El contexto ardido en el Congreso tras la avalancha opositora por las reformas jubilatorias, las declaraciones de emergencia y los proyectos de coparticipación de los gobernadores asoma imposible para que el Gobierno pueda avanzar sobre sus propias iniciativas este año, y el proyecto de Inocencia Fiscal podría quedar archivado hasta después de las elecciones junto a las reformas integrales que trabajará el Consejo de Mayo.

Como contó El Cronista, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ya le había advertido al ministro de Economía, Luis Caputo, que el tratamiento de lo que el Gobierno llamó la Fase II del plan para "sacar los dólares del colchón" no iba a poder ser inmediato porque había muchos frentes abiertos con la oposición que le elevaba el precio a la búsqueda de consensos.

Desde el Palacio de Hacienda se mostraron comprensivos con que el futuro del proyecto ya quedaba en manos del Congreso y, según las fuentes consultadas, el ministro reaccionó tranquilo frente al panorama legislativo: "Cuando puedas", le había dicho Caputo a Menem en una llamada a mediados de junio.

En ese sentido, en la Casa Rosada quisieron transmitir seguridad de que el plan en sí podía llevarse a cabo sin necesidad de que el proyecto de ley esté sancionado. Sin embargo, los especialistas pusieron en duda el éxito del plan con el mero sustento de las medidas que alcanzan al Ejecutivo: "Nos está faltando un montón de legislación de fondo o normas", había anticipado un mes atrás el tributista Mariano Ghirardotti.

"Hoy como está, difícilmente los monotributistas van a querer pasar el régimen general de Ganancias. Para que eso pase tienen que haber una reforma tributaria donde no sea un salto al vacío", sostuvo el CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez.

Los anuncios originalmente se efectuaron el 22 de mayo, tras una serie de idas y vueltas por la campaña porteña, en lo que refirió a los cambios en el Régimen Simplificado de Ganancias, el aumento de umbrales para informar operaciones y la derogación de regímenes informativos.

Por su parte, el envío del proyecto de ley, que tiene como objetivo principal "blindar" estas medidas a futuro, se efectuó el 5 de junio. Lo denominaron el proyecto de "Principio de Inocencia Fiscal" y consiste en modificaciones a la Ley Penal Cambiaria y de Procedimiento Fiscal para brindarle seguridad jurídica a las medidas de la Fase I.

Entre sus principales puntos, elevan los montos de lo que consideran evasión fiscal y el piso de años de prescripción de los delitos. "Es para blindar a los ciudadanos contra eventuales futuras administraciones que quieran nuevamente perseguir y revisar el pasado de gentes que se adhirió al sistema", explicó Caputo.

Ya pasó mes y medio desde que las iniciativas giraron a la Cámara baja y, desde entonces solamente hubo amagues para convocar al plenario de comisiones. Las que estarán a cargo son la de Presupuesto y Hacienda; Legislación Penal y Legislación General, presididas por José Luis Espert (LLA), Laura Rodríguez Machado (PRO) y Santiago Santurio (LLA) respectivamente.

En el medio, la oposición copó la agenda con AGN, la condena de Cristina Kirchner, viajes a Medio Oriente, y sesiones de alto voltaje que avanzaron sobre aumentos para jubilados, declaraciones de emergencia en discapacidad y pediátrica, financiamiento universitario y dos iniciativas de las provincias para redistribuir los recursos de coparticipación.

En la Casa Rosada se jactaban de que el proyecto iba a ser apoyado con ayuda de los gobernadores, confiados en que la rápida adhesión de las provincias al Régimen de Ganancias iba a traducirse en apoyo parlamentario. "Son los principales interesados en que se apruebe porque es plata para ellos", decían desde un despacho en Balcarce 50, desde donde también creían que las provincias más reacias también iban a terminar sumándose.

No fue así, y pese a que hubo 17 convenios, no hubo posibilidad de si quiera dictaminar los proyectos.

Por el contrario, las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aceleraron en unanimidad sus propias iniciativas para repetir los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles: de hecho, conformó dos de los goles opositores en el Senado la semana pasada.

El ministerio de Economía, que participó en todas las conversaciones previas para evitar esa avalancha vía el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, intentó aprovechar ese planteo para insistir sobre el proyecto de los dólares: "Si los gobernadores quieren más plata, lo mejor es aprobar la ley de reparación histórica de los ahorros de los argentinos, ya que eso implica más plata para las provincias (por mayor IVA e ingresos brutos)", difundieron desde la cartera de Caputo.

La agenda del Congreso ahora se focalizará en Diputados y las balas del oficialismo están guardadas, figurativamente, para contener los vetos presidenciales que se avecinan esta semana. Además del aumento a las jubilaciones, la restitución de la moratoria y la emergencia en discapacidad, la Cámara baja también tendrá en sus manos el futuro del veto a la emergencia en Bahía Blanca, tras la insistencia del Senado.

En la oposición ya preparan un pedido de sesión con los dictámenes de Financiamiento Universitario y emergencia pediátrica, por la problemática del Hospital Garrahan, para las primeras semanas de agosto. Buscarán negociar el quórum incluyendo en el temario los proyectos de coparticipación para que colaboren los gobernadores, pero también buscan meter el cambio al régimen de los DNU. La sensación del "ahora o nunca", previo a las elecciones, recargó la frontera.

Un informe de gestión de Francos podría aplazar esa convocatoria y, mientras tanto, en el Gobierno respiran por el receso parlamentario de dos semanas que se avecina a fines de julio. Eso es lo único que buscan conseguir: tiempo. "No vamos a poder sacar nada", se sinceró un libertario ante El Cronista.

El punto es "aguantar la pelota" hasta el recambio legislativo, para cuando estiman una ampliación de la representación que facilitará la aprobación de las reformas. Además del proyecto de Inocencia Fiscal, también hay en carpeta una serie de proyectos de la agenda de Seguridad que no consiguieron aprobación todavía. "Va a ser un año complejo para grandes reformas. Sinceramente lo veo muy difícil: está muy fragmentado, es muy difícil empezar una sesión hoy", anticipó Menem en el AmCham Summit2025, a días del anuncio del Plan Colchón.

Quien se encargará de delinear la hoja de ruta post-electoral es el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, quien, cumplido el objetivo de las facultades delegadas, se adentrará a fondo en trabajar en la reforma laboral que se viene en el marco del Consejo de Mayo. Además, el Gobierno tiene pensado impulsar una reforma tributaria que podría contemplar un acuerdo por la coparticipación que hoy piden las provincias. Por fuera de eso, todo será vetado.