Gobierno y Ciudad no llegaron a un acuerdo y ahora la Corte deberá resolver una millonaria disputa

La Casa Rosada y la administración porteña siguen enfrentadas por los fondos nacionales necesarios para financiar el traspaso de la seguridad. Los supremos deben fallar en una cuestión teñida por los choques entre poderes y con las provincias muy comprometidas en el desenlace.

El Gobierno nacional y la ciudad de Buenos Aires no lograron ponerse de acuerdo para zanjar la disputa por un presupuesto millonario correspondiente a cubrir la transferencia de las competencias de seguridad metropolitana a la órbita de la administración porteña, y dejaron en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la resolución de un litigio que podría tener amplias repercusiones. 

La última reunión celebrada este miércoles en las oficinas del ministerio del Interior, en la planta baja de la Casa Rosada, no llegaron a buen puerto ante la negativa de la Ciudad de aceptar una propuesta que consideraron insatisfactoria, y la renuencia de los negociadores nacionales a ceder más fondos que, en paralelo, son reclamados por las provincias. 

La reunión ocurrió en la misma jornada en que vence la extensión del plazo otorgado por el máximo tribunal, tras abrir una instancia de conciliación a principios de marzo. Sin acuerdo, ahora los supremos deberán fallar en una causa que busca establecer la inconstitucionalidad de la ley dictada por el Congreso en diciembre de 2020 para establecer otro mecanismo distinto a la coparticipación federal de impuestos para solventar el traspaso de la policía a la capital federal, ocurrido en 2016.

Fuentes al tanto de la negociación indicaron a El Cronista que los porteños valoraron ciertos "avances", pero no se llegó a un acuerdo final por la negativa de la Casa Rosada a elevar la alícuota de coparticipación, fijada en septiembre de 2020 en 1,4%, lo que implicó una reducción de más de dos puntos porcentuales respecto del 3,5% que regía desde 2016, cuando el expresidente Mauricio Macri elevó el reparto a fin de financiar por esta vía el traspaso de competencias.

"Se habían logrado avances en algunos puntos que se plantearon como un nuevo mecanismo para la transferencia de los recursos y la actualización que debía tener, no hubo acuerdo por el monto que la ciudad debe recibir por la transferencia de la seguridad", indicaron funcionarios porteños. "Desde la Ciudad no vamos a resignar recursos de algo tan importante como la seguridad", subrayaron sobre el epílogo de la negociación.

Los supremos Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti deben dirimir ahora el conflicto entre jurisdicciones.

El Gobierno, contra la "ilegalidad" actuada

Poco después de fracasada la negociación, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, se expresó en redes sociales y lamentó que las autoridades de la Ciudad "crean estar por encima de la ley y pretendan mantener privilegios" que van contra la ley dictada por el Congreso y "un minucioso informe técnico". Se refirió al dictamen de la Comisión Federal de Impuestos (CFI), un organismo técnico conformado por las 23 provincias, la ciudad de Buenos Aires y el Gobierno nacional, que determinó con 21 votos a favor, dos abstenciones y dos votos en contra (el porteño y el de Mendoza) que la financiación por Coparticipación fue inconsistente, y recomendó por tanto desestimar el reclamo porteño.

De Pedro aseguró además que la rebaja de Coparticipación dispuesta en 2020 fue en pos del federalismo. "No podíamos mantener una decisión del gobierno de Macri que lastimaba los intereses de todas las provincias, además del empleo en todo el país, mientras vemos cómo se sigue concentrando la riqueza argentina alrededor del puerto de Buenos Aires", expresó en su cuenta de Twitter.

A sabiendas de que la última convocatoria al diálogo fracasaría, y que el tema volvería para su definición a la Corte Suprema, diecisiete gobernadores se metieron de lleno en la disputa entre jurisdicciones, temiendo que el máximo tribunal de justicia resuelva la millonaria disputa con un precedente perjudicial para los distritos del Interior y en favor del distrito más rico de la Argentina.

Gobernadores contra la Corte y Horacio Rodríguez Larreta: reclaman intervenir en la disputa por Coparticipación

Los mandatarios afines a la Casa Rosada emitieron una carta en la que manifiestan su "profunda preocupación" por lo que interpretan como "una injerencia indebida de la Corte Suprema" frente a la medida cautelar interpuesta por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta con el objeto de lograr la restitución de recursos que, para ellos, no corresponden, y pidieron ser tenidos en cuenta como "amigos del tribunal" para tomar conocimiento de los expedientes y poder presentar sus consideraciones antes de que vea la luz el fallo cortesano.

"Las provincias argentinas observamos con suma preocupación el inminente fallo del máximo tribunal en virtud del vencimiento del plazo establecido para la conciliación entre las partes", expresaron por escrito, en un escrito con tramos agresivos y que da cuenta, además, de la confrontación que existe entre el Gobierno y sus aliados con la presidencia del máximo tribunal, a cargo de Horacio Rosatti. Al respecto, otro miembro del tribunal, Ricardo Lorenzetti, fue crítico esta mañana con el Gobierno nacional, al referirse a la gestión del ministro de Justicia, Martín Soria. Para Lorenzetti, "no hay ninguna propuesta concreta de gestión" desde la cartera a cargo del rionegrino. 

"No existe razón alguna para pretender modificar la transferencia de recursos alterando el plexo normativo constitucional precisamente de parte de aquellos que deberían ser sus celosos custodios", insistieron los gobernadores, que calculan haber perdido de 2016 a la fecha cerca de $ 500.000 millones por las abultadas transferencias dispuestas durante el macrismo.

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