El gobierno de Javier Milei profundizó en las últimas semanas su política de control sobre el sistema de salud, con un giro que apunta a reforzar el poder sancionatorio del Estado frente a obras sociales y prepagas. A través de una serie de reformas impulsadas desde la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), se reestructuró el régimen de multas, se eliminaron mecanismos que permitían frenar sumarios con pagos mínimos y se establecieron nuevos plazos obligatorios para responder a los reclamos de los usuarios.
El resultado es una política de fiscalización mucho más dura que ya comenzó a reflejarse en los números. En lo que va de 2025, el Estado recaudó $480 millones en multas impuestas a obras sociales, una cifra siete veces superior a la que se contabilizó en todo 2024, cuando el total apenas superó los $63 millones. En el caso de las prepagas, el salto también fue significativo: de $6,4 millones en 2024 a $37,5 millones este año.
El cambio comenzó en mayo del año pasado, cuando la Superintendencia derogó un mecanismo vigente durante la gestión anterior que permitía a las entidades investigadas interrumpir un sumario administrativo mediante el pago voluntario de $35.000. Esa herramienta, según reconocen incluso dentro del organismo, funcionaba en la práctica como un atajo para evitar sanciones sin necesidad de resolver el conflicto con el afiliado. La prueba es que en 2023 no se registró multa alguna.
Al mismo tiempo, se actualizó el valor del módulo sancionatorio -ahora atado al haber mínimo jubilatorio, que en junio de 2025 es de $ 304.723,94 - y se amplió la cantidad máxima de módulos por infracción, que pasó de 5 a 100. Esto significa que una multa puede superar hoy los 30 millones de pesos. El nuevo esquema también incluye un criterio de gradualidad, en el que se pondera la gravedad de la falta y la reincidencia.
"El sistema anterior favorecía la impunidad y hacía muy difícil avanzar en sanciones efectivas. Hoy, a las obras sociales y prepagas les conviene más cumplir que especular con no responder", explicaron fuentes del Ministerio de Salud. El endurecimiento de la política sancionatoria fue acompañado, además, por una nueva resolución aprobada este mes que modifica el procedimiento para la gestión de denuncias y reclamos.
A partir de ahora, las entidades deberán responder los requerimientos del organismo en un plazo máximo de cinco días corridos. Y contarán con un tope de 30 días hábiles para resolver los reclamos desde el momento en que son notificados. Antes, esos procesos podían demorar más de un año e incluso dos, sin consecuencias inmediatas.
En el Gobierno aseguran que se trata de una "transformación estructural" con un objetivo político claro: fortalecer la autoridad regulatoria del Estado sin aumentar la burocracia, dar respuesta más rápida a los usuarios y reducir el volumen de judicialización, que es uno de los principales cuellos de botella del sistema.
"Durante años se miró para otro lado mientras algunos Agentes de Salud manejaban el sistema a discreción. Esta es una etapa de recuperación del control, de orden y de reglas claras", sintetizaron desde el entorno de Milei. La consigna oficial es avanzar hacia un sistema de salud más transparente, en el que exista competencia real y los beneficiarios puedan elegir con información.
En ese sentido, el nuevo reglamento también prevé la publicación de las sanciones aplicadas y la elaboración de un ranking institucional, para que los usuarios conozcan el desempeño de cada entidad. Desde el Ministerio de Salud sostienen que eso aportará una herramienta adicional para fomentar buenas prácticas y permitir elecciones fundadas en datos concretos.
El Gobierno encuadra estas medidas en su objetivo más amplio de liberalizar el sistema de salud, en paralelo al plan de desregulación económica y apertura de mercados. Mientras tanto, las multas siguen creciendo. Con los nuevos criterios en vigor y plazos más exigentes, en la Superintendencia esperan un volumen aún mayor de sanciones para el segundo semestre del año.
En simultáneo, prosigue el proceso de auditorías sobre los agentes de salud. En lo que va de la gestión libertaria, ya se intervinieron ocho obras sociales y doce quedaron en situación de crisis, a partir de múltiples irregularidades que deberán subsanar a través de un plan de contingencia. Algunas de esas entidades ya están en vías de presentarlo.
Las últimas dos semanas, incluso, dos fueron obras sociales fueron cerradas por faltar a esta condición. Se trata de la Obra Social del Personal Aduanero de la República Argentina (OSPAd), que no registraba afiliados ni actividad desde 2017, y Obra Social de la Industria del Personal Botonero, cuya resolución describe una situación institucional y prestacional crítica que derivó en una baja voluntaria del registro de agentes de salud.
De acuerdo a fuentes de Salud, lo poco menos de 50 afiliados podrán elegir con qué otra entidad continuar su cobertura ya que la Superintendencia de Servicios de Salud garantizará una cobertura de similares características.
