Además de monitorear la economía, el FMI advirtió al gobierno de Mauricio Macri que "resta trabajo por hacer" en la lucha contra la corrupción. A la luz de la denominada "causa de los Cuadernos K" que salpica a ex funcionarios y empresarios, el Fondo apuntó a que se apruebe una ley para congelar los bienes que provienen de actividades ilegales y otra para que avale acuerdos de reciprocidad con otras jurisdicciones extranjeras.
El último informe del FMI publicado en diciembre reclamó medidas puntuales. "Las autoridades necesitan fijar un marco o mecanismo que les permita tomar medidas provisionales (tales como congelar o incautar) así como confiscar activos vinculados a o que resultan de actividades ilícitas, incluso de la corrupción, como delito de lavado de dinero", resaltó el Fondo. Estas medidas aparecen en un recuadro titulado "Mejora de la gobernanza de Argentina", con el foco puesto explícitamente en casos de corrupción.
En el Gobierno confirmaron que quieren ir en la misma línea. “Queremos poder congelar inmediatamente los activos provenientes de actividades ilícitas, como narcotráfico y corrupción, que están vinculados a lavado de dinero. La idea es hacerlo provisionalmente, ante cualquier sospecha, y mientras tanto que avance la Justicia. Actualmente sólo podemos hacerlo con activos de actores vinculados al terrorismo , explicaron desde el Ministerio de Justicia.
Cardarelli, el funcionario del Fondo a cargo del caso argentino
De hecho, el objetivo será modificar la Ley de Lavado de Activos en el 2019. El oficialismo buscará así poner contra la espada y la pared a quienes no quieran debatir semejante proyecto. “Va a ser difícil oponerse a semejante medida. El objetivo es poder congelar los activos al instante porque los tiempos de la justicia no están aggiornados a estos tiempos, en los que los activos financieros pueden transferirse en segundos, con apretar un botón. Por eso necesitamos aplicar este mecanismo , comentaron desde el Gobierno.
El FMI resalta que la causa de los Cuadernos K, en alusión a los pagos de coimas durante el kirchnerismo, generó una serie de medidas de la Unidad de Información Financiera. El informe advierte que la UIF "identificó y rastreó un considerable número de activos (como cuentas de bancos, propiedades inmobiliarias, y propiedades personales) fuera de Argentina que son propiedad y están registradas por muchos de los individuos que confesaron haber pagado coimas a funcionarios". Pero remarca que aún "resta trabajo por hacer".
Es que para el Fondo el actual marco "no ofrece medidas de reciprocidad ni otorga poderes a la UIF para llevar adelante medidas provisionales para prevenir cualquier transferencia o disposición de activos sujetos a confiscación". El FMI entonces reclama un proyecto de ley que incluya estos cambios, tales como los arreglos de reciprocidad que reclama el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), otro organismo intergubernamental, que presiona para que los países adecúen sus normas contra el lavado de activos.
Incluso, el FMI también advierte que la Oficina Anticorrupción está adecuando sus normas a las recomendaciones "Anti-Soborno" de la OCDE (el organismo de gobernanza que integran los países más ricos). Más allá, la titular de la OA, Laura Alonso, comentó a este medio que "el Plan Anticorrupción está en proceso y prevemos que se publique en marzo".
El otro punto que reclama el FMI es que el Gobierno haga "esfuerzos adicionales" y tome las "medidas necesarias" para que sea efectivo el Registro Público de Sociedades, que lanzó el Ministerio de Justicia hace menos de un mes. Uno de los reclamos es que este registro se extienda a las provincias más grandes, donde la mayoría de las empresas están registradas.
Si bien el FMI basa su autoridad en el impulso de políticas económicas y de regulación financiera, desde la década del '90, junto con otras organizaciones incorporó la agenda de anticorrupción, a modo de contrarrestar los reclamos de ONG's y activistas.
