En esta noticia
El Gobierno reglamentó este lunes la reforma del Régimen de Zona Fría. Lo hizo con el Decreto 1266/2026, que firmaron Javier Milei, Diego Santilli y Luis Caputo. La norma aprueba la reglamentación del Capítulo I de la Ley 27.828, promulgada el 13 de octubre.
Hasta ahora, el régimen funcionaba con el alcance que le había dado la ampliación de 2021: el descuento en la factura de gas llegaba a una porción mucho mayor del país que la zona patagónica original. La Ley 27.828 eliminó esas ampliaciones y derogó los artículos 2°, 4°, 5°, 6°, 7° y 8° de la Ley 27.637, que sostenían ese esquema.
Con el nuevo diseño, el beneficio automático queda reservado para la Patagonia, el departamento mendocino de Malargüe y la Puna. Fuera de esas zonas, solo podrán acceder a una bonificación adicional los hogares inscriptos en los Subsidios Energéticos Focalizados que cumplan los criterios de la ley, como ingresos de hasta tres Canastas Básicas Totales del INDEC para un hogar tipo 2.
El decreto no fija porcentajes de descuento ni montos. Esa tarea queda en manos de la Secretaría de Energía, que el texto designa como Autoridad de Aplicación. Será la encargada de determinar las compensaciones y bonificaciones, intervenir en la validación final de lo que cobran las empresas y dictar las normas complementarias que haga falta.
Ahí está el punto clave. Lo que Energía defina sobre el volumen de gas a precio subsidiado en cada región determinará el alcance real del beneficio y el costo que deberá sostener el fondo. Ese costo, a su vez, podría repercutir en el recargo que pagan los demás usuarios, un porcentaje que el Gobierno prometió reducir.
El paso pendiente ya estaba anticipado. Energía debe definir los bloques de consumo base que se bonificarán en cada región y subzona, y el ENReGE tendrá que trasladar esos criterios a los cuadros tarifarios de las distribuidoras. El impacto en las facturas llegaría recién en noviembre, según las estimaciones.
El financiamiento se mantiene. El fondo fiduciario se nutre con un recargo de hasta 7,5% sobre el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte, que se aplica a todo el gas consumido por redes o ductos en el país. Quedan afuera el que se exporta y el GNL importado y regasificado.
La principal novedad está en quiénes cobran el recargo. El decreto incorpora a los importadores como agentes de percepción, junto a los productores, con la excepción de quienes importen GNL regasificado. Ambos deberán percibirlo al emitir la factura y declararlo ante ARCA dentro de los primeros cinco días de cada mes.
El beneficio automático queda reservado para la Patagonia, el departamento mendocino de Malargüe y la Puna. Fuera de esas zonas, solo podrán acceder a una bonificación adicional los hogares inscriptos en los Subsidios Energéticos Focalizados.
También cambia el circuito de pagos. Antes, las distribuidoras intervenían en la administración de los fondos; ahora las compensaciones irán directo a las empresas proveedoras. Las distribuidoras seguirán aplicando la bonificación en la factura y presentarán declaraciones juradas ante el ENReGE, pero no manejarán el dinero del subsidio.
El procedimiento tiene varias etapas. El ENReGE controlará la información y elaborará un informe para Energía; con esa base, la Secretaría pedirá el desembolso al Ministerio de Economía, que actúa como fiduciante, y el Banco Nación efectuará el pago. El decreto aprueba además un nuevo contrato de fideicomiso con la entidad.
Ese contrato no crea un fondo nuevo. El decreto aclara que se mantiene la continuidad jurídica y patrimonial del existente y que el Banco Nación sigue como fiduciario. Invita además a las empresas proveedoras a adherir antes de comercializar gas bajo el régimen y a las provincias a sumarse, según lo previsto en el Anexo I.
Cómo impacta el nuevo régimen
El impacto en los hogares es lo que más se discute. Las estimaciones previas a la reforma indican que en Salliqueló una familia con 400 m³ mensuales que pierda el beneficio pasaría de pagar $ 53.257 a $ 163.370, un 207% más. En Río Gallegos, un hogar con 625 m³ pagaría $ 147.673 en lugar de $ 114.892.
De los aproximadamente 3,26 millones de usuarios con alguna bonificación, una parte importante perdería el subsidio total o parcialmente.
Cuando defendió la reforma en el Senado, la secretaria de Energía, María Tettamanti, prometió reducir el recargo si la ley se sancionaba. Ahora, el alcance de esa promesa depende de lo que decida su área.
