Mientras que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, demora el envío al Ejecutivo de los proyectos sancionados del Senado próximos a ser vetados por el presidente Javier Milei, desde el seno libertario advierten que hay una posibilidad de que el veto de emergencia en discapacidad sea parcial y se habiliten ciertas prestaciones.

"Estamos planteando en este caso, con el tema de las prestaciones, la posibilidad de que se pueda hacer una revisión o algún gesto del Gobierno. Lo charlamos en el bloque y pedimos que lo evalúen. Es un tema delicado", aseguró ante El Cronista el diputado Pablo Cervi, uno de los radicales "con peluca" de Liga del Interior, bloque de seis legisladores clave en el tejido de alianzas para La Libertad Avanza.

Desde el oficialismo advirtieron en diálogo con este medio que habría más de 40 diputados que van en esa línea, inclusive de parte del PRO. La alta sensibilidad del tema en cuestión derivó en que el proyecto sea aprobado por 148 votos afirmativos en Diputados y unanimidad en el Senado, con 56 votos afirmativos. "No podemos perder un veto", advirtieron fuentes libertarias al tanto del poroteo parlamentario.

Dentro de los aliados que se dieron vuelta en este sentido resaltó el cordobés Luis Juez, senador amarillo muy cercano al jefe de Estado y quien, influenciado por su hija, se distanció de LLA ese día para votar a favor. "Convivo hace 25 años con la discapacidad. Nuestros hijos son invisibles. La sociedad no mira o mira con lástima. Muchos prestadores cobran menos que un albañil y se van", defendió en su discurso desde el recinto.

"He hablado con el Presidente pero no sobre estos temas", le dijo a El Cronista, pese a que en redes sociales los influencers de la militancia libertaria lo atacaron por no votar con el Gobierno. Para el caso, Juez había contado en una entrevista con Neura tiempo atrás que el Presidente "lo compró de por vida" porque lo llamó para preguntarle por su hija, Milagros, quien padece de parálisis cerebral.

Ante este escenario susceptible en el Congreso, un sector del Gobierno empezó a analizar la posibilidad de que el veto del Presidente aplique solamente para la declaración de emergencia en discapacidad que se establece hasta el 31 de diciembre del 2027, con el objetivo de "efectivizar el cumplimiento de la obligación del Estado nacional", según dispone el artículo 1. "Hay muchas, muchas chances de que el veto sea parcial. Se está cocinando", alertaron desde el oficialismo.

Se promulgaría, en cambio, el Capítulo III sobre el fortalecimiento de los prestadores, que contempla una compensación de emergencia con la diferencia entre el valor de los aranceles aprobados entre diciembre del 2023 y diciembre del 2024, y el porcentaje del IPC de ese mismo período para actualizar las partidas.

También hay un capítulo II dedicado a la Pensión No Contributiva por Discapacidad para que el Ejecutivo le otorgue una pensión inembargable a "toda persona sin suficientes recursos propios, no amparada por un régimen de previsión, de 70 o más años de edad o con discapacidad que cuente con el Certificado Único de Discapacidad". Sin embargo, este punto entra en conflicto con las auditorías de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El Gobierno viene trabajando hace tiempo en auditorías sobre más de 1.300.000 de pensiones de invalidez que están revisando: es por esto que hay titulares que este año debieron presentar su documentación nuevamente. "Hay muchos domicilios declarados donde ya no están", alertaron desde Casa Rosada.

Por caso, el director de la ANDIS Diego Orlando Spagnuolo fue uno de los principales críticos del proyecto que originalmente escribió el diputado de UP, Pablo Yedlin. Tanto él como el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se pronunciaron a favor del veto de este proyecto. Milei, por su parte, no se pronunció nunca, por ahora, sobre la cuestión de discapacidad puntualmente.

Un factor que deberá tener en cuenta el Gobierno, de decidir proceder con esto, es la estrategia de judicialización: el Presidente planteó como plan B, en caso de no conseguir blindar los vetos, ir a la Justicia para denunciar, ante todo, la invalidez de la sesión del Senado que tanto cuestionaron en redes sociales. Fuentes del Gobierno esbozaron como posibilidad que eso conforme parte de la justificación de los vetos: de promulgar aunque sea parcialmente alguno de ellos, el argumento se caería.

El trabajo fino para atajarse ante cualquier escenario lo elabora el equipo de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, una de las funcionarias más cercanas del asesor presidencial Santiago Caputo, quien, por caso, es famoso por su visión de ir a choque pese a las recomendaciones de los negociadores de Karina Milei, Eduardo "Lule" y Martín Menem.

Por ahora, la fecha de los vetos se aleja mientras que Diputados retiene los proyectos bajo el pretexto de los trámites de revisión de los textos. Después de Villarruel, Menem le pondrá su firma y se le remitirán al Ejecutivo: es a partir de entonces que empieza a correr el plazo de los 10 días hábiles para que Milei se pronuncie. Hasta entonces, se abre el abanico de negociaciones para que el mal sea el menor posible en pleno año electoral: desde LLA creen que "no mide tanto" vetar jubilaciones, pero sí discapacidad.