PRECIOS CONGELADOS

El Gobierno apostará al diálogo con empresarios, pero aplicará controles para evitar desabastecimientos

La Casa Rosada evita una ruptura total por el congelamiento de precios por tres meses, y responsabilizada a las compañías por "la estampida de precios". Otros socios del espacio, sin embargo, son más feroces con una medida que será estandarte de la campaña.

Luego de fijar precios máximos por tres meses a más de 1400 productos de consumo masivo y torcerle el brazo a productores, comercializadores y distribuidores de los productos, el Gobierno dejó abierta la puerta a negociar con las compañías que se resistieron a la decisión que hoy hizo oficial la Secretaría de Comercio Interior.

En la Casa Rosada, la flamante portavoz del presidente, Gabriela Cerruti, aseguró que la resolución publicada en el Boletín Oficial "es una decisión del Gobierno y del Presidente", habida cuenta del tibio apoyo que la medida encontrara en los principales funcionarios del Ejecutivo, desde anoche y en las primeras horas de dada a conocer.

Notando la urgencia por retrotraer los importes al 1 de octubre y desinflar la "estampida de precios" -como fue definida- que no encontraría fundamento alguno, el Gobierno justificó sus motivaciones para avanzar pese a que un importante grupo de compañías rechazó la acelerada -y acalorada- discusión que empezó el lunes y acabó 48 horas más tarde con una decisión que, en un comienzo, se pretendía evitar.

"La resolución tenía que salir en algún momento -justificó Cerruti- porque lo que vimos en el último tiempo es que la disparada de los precios no tiene ninguna razón cierta".

En ese marco, y mientras algunos toman como "amenazas de desabastecimiento" las advertencias que hiciera el titular de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Natalio Grinman, el Gobierno insistió en que se aplicarán "todos los instrumentos" que hay a disposición para controlar el cumplimiento del congelamiento. No obstante, el Presidente elige por ahora no blandir en la batalla la posible aplicación de la Ley de Abastecimiento.

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En efecto, Cerruti precisó que "Feletti está trabajando con gobernadores, intendentes y sus delegaciones para hacer cumplir la resolución", en forma similar a lo que ocurrió en 2020, durante el confinamiento más estricto, cuando se dio lugar a los jefes comunales para articular a sus cuadrillas revisoras de góndolas con la función de policía del Gobierno nacional.

Tras el congelamiento, el Presidente se mostró rodeado de una parte del equipo económico.

El Gobierno también evitó desdramatizar el discurso empresario, y negó que la medida pueda ocasionar pérdidas a las empresas. Cerruti -que habla en nombre del Presidente- evaluó que "las mismas empresas que han llevado los precios arriba en el último mes no quieren controlar su nivel de ganancias, ni ceder en un momento en que por primera vez está subiendo la inflación en el mundo".

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Por el contrario, para el Ejecutivo esta medida viene a mostrar "sensibilidad" para "cuidar el nivel de frustración de la familia que llega al supermercado y debe dejar un producto para llevarse otro".

Contraataque K

El ánimo dialoguista de los socios del Frente de Todos que ocupan posiciones de conducción distó de ser el que enarbolaron desde la primera hora muchos otros militantes del espacio, que salieron sin reparos a bancar el congelamiento rubricado por Feletti, exmano derecha de Amado Boudou cuando el exvicepresidenta ocupaba el ministerio de Economía.

La diputada Fernanda Vallejos, muy cercana a la vicepresidenta Cristina Kirchner, reclamó al sector privado que utilice la capacidad ociosa en las fábricas y que "movilicen recursos, produzcan y amplíen la oferta", porque "el pueblo no acepta amenazas ni acciones desestabilizadoras".

El director del Banco Nación, Claudio Lozano, aseguró que "es tarea del Estado y de la política pública impedir una mayor concentración de los mercados", y fustigó al presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, y a la empresa Molinos Río de la Plata por no adherir al acuerdo. 

En sintonía, la exembajadora en Venezuela, Alicia Castro, cargó contra la familia dueña de Molinos y llamó a boicotear sus productos. "Si Perez Companc y sus socios quieren tener ganancias extraordinarias y se niegan al adherir control de precios, el pueblo tiene una herramienta. Simple: dejemos de comprar estas marcas", recomendó.

Por estas horas, los artífices de la campaña oficialista insistieron con la polarización a partir de la medida adoptada, y jugaron a simpatizar con los consumidores golpeados por la inflación. Un mensaje constante se repite: el Gobierno está del lado de "la mesa de los argentinos"; la oposición, con los "empresarios inescrupulosos".

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