La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, les pidió ayer a los senadores que reincorporen el llamado artículo Odebrecth al proyecto de ley de un régimen penal empresario. Con ese punto, eliminado por los diputados durante el debate en la Cámara baja, el Ejecutivo quiere garantizarse un canal de negociación administrativo con empresas que hayan cometido delitos de corrupción, como Odebrecht, sin depender de la Justicia.

"Es un artículo que los senadores deberían considerar reincorporar. Abre un canal innovador. No es inconstitucional ni alocado. Tiene una razón de ser", sostuvo la funcionaria ante la comisión de Justicia y Asuntos Penales. En la misma línea se había expresado el ministro de Justicia, Germán Garavano. El Poder Ejecutivo está decidido a seguir insistiendo para que el Senado reinstale el punto.

Era el artículo 37 en la redacción original del proyecto y apuntaba a permitir que el Poder Ejecutivo, a través del Procurador del Tesoro, pudiera negociar sin involucrar a la Justicia con empresas que admitiesen haber pagado coimas antes de la sanción de la ley. Había sido armado a la medida de las necesidades del Gobierno frente al escándalo de Odebrecht. Los diputados lo eliminaron por considerarlo inconstitucional.

Según Alonso, no lo es. "(Sin ese artículo) nos enfrentamos a investigaciones que van a llevar decenas de años", advirtió.

Además, la funcionaria pidió otros tres retoques a la media sanción que recibieron los senadores. En principio, reclamó volver a la redacción original del primer artículo porque "es el que mejor refleja el espíritu para dar cumplimiento a acuerdos internacionales". Si se concretan sus deseos, la ley quedaría acotada a delitos como cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles y fraude contra la administración pública. El cambio que habían introducido los diputados ampliaba su alcance a todos los delitos previstos en el Código Penal. "Ha sido excesiva la reforma que hicieron los diputados. Se pierde el objetivo", consideró Alonso.

También pidió retoques al artículo 20 para "clarificar que el acuerdo de colaboración eficaz es a cambio de suspender la persecución" penal. "Creemos que éste es el incentivo más importante", señaló.

Como era de esperarse, la funcionaria hizo hincapié en el punto más bochornoso de la accidentada media sanción: los dos artículos que se contradicen entre sí y que modifican de maneras diferentes el artículo 258 bis del Código Penal. Ese ítem pena el cohecho internacional y en el artículo 35 de la media sanción los diputados fijaron la pena para ese crimen tiene entre 1 y 6 años de reclusión, mientras que en el artículo 38 le pusieron de 4 a 10. Alonso pidió tomar el artículo 35.

Luego fue el turno del presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo, quien pronosticó que será declarado inconstitucional. "Una ley no tiene que ser una declaración de buenas intenciones, sino un mecanismo en la lucha contra la corrupción. Esto es, cuanto menos, débil. Fue sacado de apuro. Con tiene muchas contradicciones", señaló.