El directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aprobó una garantía de inversión por u$s 200 millones con un plazo de 25 años para “aumentar la capacidad de transmisión eléctrica en Argentina y mejorar el abastecimiento de electricidad”.
Según detalló el organismo, la operación respaldará los proyectos AMBA I y Puerto Madryn–Choele, Choel–Bahía Blanca, “dos obras estratégicas para ampliar la capacidad de transmisión y fortalecer el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) del país”.
La garantía del BID era un paso necesario para avanzar con el proyecto AMBA I, una obra de alrededor de u$s 800 millones con el que el Gobierno busca resolver la falta de capacidad de transporte en alta tensión, el principal cuello de botella del sistema eléctrico y una de las causas de los apagones de verano en la zona con mayor densidad poblacional del país.
El instrumento está diseñado para cubrir hasta seis meses consecutivos de remuneración frente a eventuales demoras en la liquidación de fondos.
Con la garantía aprobada, el proceso licitatorio entra en su fase definitoria. Con el llamado publicado en agosto de 2026, el cierre de consultas se fijó para el 10 noviembre y la apertura del primer sobre, de calificación técnica/financiera para el 10 de diciembre próximo.El plazo de vigencia total del contrato es de poco más de 19 años.
“La aprobación de la garantía del BID consolida las condiciones de previsibilidad y reglas claras que el Gobierno nacional viene construyendo para atraer capital privado a la infraestructura eléctrica”, celebró el ministro de Economía, Luis Caputo, en redes sociales.
“Contar con una red de transmisión eléctrica confiable es esencial para sostener el crecimiento económico, atraer inversiones y mejorar los servicios que reciben los hogares y las empresas. AMBA I demuestra cómo, desde el Grupo BID, podemos combinar nuestras capacidades para movilizar inversión privada hacia infraestructura estratégica para el desarrollo de Argentina. Esta operación refleja nuestro compromiso de transformar soluciones financieras innovadoras en inversiones concretas que respondan a las necesidades del país”, complementó Viviana Alva Hart, representante del Grupo BID en Argentina.
¿Qué es el AMBA I?
AMBA I es la obra de expansión del sistema de energía eléctrica más relevante en décadas. Su objetivo es reforzar la red de alta tensión que abastece al Área Metropolitana de Buenos Aires y reconectar el flujo eléctrico proveniente de las regiones productoras del interior.
Consiste en la construcción de la nueva Estación Transformadora Plomer 500/220/132 kV, ubicado en el partido de General Rodríguez y la ejecución/adecuación de líneas de transmisión de alta tensión asociadas para vincularla con nodos clave como Ezeiza, Atucha II, General Rodríguez, 25 de Mayo, Zappalorto, Luján y Mercedes.
Por primera vez en la historia del transporte eléctrico argentino, la ampliación se ejecuta bajo el régimen de Concesión de Obra Pública a título gratuito, un instrumento previsto por la legislación argentina desde hace décadas.
Bajo este modelo, el esquema no requiere erogaciones del Tesoro Nacional. La arquitectura de financiamiento se apoya en tres pilares
Un repago mediante la remuneración vía tarifa COP a usuarios beneficiarios durante un máximo de 7 años por etapa; la retribución tarifaria que percibe el concesionario en su rol de transportista independiente para cubrir costos de operación y mantenimiento por 15 años, y un aporte financiero no reembolsable de CAMMESA de hasta u$s 55 millones para mitigar cuellos de botella iniciales.
La construcción y el contrato de concesión se estructuran en dos etapas, que no requieren habilitación secuencial y pueden ejecutarse en simultáneo. La primera incluye la ejecución parcial de la E.T. Plomer (playas de 500 y 220 kV), la ampliación en Atucha, y diversas adecuaciones de líneas en 500 kV y 220 kV en un plazo máximo de 3,5 años desde la suscripción del contrato. La etapa 2 abarca el completamiento parcial de E.T. Plomer (132 kV y equipamiento STATCOM) y obras en 132 kV hacia Luján y Mercedes en un plazo máximo de 4,25 años.
