El Gobierno puso en marcha el registro de subsidios e incentivos para empresas

La norma, publicada hoy en el Boletín oficial, abarca a “toda persona física o jurídica que solicite, perciba, o se encuentre tramitando alguno de los beneficios previstos en las diferentes políticas productivas”.

El Ministerio de Economía y Finanzas instrumentó hoy el Registro de Subsidios e Incentivos que el Estado nacional otorga a empresas, con el objetivo de “optimizar las políticas productivas” y aumentar “los grados de eficacia en la utilización de los recursos públicos”. 

La medida se dispuso a través de la resolución 1/2014 de la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo, publicada en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Emmanuel Alvarez Agis. 

El registro fue establecido mediante el decreto 2.172, en noviembre de 2012, y ahora se creó el Padrón de Beneficiarios de Subsidios e Incentivos, conformado por el universo de políticas productivas en vigencia.

La norma abarca a “toda persona física o jurídica que solicite, perciba, o se encuentre tramitando alguno de los beneficios previstos en las diferentes políticas productivas”.

El registro incluirá los incentivos concedidos por el sector público nacional para “estimular de manera directa e indirecta las capacidades de producción de los actores económicos”.

Esto es, subsidios al consumo de servicios públicos del sector productivo; aportes no reembolsables; líneas de crédito preferenciales; beneficios tributarios; asistencia técnica y/o capacitación; programas de bonificación de tasa; certificados de calidad u origen, etc.

Las respectivas constancia del registro de datos serán emitidas por el sistema informático desarrollado por la Administración Federal de Ingresos Públicos(AFIP).

La resolución crea además la Comisión de Responsables Institucionales del Registro, encargados de actualizar la información, y la Red de Responsables Operativos, que administrarán el mecanismo.

El objetivo de la norma, según se señala en los considerandos, es “lograr una acción coherente y eficiente del conjunto de medidas de política pública, que redunden en mejoras genuinas de la competitividad de la economía y en una mayor inclusión social”.

En tal sentido, la resolución se propone evaluar la “consistencia” de esos incentivos, en términos de metas y objetivos, grado de cumplimiento, impactos económicos, sociales y distributivos y magnitud de los recursos que el Estado destina periódicamente a estos fines.

Fuentes: Agencias Buenos Aires

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