La Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, que se reunió solo dos veces el año pasado –y una de ellas, para definir su conformación- comenzará esta semana un período de mayor intensidad para poder tratar en los tiempos en los que pretende el Gobierno el proyecto para disolver la actual Secretaría de Inteligencia (SI, ex SIDE) y pasar la mayor parte de sus actividades a una nueva Agencia Federal de Inteligencia (FIA).
La diputada kirchnerista Teresa García, titular de la Comisión, convocó a una reunión plenaria para este jueves a las 10:30. Es que la comisión debe emitir opinión con relación a todo proyecto legislativo vinculado a las actividades de inteligencia.
Al margen del encuentro del jueves, el Senado comenzará mañana mismo a analizar la propuesta girada por el Ejecutivo en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, ambas presididas por el Frente Para la Victoria.
Para la reunión de mañana fueron convocados a la Cámara alta Carlos Zanini, secretario Legal y Técnico de la Presidencia, y Oscar Parrilli y Juan Martín Mena, secretario y subsecretario de Inteligencia respectivamente.
El senador kirchnerista Marcelo Fuentes, vicepresidente de la Bicameral y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, aseguró en diálogo con Nacional Rock que “está prevista la posibilidad de realizar cambios en el articulado de la ley en base a propuestas de la oposición”.
En su reaparición pública tras la muerte del fiscal Alberto Nisman, la presidenta Cristina Kirchner anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para, en sus palabras, "reformar el sistema de inteligencia argentino y transparentar la ex SIDE".
Esa iniciativa, reclamada por algunos opositores y esperada por gran parte del arco oficialista tras los acontecimientos de los últimos días, comenzará a ser tratada por la comisión Bicameral y establece, con un plazo máximo de 90 días tras su aprobación, la creación de la AFI con una conducción que requerirá acuerdo del Senado y controles políticos que hoy no tiene el actual organismo de inteligencia.
El ámbito de acción de la nueva AFI quedará circunscripto a delitos vinculados con el terrorismo, el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas, ciberdelitos, o delitos contra el orden económico y financiero. Mientras que las actividades de inteligencia interna sólo estarán permitidas para delitos federales complejos o atentados al orden constitucional. Y cualquier contacto entre la nueva agencia y funcionarios o empleados públicos deberá pasar por el director o el subdirector. El sistema de escuchas telefónicas pasará a manos de la Procuración General de la Nación, actualmente a cargo de Alejandra Gils Carbó.
