El Gobierno se involucra con otra empresa y ahora busca un salvataje para IMPSA

El Estado Nacional participa en la firma a través de los bancos Nación y BICE. Desde el ministerio de Desarrollo buscan un instrumento que le permita acceder a capital y trabajo. Debe u$s 550 millones

Luego de involucrarse -con distintos motivos y argumentos- en empresas como Vicentin y Edesur, ahora el Gobierno busca resolver la compleja situación de IMPSA, empresa dedicada a los sectores hidroeléctrico y nuclear, y con gran presencia en obras relacionadas directamente con el Estado Nacional, como Yacyretá e YPF.

La compañía, que según las fuentes consultadas se encuentra en "situación límite", hace algunas semanas tuvo un primer acercamiento con el Gobierno –con el equipo del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas- para encontrar una solución a la grave crisis. Y a partir de allí se trabaja para ver de qué modo se puede lograr ese salvataje estatal.

Los inconvenientes de la firma mendocina comenzaron hace ya algunos años, pero la pandemia mundial del coronavirus fue el golpe que la dejó absolutamente groggy.

Según las fuentes consultadas por El Cronista, lo que la firma precisa es básicamente el apoyo oficial para acceder a capital de trabajo, algo que actualmente complica la normal actividad de la empresa.

"No se sabe aún si será a través de un préstamo, un subsidio o qué figura se encontrará. Pero sí se sabe que si no se hace de forma rápida el problema se agravará todavía más", afirmó la fuente.

El rojo de IMPSA hoy es de nada menos que de u$s 550 millones pero, aunque los informantes no precisaron cuál sería el monto de la ayuda estatal que se solicita, indicaron que "sería inferior a esa cifra porque no se busca saldar ese rojo sino encontrarle la vuelta para que la empresa pueda desarrollar sus tareas con normalidad".

Es que a raíz de la pandemia, este año se vieron seriamente afectados tanto los proyectos locales como los que Impsa podría acceder en otras partes del mundo.

Ese fuerte nivel de endeudamiento, incluso, es el que le impide hoy lograr una garantía que les permita participar de un proyecto en Malasia por más de u$s 100 millones, que sin dudas le daría aire a la empresa.

Por ejemplo, la empresa debe trabajar en un reactor para YPF, pero busca sin suerte materias primas en Francia, China e India, mercados hoy cerrados.

Su situación, incluso, podría generar problemas a la provincia de Mendoza. IMPSA virtualmente se transformó (como parte de una UTE, la única en presentarse) en la ganadora de una licitación para levantar una central hidroeléctrica en esa provincia, una obra de más de u$s 1000 millones.

La búsqueda de ayuda por parte de Impsa en dirección al Gobierno tiene dos ejes. Por un lado, porque como consecuencia del alto nivel de endeudamiento que muestra hoy es imposible que un banco lo considere apto para tomar un préstamo.

Incluso, en el Gobierno aprovechan para diferenciarse de lo que ocurrió con Vicentin, que pese a su delicado estado, en ese entonces el Banco Nación le continuaba habilitando dinero. "Sería la opción más fácil a corto plazo; pero sin dudas no la vaya a solucionar realmente el problema", dijeron las fuentes.

El otro eje por el que se acudió a Desarrollo Productivo es porque el Estado es uno de los dueños de IMPSA, justamente a través del Banco Nación, y el banco BICE.

Ambas entidades son parte de la empresa mediante uno de los fideicomisos que se conformó como parte del acuerdo con acreedores acordado tras la fuerte crisis que la empresa debió afrontar al salir al rescate de hoy desaparecida WPE, del mismo conglomerado y con operaciones en Brasil. IMPSA –que por ese entonces estaba en manos de la familia Pescarmona- debió salir a su rescate con u$s 850 millones, golpe del que nunca se repuso.

La idea es ahora resolver la incorporación de capital de trabajo, para luego reestructurar la deuda.

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