POR SOSPECHAS EN LA ADQUISICIÓN POR $ 43 MILLONES DEL INMUEBLE DEL ORGANISMO

El fiscal pedirá la indagatoria de la procuradora por la compra de edificio

Crónica de una indagatoria anunciada: el fiscal federal Eduardo Taiano pediría hoy la declaración de Alejandra Gils Carbó, a quien la Casa Rosada tiene en el blanco desde la asunción de Mauricio Macri, en el marco de la causa en la que se la investiga por la compra de un edificio para la Procuración General de la Nación valuado en poco más de $ 43 millones.

El pedido se realizaría hoy mismo, según consignaron ayer diversos portales periodísticos, fechando algo que la propia Gils Carbó se esperaba, adelantando a este diario que no piensa renunciar. Con la decisión del fiscal Taiano, quedará ahora en manos del juez federal Julián Ercolini resolver si cita a la jefa de los fiscales.

Los presuntos delitos por los cuales el fiscal solicitará investigar a Gils Carbó son fraude en perjuicio de la administración pública, cohecho, trafico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública y abuso de autoridad.

La procuradora es investigada por el edificio de Perón 667, cuya compra se realizó mediante la inmobiliaria Jaureguiberry y Asociados, con la intermediación de Juan Carlos Thill, medio hermano de un funcionario del área de contrataciones de la Procuración. La firma titular del edificio, Arfinsa, habría pagado $ 8 millones y ésta, a su vez, una subcomisión de 3 millones a Thill. Por otra parte, se sospecha de una eventual participación en la operatoria de Héctor Alonso, ex marido de Gils Carbó y gestor inmobiliario.

El Gobierno de Cambiemos viene intentando desplazar a Gils Carbó, a quien acusa de kirchnerista por su participación en la agrupación Justicia Legítima, por distintas vías. Con el avance de esta causa, trascendió que Macri podría llegar incluso a apartarla con un decreto presidencial.

Designada en 2012 por el Congreso de la Nación, Gils Carbó cumplirá en agosto cinco años en el cargo. Desde el ámbito legislativo, el oficialismo promovió el tratamiento, por ahora sin éxito, de una reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Pública, que con llevaría una reducción del mandato a cinco años. Actualmente, Gils Carbó, de 59 años, se rige con los mismos parámetros que los jueces de la Corte Suprema: por buena conducta, su mandato puede extenderse hasta los 75 años.

 

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