El nuevo plan de Macri para atraer la lluvia de inversiones

El Gobierno trabaja en los detalles de un proyecto de ley de promoción de inversiones, que presentará en 10 días en el Congreso. Los ejes son la estabilidad jurídica y fiscal, así como beneficios impositivos.

En diciembre de 2015 el gobierno de Mauricio Macri fantaseaba con un aluvión de inversiones extranjeras que llegarían al país para aprovechar las oportunidades ante una administración market friendly. La historia es conocida, sólo hubo recursos volcados a Vaca Muerta y energías renovables, y poco más.

En las postrimerías de su mandato -habrá que ver si reelige- el Presidente apuesta fuerte, esta vez con un plan con incentivos concretos, a impulsar la radicación de inversiones locales y extranjeras, tomando la experiencia internacional en la materia.

En los próximos diez días el Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley de promoción de inversiones, en base a dos pilares, con los que busca contrarrestar las principales dudas de los empresarios a la hora de invertir.

En primer término, estabilidad fiscal y jurídica de las condiciones iniciales de inversión, esto es, respetar normativas y contratos, evitando el lugar común de "violadores seriales de reglas de juego".

El otro componente del proyecto tiene que ver con la dimensión de los retornos previstos por los inversores, para lo que se establecen beneficios fiscales que, en la visión oficial, servirán como imán para atraer recursos a la economía local.

"En Argentina la inversión está estancada en los últimos diez años", aseguró Juan Pablo Trípodi, titular de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), y explicó que mientras en los países de Sudamérica el promedio ronda el 24/25% del PBI, "en Argentina en 2017 la inversión fue 21/22% del producto pero ahora llega a 17/18%".

Para revertir esta situación el proyecto determina la firma de un contrato de estabilidad fiscal y jurídica, para lo que "se cobrará entre 1% y 1,5% del monto del proyecto, con lo que se sustenta la certificación de la estabilidad", señaló Trípodi.

Tras evaluar la viabilidad del proyecto, se definirá la carga tributaria de impuestos nacionales, y se buscará también la adhesión de las provincias. A su vez, se fijará la estabilidad de normas por una cantidad de años, según la actividad.

En cuanto a beneficios fiscales habrá amortización acelerada de la inversión de bienes de uso a un quinto del plazo, la extensión ilimitada de quebrantos fiscales, y un bono fiscal sobre la inversión, de 25% a 5% según el año en que se utilice, para compensar el no ajuste de inflación en balances.

"La inversión debería incrementarse en unos u$s 35.000 millones en los primeros tres años de aplicación de la ley y mejorar la tasas de retorno de los proyectos entre 3% y 5,5%, según la industria", destacó Trípodi.

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