Luego de que el Congreso rechazara el veto del presidente Javier Milei sobre la ley de emergencia en Discapacidad, el Gobierno aún no resuelve el dilema sobre si implementar o no la ley y cómo encarar una eventual judicialización. El objetivo principal es dilatar cualquier desembolso, pero la oposición está alerta sobre, si esto sucede, reforzar una avanzada. El Gobierno ahora evalúa encontrar una alternativa en su reglamentación.
El Congreso amenaza con tocar el punto más fuerte del Gobierno en este momento: el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a quien faculta la ley a reasignar las partidas correspondientes. Lo anticipó el diputado Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal: si el Gobierno no la aplica, podrían avanzar con una moción de censura.
Según pudo saber El Cronista, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, le comunicó la situación al ministro coordinador después de la primera reunión de la mesa política nacional.
Se trata de un procedimiento constitucional en el marco de que el Poder Legislativo le puede exigir responsabilidad política al Ejecutivo. El resultado final es la remoción del ministro con el voto de lamayoría absoluta del total de los miembros de cada Cámara, el mismo número que se necesita para el quórum: la mitad más uno.
¿Es factible conseguir el número para un golpe institucional de esa talla? En los pasillos parlamentarios creen que sí, puesto que la ley de Discapacidad consiguió una holgada mayoría de dos tercios en ambas Cámaras y para la moción de censura debe ser mucho menor. En el Senado, además, el santacruceño José María Carambia agitó estar dispuesto ir hacia un juicio político si no se aplicaba.
La moción de censura no es algo trabajado aún, pero la advertencia bastó para sonar las alarmas de la cúpula de la Casa Rosada y hasta llegó a oídos del propio ministerio de Salud.
El encargado en llevar adelante la reglamentación de la ley es el interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Alejandro Vilches, un hombre del ministro de Salud, Mario Lugones, quien asumió luego de que desplazaran a Diego Spagnuolo como titular tras el escándalo por los audios de presunta corrupción en la agencia.
Esta semana Vilches se reunió con el Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS) y solo dejó una definición: "Estoy recién llegado". Aún no otorgó una fecha para una reunión del directorio de la ANDIS, que es el que debe aprobar los aumentos retroactivos y a futuro, pero según trascendió prometió que están trabajando en la reglamentación de la ley. "Estamos esperando instrucciones de la Rosada", dijo otra otra fuente de Salud.
"Algunos prestadores están a la espera, otros están proponiendo armar una carpa blanca como en 2023 contra el Gobierno de Alberto Fernández", explicaron fuentes del sector. "Estimamos que harán lo imposible para demorar la implementación. En cualquier caso, el aumento llegará tarde, porque de darse hoy mismo se facturaría el mes que viene y se comenzaría a cobrar, como rápido, en febrero", advirtieron.
En la Casa Rosada los mensajes son confusos. El jefe de Estado aseguró que iba a avanzar sobre una judicialización no solamente por las las irregularidades en el proceso de sanción sino también la falta de fuente de financiamiento, que atenta contra la Ley de Administración Financiera en cuanto a que su artículo 38 establece que "toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general debe especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento".
Pero una de las más altas fuentes del Gobierno esta semana dejó entrever que la estrategia de la judicialización está en duda y que asomarían encontrarle un freno dentro de la misma reglamentación, que no tiene fecha límite para publicarse.
De esta manera, el único frente abierto que quedaría es que los beneficiarios o los prestadores vayan por su cuenta a la Justicia. El Gobierno estaría buscando precisamente esto, según interpretaron fuentes que están al tanto de las conversaciones, ya que de esta manera los fallos aplicarían para cada parte por separado, por lo que el impacto sería menor.
Esto puede revertirse si se lleva adelante un amparo colectivo. Además, el Gobierno se expone a que presenten denuncias penales por incumplimiento de deberes de funcionario público.
"Es evidente que la intención es dar de baja la mayor cantidad de prestadores posibles para que, cuando la ley se implemente, las partidas a asignar sean lo más pequeñas posibles", interpretaron desde una red de escuelas especiales.
Además de declarar la emergencia por dos años, la ley contempla una compensación para los prestadores teniendo en cuenta la diferencia entre el porcentaje del valor de los aranceles aprobados durante el año 2024, y el porcentaje del Índice de Precios (IPC) de ese mismo período. Sobre este punto la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó que la medida costaría entre 0,22% y 0,42% del PBI.
También hay un amplio capítulo dedicado a la Pensión No Contributiva por Discapacidad para que el Ejecutivo le otorgue una pensión inembargable a "toda persona sin suficientes recursos propios, no amparada por un régimen de previsión, de 70 o más años de edad o con discapacidad que cuente con el Certificado Único de Discapacidad".
Según los datos que arrojó el Ejecutivo en la justificación del veto presidencial, este último capítulo implica un gasto del 0,47% del PBI al año 2026 más un gasto adicional del "Programa Incluir Salud" del0,12% del PBI al próximo año. Por su parte, la compensación solamente implicaría un 0,03%, aunque precisa que "la actualización mensual de aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral por inflación resulta dañino para el sistema".
"El caso de Discapacidad incrementa el gasto en el Estado por 5.000 millones de dólares anuales. Bueno, vamos a ver de dónde lo sacamos. Estamos analizando la judicialización. Nosotros no nos vamos a correr del equilibrio fiscal. Es inviable. Estamos analizando cuáles son los pasos a seguir", justificó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en una entrevista que dio esta semana a A24.
