El Gobierno le puso fin a la rebaja temporal de las retenciones a la soja y el maíz. Así lo hizo oficial a través del Decreto 439/2025, publicado en el Boletín Oficial, el cual informa que la medida tendría efecto a partir del 1° de julio y hasta fines de marzo del 2026.
Tal es así que los productores volverán a pagar una alícuota mayor, y al mismo nivel que en enero de este año, en lo que respecta a la soja (33%) y el maíz (12%).
Si bien este anuncio no impactará en las alícuotas para el trigo y la cebada (se mantendrá la rebaja), lo cierto es que la decisión no fue bien recibida por los representantes del sector agropecuario.
Es que, debido a la disminución de los Derechos de Exportación, estiman que la liquidación del agro alcanzó, durante el primer semestre del año,los u$s 15.400 millones, lo que implica un incremento del 40% respecto del mismo período de 2024.
Al respecto, Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), dejó entrever el malestar del sector ante la postura de no prorrogar la baja de retenciones.
"Esperábamos que se mantuviera la medida por el contexto actual. Con precios internacionales en baja, altos costos internos y fuerte presión impositiva, esto agrava aún más la situación", señaló en diálogo con Radio Rivadavia.
Y remarcó: "La rentabilidad es nula en muchos casos, y directamente de quebranto en otros, especialmente para quienes están lejos de los puertos".
Más allá del malestar por la medida que adoptó el Ejecutivo, Castagnani sostuvo que el vínculo institucional se mantiene. "La relación es buena. Hay diálogo frecuente. Pero, por supuesto, tenemos diferencias y se las hacemos saber. Esta medida era clave para sostener al productor", detalló.
No obstante, el titular de CRA destacó que el campo necesita señales claras. "Con trigo y cebada, que sí conservaron la baja de retenciones, ya se ve un mayor entusiasmo para sembrar. Todo lo que no se va en impuestos, el productor lo reinvierte en tecnología y fertilizantes", marcó.
Y concluyó con una dura advertencia: "El productor necesita certezas, porque está invirtiendo a riesgo. La marcha atrás con esta medida es una mala señal".
