El Gobierno prepara el plan para privatizar Nucleoeléctrica, una empresa estatal estratégica del sector nuclear en Argentina. Pese a ciertas reticencias internas, se definió acelerar con el proceso de venta de una parte del paquete accionario de la firma energética para lo cual se están ultimando los detalles del decreto que dará curso al procedimiento. De momento, ya hay un plazo en vista para su publicación.

La información comenzó a circular durante el fin de semana a partir de un artículo publicado en Econojournal donde se daba cuenta de un borrador de decreto para la privatización de Nucleoeléctrica. El documento se preparaba en secreto para ser presentado en sociedad una vez que estuviera listo pero la filtración de la información determinó que se adelantaran los tiempos.

En consecuencia, y pese a que el Presidente se encuentra de viaje en Paraguay, se resolvió que el vocero presidencial, Manuel Adorni, incluyera el anuncio en su conferencia de la mañana. Si bien todavía no se terminaron de cerrar los detalles del documento, ya se estipula un horizonte de un mes -siempre y cuando no surjan imponderables- para hacer efectivo el arranque del proceso de privatización de una de las firmas claves del Estado.

Nucleoeléctrica Argentina S.A. o NA-SA por sus siglas abreviadas es una empresa estatal que opera las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. Según confirmó Adorni, el esquema que se trabaja es la venta del 49% del capital de la compañía, aunque aún no se definió cuáles serían las acciones que se pondrán en la oferta ya que su propiedad se distribuye entre varios organismos públicos, como la CNEA (20%) y la Secretaría de Energía (79%) y ENARSA (1%).

La idea, tal cual había trascendido, es que un 44% del paquete accionario pase a manos privadas -mediante una oferta nacional e internacional- y un 5% permanezca en manos de los trabajadores siguiendo el esquema del Programa de Propiedad Participada que reserva una cuota de las firmas estatales a los gremios, tal como sucede con AySA para citar un ejemplo. Ese detalle sobre la mecánica, no obstante, aún se está trabajando.

El dato más llamativo es la resistencia de su presidente, Demian Reidel, a avanzar con el proceso de privatización de Nucleoeléctrica, según confiaron fuentes al tanto del proceso a El Cronista. Los motivos guardarían relación con los planes que barajaba para la empresa como parte del Plan Nuclear Argentino que promueve uno de los economistas que supo ser de los más cercanos al Presidente, cuando presidía el Consejo de Asesores del mandatario.

En diciembre de 2024, Reidel asumió al frente de NA-SA. El corazón del esquema que el economista busca desarrollar se basa en la fabricación de un modelo de reactor patentado por el INVAP en Estados Unidos, el ACR-300.Como él mismo aclaró, implica "la construcción de cuatro módulos en el sitio de Atucha, que permitirán casi duplicar la capacidad nuclear instalada del país".

Según sus especificaciones técnicas, cada módulo ACR-300 tiene una potencia instalada de 300 megavatios, por lo que podrían sumar un total de 1200 megavatios en su conjunto. No obstante, el ingreso del capital privado a NA-SA -si bien no alteraría la presidencia en manos de Reidel per se porque el Estado mantendría la mayoría- sí podría condicionar esa decisión, alegan fuentes del sector. En NA-SA, no obstante, remarcan que el proyecto en sí no se ubica dentro de los planes de inversión de la empresa.

Pese a estas fricciones, la directiva que bajó desde la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, en manos de Diego Chaher, fue la de no demorar el primer paso hacia el arranque del proceso con la publicación en unas semanas del decreto que establece las condiciones en el Boletín Oficial

Privatización en marcha: qué es Nucleoeléctrica y por qué es una empresa clave

En el debate sobre la Ley Bases, se determinó que dos de las empresas públicas que el Gobierno deseaba mantener en la nómina de firmas a privatizar, permanecieran en el texto de la ley por fuera del conjunto a partir de su carácter estratégico. Se trató, en efecto, de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

Ambas fueron declaradas como empresas "sujetas a privatización", acorde a lo previsto por la Ley de Reforma del Estado 23.696, pero en los dos casos, la norma habilita la apertura al capital privado con un límite expreso: el Estado nacional deberá mantener el control o la participación mayoritaria en el capital social.

Para NA-SA, incluso, se establecen además salvaguardas específicas querequieren el voto afirmativo del Estado para cualquier decisión estratégica, como la ampliación de la capacidad de las centrales nucleares, la construcción de nuevas plantas, la salida de servicio por motivos no técnicos o el ingreso de accionistas que puedan alcanzar el control de la sociedad en los términos de la Ley General de Sociedades.

Asimismo, se deja en claro que tanto NA-SA como YCRT tienen la potestad de implementar programas de propiedad participada para la colocación de acciones, aunque siempre bajo la condición de que la conducción permanezca en manos estatales.

Creada mediante el Decreto Nº 1540/94, NA-SA es una empresa generadora de energía eléctrica, operadora de las centrales nucleares argentinas y encargada de la gestión de los proyectos nucleares del país. La potencia instalada total de sus tres plantas es de 1.763 MW.

Un comunicado oficial detalla que, a lo largo de 2023, NA-SA recibió transferencias de capital no reintegrables por parte del Estado Nacional por un valor de $700 millones, el equivalente a u$s 2 millones a valor corriente de noviembre de ese año. "En 2024, no recibió ninguna transferencia, lo que marca un cambio en la política de financiamiento hacia un modelo de mayor participación privada", alega.

Los últimos datos oficiales correspondientes al primer trimestre de 2025 muestran un balance positivo de $ 17.234 millones. No obstante, los montos consignados por la Oficina Nacional de Presupuesto evidencian también una disminución en los ingresos totales y un incremento en los gastos totales, lo que genera que un resultado financiero interanual negativo, del -87,9%.

En lo que refiere a los ingresos corrientes, los mismos se componen en un 86,5% por ingresos operativos obtenidos por la venta de energía. El incremento interanual de los gastos en este rubro alcanza los $62.520,0 millones y se compone, acorde al balance provisorio del primer trimestre 2025, principalmente de gastos operativos.

Mientras que se observa un incremento del orden de $ 33.334,1 millones de los gastos de capital en comparación con el mismo período 2024 que se corresponden en su totalidad, según el documento de Economía, con Inversión Real Directa, a través de los proyectos a cargo de la empresa

"La incorporación de inversión privada es clave para ampliar el acceso a capitales, diversificar riesgos y garantizar la continuidad de las operaciones de manera eficiente y competitiva. Este esquema permitirá asegurar los fondos necesarios para proyectos estratégicos como la extensión de vida de la Central Nuclear Atucha I, que prevé su reingreso al mercado en 2027, y el Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II (ASECG II)," indica el documento

De esta manera, fundamentan, "el Gobierno Nacional reafirma su compromiso con el desarrollo del sector nuclear argentino, asegurando el control estatal sobre una empresa estratégica y al mismo tiempo potenciando su crecimiento con la incorporación de capital privado".

Frente al anuncio del Gobierno, desde la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Industria de la CTA autónoma (CNTI) publicaron un comunicado de "repudio al intento de privatización de NA-SA". Señalaron que luego de "años de trabajo e inversión para terminar Atucha II y para la extensión de vida de la planta nuclear Embalse y Atucha I, ahora quieren transferir la empresa a capitales privados para llevarse el superávit que genera".

Al mismo tiempo, denunciaron el "intento de entrega, desguace y desmembramiento de la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica), la paralización del proyecto de central nuclear nacional CAREM, la entrega de la PIAP, la privatización de la producción del RA10 y la destrucción por falta de presupuesto de otros proyectos", además del congelamiento salarial. Y convocaron a un "Cabildo abierto por la soberanía energética" para el 26 de septiembre.