La secretaria de Energía, Flavia Royón, instruyó a la empresa estatal Energía Argentina (Enarsa) para hacerse cargo de cuatro centrales hidroeléctricas construidas por el Estado nacional cuya concesión privatizada en la década de los '90 vence entre agosto y diciembre de este año. El negocio ronda los 100 millones a los 200 millones de dólares por año.

En una nota enviada el lunes al presidente de Enarsa, Agustín Gerez, la funcionaria estableció que la compañía del Estado asumirá el control de Alicurá (concesionada a AES), El Chocón (Enel), Planicie Banderita (Orazul Energy) y Piedra del Águila. Las concesiones finalizan entre el 11 de agosto y el 29 de diciembre; suman casi 4400 megavatios de potencia (MW), poco más del 10% de la capacidad instalada eléctrica en todo el país.

Enarsa tendrá que constituir una nueva sociedad para la administración, en la que -según anticipan fuentes del Gobierno- podrá compartir la titularidad con las provincias, que son las legítimas dueñas de los recursos naturales (el agua) por Constitución Nacional. Además, buscará licitar un contrato de Operación y Mantenimiento, que el sector privado rechazaría por no verle rentabilidad.

Omar Gutiérrez, el saliente gobernador de Neuquén (en donde están emplazadas las represas), lamentó la decisión de la Nación y deslizó que la provincia podría ir a la Justicia porque es una medida "ilegal, antidemocrática y centralista", ya que los recursos naturales les pertenecen por Constitución Nacional a los estados subnacionales. La provincia cobra el 12% de regalías, que comparte con Río Negro en aquellas que están ubicadas en el límite.

La renta del agua: el negocio de las represas hidroeléctricas

La remuneración que paga la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) es en pesos y se licúa por la inflación; ronda los 13 a 20 dólares por megavatio-hora (MWh), en línea con otras hidroeléctricas y por debajo de los pagos a las centrales térmicas, que van de u$s 40 a u$s 60 por MWh.

"Tomar la Operación y el Mantenimiento de estas centrales implicaría asumir grandes responsabilidades contra una remuneración que no será equivalente a ese riesgo", explicó una fuente del sector.

Los privados no quieren otro contrato si no tienen rentabilidad

Dos de las empresas que tienen las concesiones que volverán al Estado son las estadounidenses AES y Orazul, que acudieron en el pasado al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) -el tribunal de arbitraje del Banco Mundial- para reclamar contra incumplimientos de Nación.

La italiana Enel, en tanto, seguirá con su proceso de retirada de negocios del país, tras la venta de las centrales térmicas Costanera (a Central Puerto) y Dock Sud (a YPF Luz) y la apertura de negociaciones con interesados en comprar la distribuidora eléctrica Edesur, que esperan vender en los próximos meses.

Mientras tanto, hay otras concesiones que vencen próximamente. Son las licencias de transporte y distribución de gas, que están en manos de Transportadora de Gas del Norte (TGN) y del Sur (TGS), Metrogas, Naturgy, Camuzzi, Ecogas, Litoral Gas, Gasnor y Gas Nea. Las concesiones se otorgaron en 1992 por 35 años y vencerán en 2027.

Las empresas buscan que en la próximas Revisión Tarifaria Integral (RTI), que culminaría a mediados de 2024, no solamente se les otorgue nuevas tarifas para sus inversiones sino que también se les prorroguen las concesiones, para tener un horizonte de mediano plazo.