Costo de producción irrisorio, bajo precio formal de venta y ganancias abismales: un combo perfecto que se orquesta a través de grandes organizaciones y que prevalece con la inacción estatal en todos los órdenes. Así podría resumirse un estudio de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI), al que accedió El Cronista, que confirma lo que comerciantes, empresarios y consumidores intuyen desde hace años: la falsificación y el contrabando se consolidaron como un fenómeno estructural de la economía argentina, con proyección de crecimiento hacia 2028.

Según el informe, el comercio ilícito representa actualmente cerca del 5% del Producto Bruto Interno. La cifra no es un dato aislado: forma parte de una tendencia que, lejos de retroceder, se profundiza año tras año.

El trabajo analizó cinco países de la región —Brasil, Argentina, México, Ecuador y Guatemala— y encontró un patrón común. En todos ellos, la falsificación erosiona la recaudación fiscal, desalienta la inversión y pone en riesgo la salud de los consumidores.

Inflación, presión tributaria e informalidad: el combo que alimenta al mercado negro

El estudio identifica varios factores que explican la expansión del comercio ilícito en el país:

• El primero es la inflación crónica y la inestabilidad cambiaria, que en 2023 llegó al 211% y erosionó el poder adquisitivo de millones de argentinos.
• A esto se suma la elevada presión tributaria sobre ciertos productos. En rubros como tabaco y alcohol, los impuestos pueden representar hasta el 80% del precio final. Los cigarrillos, por ejemplo, cuestan hasta tres veces más en Argentina que en Paraguay.
• La informalidad laboral, que alcanza al 46,5% de los trabajadores, opera como otro motor central. Según el informe, aunque existan políticas de subsidios y salud pública, el deterioro del poder adquisitivo empuja a millones de consumidores hacia bienes ilícitos.
• Las debilidades institucionales completan el cuadro. Argentina ocupa el puesto 94 de 125 en el Índice Internacional de Derechos de Propiedad. Solo el 8% de los ciudadanos confía en la Justicia, lo que reduce el efecto disuasorio de las leyes existentes.

“Este estudio confirma que la falsificación no es únicamente un problema de propiedad intelectual: afecta la inversión, el empleo formal, la innovación y la confianza de los consumidores”, explicó Matías Notiger, presidente de ASIPI.

Para el titular de la entidad, la respuesta no puede ser unilateral. “Combatir el comercio ilícito requiere un trabajo coordinado entre el sector público, el privado y la Justicia, con controles más eficaces, sanciones efectivas y una mayor concientización de la sociedad”, sostuvo.

Notiger también apuntó contra un patrón cultural que, según él, sostiene el problema. “Es un robo que la gente hace de forma socialmente aceptada”, sentenció, al referirse a la naturalización del consumo de productos falsificados.

Comercio ilegal: las categorías más golpeadas

El informe detalla qué tipo de productos concentran la mayor presencia de falsificación y contrabando en el país.

• Alimentos, bebidas, tabaco y vestimenta lideran el ranking de categorías con mayor penetración ilícita.

Se trata, según el estudio, de bienes de consumo masivo, con alta rotación y precios accesibles para el mercado informal. Esa combinación explica por qué son los rubros donde el comercio ilegal logra mayor volumen y frecuencia de venta.

El tabaco resalta particularmente por su alta incidencia, asociada al hábito adictivo y al fuerte diferencial de precios con países vecinos como Paraguay y Bolivia. Autopartes y artículos de cuero también muestran alta penetración, aunque con menor frecuencia de compra.

• En un nivel intermedio aparecen cosméticos, medicamentos, juguetes y bebidas sin alcohol.

El estudio advierte que estos productos combinan riesgo sanitario y cultural, siendo especialmente atractivos para los sectores más sensibles al precio.

Para Notiger, el fenómeno golpea de manera desigual según el sector. “Determinadas industrias están impactadas principalmente: aquellas más activas en marcas, donde las marcas tienen más fuerza y donde la diferencia de precio y de producción entre un producto ilegal y un producto legal es abismal”, señaló.

“Ahí es donde surgen los grandes réditos económicos del comercio ilegal y la falsificación marcaria”, agregó el presidente de ASIPI, en referencia a los sectores donde la brecha entre el original y la copia resulta más rentable para las redes ilícitas.

Si bien el estudio de ASIPI no da una cifra absoluta en dólares, si se toma como base el dato de PBI del Banco Mundial, se puede estimar que el comercio ilícito mueve unos u$s 32.000 millones anuales en el país.

Brasil y México: economías más grandes, problemas similares

El estudio también analizó a Brasil y México, dos de las mayores economías de la región. Los números muestran que el problema no es exclusivo de Argentina, aunque su magnitud y dinámica difieren según el país.

En Brasil, el comercio ilícito representa alrededor del 4% del PIB, equivalente a más de u$s 85.300 millones anuales. De ese total, más de u$s 25.500 millones corresponden a pérdida fiscal por impuestos no recaudados cada año.

La proyección brasileña indica una participación estable, cercana al 4,24% del PIB hacia 2028. A diferencia de Argentina, Brasil muestra avances institucionales y educativos, aunque estos son contrarrestados por factores demográficos y sociales.

En Brasil, la desigualdad —con un coeficiente de Gini de 0,52— empuja a millones de personas hacia el mercado ilegal. El informe cita el caso de 33 millones de brasileños que consumen televisión pirata como ejemplo de esa normalización.

México presenta el panorama más crítico de los tres países. El comercio ilícito equivalía al 8,8% del PIB en 2023 y podría trepar al 13,7% en 2028, un salto del 56% en apenas cinco años, según las proyecciones del estudio.

El país se ubica, además, en el primer lugar de América Latina en piratería. Se estima que una de cada tres mercancías vendidas en México proviene del mercado ilegal, un nivel muy superior al que registra Argentina.

Tres aceleradores y la necesidad de una respuesta integral

La comparación regional deja una conclusión común a los tres países: la digitalización sin fiscalización, la debilidad judicial y la desigualdad social actúan como aceleradores del comercio ilícito, más allá de las diferencias de magnitud entre cada economía.

Frente a este escenario, el estudio de ASIPI concluye que la respuesta debe ser integral. Entre las principales recomendaciones figuran fortalecer los controles aduaneros, mejorar la trazabilidad de los productos y garantizar una aplicación más efectiva de la normativa de propiedad intelectual.

La coordinación entre el sector público, el privado y la Justicia aparece, una vez más, como la clave para revertir una tendencia que, de no modificarse, seguirá creciendo en Argentina y en el resto de la región hacia 2028.