Finalizada las sesiones extraordinarias, el presidente Javier Milei se apresta esta semana a preparar tres cuestiones clave: los decretos para designar en comisión a Ariel Lijo y a Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema, su discurso ante la Asamblea Legislativa y los avances en la desregulación. Y es que en el gobierno nacional afirman que esta semana ya se están gestando los primeros pasos para la fusión y reducción de organismos estatales.

A comienzos de febrero, el Presidente dijo en un reportaje a LN+ que estaba en confección un decreto simbólicamente similar al DNU 70/23 (el que con 366 artículos desreguló varios aspectos de la economía). "La motosierra sigue. Ahora vamos a cerrar 50 organismos del Estado. El 60% buscamos cerrarlo", indicó en ese entonces Milei.

Al margen de las disoluciones, las otras dos variantes que maneja el Gobierno son las transformaciones o fusiones. Un ejemplo es lo que sucedió con la creación de la actual Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), que es resultante de la fusión de la ex Administración General de Puertos (AGP) y la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables; además del cierre del Ente de Control y Gestión de la Vía Navegable Troncal (ECOVINA).

Hace varias semanas que los funcionarios libertarios habían afirmado que el decreto iba a ser publicado en un plazo inminente. Hasta el momento eso no se ha cumplido: primero se afirmaba que iba a ser cuando salga el Decreto 70/25, pero aquello fue solo la eliminación de la Secretaría de Hábitat que depende del Ministerio de Economía.

Ultimaciones en el nuevo decreto desregulador de Milei

Esa fue la etapa inaugural de la denominada "Motosierra 2.0", que configura una serie de medidas que buscan profundizar la desregulación de las distintas áreas del Estado para discontinuar aquellas que no cumplen con los objetivos que se planteó el Gobierno. Ese procesoes liderado y coordinado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger.

Cuando Milei reveló la medida (el 4 de febrero) había dicho que iba a estar, a más tardar, unos días después. Consultado dos semanas atrás por El Cronista en su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que podría ser publicado antes de fin de mes y que la desregulación no solo iba a abarcar organismos sino dependencias de otro estilo.

Este medio pudo saber que el tan ansiado "decreto desregulador de organismos" no sería uno solo, sino que estaría dividido en función de los ministerios a los que afectará. "Uno por ministerio", explicó sintéticamente una fuente libertaria.

Aunque se evaluaba comenzar en los próximos días con algunas de las medidas, el tiempo político de su publicación depende de la decisión de la Casa Rosada y de que la letra chica ya esté terminada de revisar por Sturzenegger junto a los ministerios abarcados y las secretarías presidenciales de Legal y Técnica (a cargo de Javier Herrera Bravo) y de Planeamiento Estratégico Normativo (de María Ibarzabal).

Las áreas más propensas a tener cambios

Según consta en la web del Mapa del Estado, actualmente hay 71 descentralizados y 40 organismos desconcentrados. Los primeros tienen personalidad jurídica y patrimonio propios, y los segundos carecen de ambos. El grueso de las reformas en el área de organismos debería ser en los descentralizados.

De estos, hay 23 bajo la órbita de Presidencia y 12 en la Jefatura de Gabinete. También incide en los ministerios de Capital Humano (10), Defensa (8), Economía (32), Justicia (6), Salud (13) y Seguridad (7).

Se espera que haya amplias medidas en la Secretaría de Cultura, a cargo de Leonardo Cifelli, quien reporta directamente a la Presidencia de la Nación. El área tiene 17 organismos: dos comisiones (de Bibliotecas Populares y la de Monumentos), nueve institutos (como el Belgraniano, el Newberiano, Yrigoyeneano, Browniano, entre otros; que sería prácticamente un hecho que entrarán en el proceso de reestructuración para ser fusionados o transformados), establecimientos culturales (como el Museo de Bellas Artes y el Palacio Liberad) y otros específicos.

También surgen rumores en relación a varias instituciones bajo la órbita de Economía y de Salud, los dos ministerios que más organismos engloban. En la Casa Rosada se frotan las manos con la posibilidad de transformar varios de los organismos que dependen de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. "Aún no está definida la letra chica. Pero está todo en estudio", responden en el Palacio de Hacienda, a cargo de Luis Caputo.

En tanto, en el ministerio que dirige Mario Lugones tiene a su cargo hospitales que dependen solo de Nación (como el Sommer, el Bonaparte, el Posadas y el Carrillo), así como de instituciones con responsabilidades neurálgicas como la ANMAT, la ANDIS, la ANLIS, el INCUCAI y la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), entre otros.

Ayer, el ministro sanitario debió salir a aclarar que el Instituto Nacional del Cáncer -un organismo descentralizado- no había desmantelado las compras de opioides y aclaró que los hospitales públicos ni los ministros provinciales acusaron faltantes. En su descargo en X, alegó de que se trata de parte de las políticas de "revisión rigurosa". "Estamos reordenando el sistema de salud y eso implica relevar cada uno de los organismos del Ministerio", agregó.

La desregulación de manera dosificada iría en línea con la estrategia de comunicación que impuso el asesor presidencial Santiago Caputo, en la que resulta preferente una sobreabundancia de medidas para ganar la agenda discursiva la mayor cantidad de tiempo. Por esta semana el Gobierno tiene en agenda la publicación de los decretos con los nombramientos de Lijo y García-Mansilla, instrumento que solo se puede hacer cuando no hay ni extraordinarias ni ordinarias (las cuales se retomarán el 1 de marzo).

La reducción de organismos traerá como consecuencia el desplazamiento de cientos o miles de trabajadores estatales, los cuales podrán ser reubicados o pasados a disponibilidad, tal y como rige a partir de la reglamentación del "Régimen de Personal en Situación de Disponibilidad" aplicable a los empleados estatales afectados por las medidas de reestructuración o reducción de áreas.