reacomodamiento se da, además, en medio de una interna misionera que dejó al gobernador Passalacqua distanciado del líder histórico del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Rovira.

“Nos suma más que nos resta”, considerada un líder del oficialismo en el bloque de Diputados, en referencia a cómo podía impactar el relanzamiento del bloque de Misiones y Salta. La idea de los gobernadores del Norte, según pudo saber El Cronista, es ampliar el bloque a 12 diputados, para conseguir un número fuerte en el tablero, y conformar un interbloque con Tucumán y Catamarca, donde Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil también van en la misma sintonía.

Otros temas de la sesión

Detrás de las iniciativas económicas y los compromisos internacionales, el temario sumó otros para asegurarse el respaldo de los bloques provinciales. Entre ellos, la reducción del IVA del 21% al 10,5% para la harina y la fécula de mandioca, un pedido del diputado misionero Oscar Herrera Ahuad que funcionó como gesto hacia los legisladores de su provincia.

En el mismo paquete de guiños territoriales entraron una serie de declaraciones de capitales simbólicas: San José de los Cerrillos, en Salta, como Capital Nacional del Cerdo Negro; Caá Catí, en Corrientes, como Capital Nacional de la Producción Bubalina, y San Miguel de Tucumán como capital simbólica de la República cada 9 de julio, además de otras iniciativas similares para la Ciudad de Buenos Aires, Chivilcoy y San Juan.

El temario contempló, además, la creación de segundas salas en las cámaras federales de apelaciones de Tucumán y Mar del Plata, un guiño directo al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo y al senador radical marplatense Maximiliano Abad. Y sobre el final de la lista, el oficialismo aceptó incorporar la llamada “ley Joaquín”, impulsada por la diputada kirchnerista Luciana Potenza con acompañamiento de todo el arco político.

La iniciativa surgió tras la muerte del niño Joaquín Stefano Gatto, aplastado por un arco de fútbol sin amarrar en Junín de los Andes, y establece condiciones de seguridad obligatorias para el equipamiento deportivo y recreativo, junto con un programa nacional de concientización y prevención. En el mismo bloque se sumó una iniciativa del PRO sobre seguridad en ese tipo de instalaciones.