La causa por el denominado “Vacunatorio VIP” sumó un nuevo capítulo judicial. El fiscal federal Eduardo Taiano pidió que la jueza María Eugenia Capuchetti cite a declaración indagatoria al expresidente Eduardo Duhalde, su esposa Hilda “Chiche” Duhalde, el periodista Horacio Verbitsky y otras 30 personas que recibieron dosis contra el COVID-19 durante la pandemia por fuera de los criterios de priorización establecidos por las autoridades sanitarias.
Entre los convocados también figuran los diputados nacionales Jorge Taiana y Eduardo Valdés, el empresario Florencio Aldrey Iglesias y familiares, el empresario Seza Manukian, el ex intendente de Tres de Febrero Hugo Curto y su esposa Filomena Marta Burgos, el dirigente kirchnerista Jorge “Topo” Devoto, el periodista Gabriel Michi, el fotógrafo presidencial Esteban Collazo, Patricia Alsua —esposa del entonces procurador del Tesoro Carlos Zannini— y Marcelo Jorge Duhalde, hermano del fallecido exsecretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde.
En su presentación, Taiano sostuvo que los vacunados no fueron simples beneficiarios de una decisión ajena, sino que tuvieron un papel activo al aceptar dosis que sabían que no les correspondían según el esquema oficial de vacunación vigente. Por ese motivo, les atribuyó, en principio, la calidad de partícipes necesarios del delito de peculado, un ilícito que prevé penas de entre dos y diez años de prisión.
El fiscal consideró que la investigación reunió el grado de sospecha exigido por el Código Procesal Penal y remarcó que los involucrados “contribuyeron de forma sustancial a la consumación de los hechos” al recibir las vacunas pese a conocer que no integraban los grupos habilitados. Además, sostuvo que las reglas de priorización eran de conocimiento público debido a las campañas oficiales desarrolladas durante la emergencia sanitaria.
La investigación reconstruyó tres episodios centrales. El primero ocurrió el 18 de febrero de 2021, cuando diez dosis originalmente destinadas al Hospital Posadas fueron trasladadas al Ministerio de Salud para ser aplicadas en un vacunatorio improvisado instalado junto al despacho del entonces ministro Ginés González García. Allí fueron inmunizados, entre otros, Verbitsky, Manukian, Aldrey Iglesias junto a tres familiares, Taiana y Valdés.
De acuerdo con el expediente, nueve de esas personas fueron registradas en el sistema NOMIVAC como “Personal Estratégico”, una categoría que no les correspondía, mientras que Félix Eulogio Guille fue asentado como mayor de 60 años.
El segundo episodio investigado se produjo el 1 de febrero de 2021, cuando un frasco con cinco dosis fue trasladado hasta el domicilio de Eduardo Duhalde, en Lomas de Zamora. Allí, el entonces subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, vacunó al exmandatario, a “Chiche” Duhalde, a sus hijas María Eva y Juliana, y a su secretario privado, Carlos Alberto Mao. Según el dictamen, la vacunación domiciliaria estaba prevista únicamente para personas con imposibilidad de trasladarse y no existe constancia de que el ex presidente presentara esa condición. Asimismo, el fiscal descartó que el régimen especial de los ex mandatarios implicara algún privilegio sanitario.
El tercer tramo de la investigación comprende la aplicación presuntamente irregular de 36 dosis en el Hospital Posadas entre el 29 de diciembre de 2020 y el 23 de febrero de 2021. En ese período fueron vacunadas 23 personas seleccionadas por motivos personales, familiares o de afinidad política, entre ellas Michi, Collazo, Alsua, Lorenzo Pepe, Marcelo Jorge Duhalde, Curto y Devoto.
La pesquisa sostiene que la mayoría fue registrada como “personal de salud”, pese a que trabajadores del propio hospital aún no habían completado su esquema de inmunización.
La causa se inició el 22 de febrero de 2021, después de que Horacio Verbitsky revelara en una entrevista radial que había accedido a una vacuna tras comunicarse con González García. El episodio provocó la renuncia del entonces ministro de Salud, quien fue reemplazado por Carla Vizzotti.
En julio de 2021, Capuchetti había archivado parcialmente la situación de quienes recibieron las vacunas al entender que no existía delito. Sin embargo, el avance de la investigación modificó ese escenario. En julio de 2024 la magistrada procesó a González García por abuso de autoridad y peculado, decisión que fue confirmada tres meses después por la Sala I de la Cámara Federal.
En ese fallo, los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens también ordenaron profundizar la investigación sobre los beneficiarios de las vacunas para determinar si debían responder penalmente por haber obtenido un provecho ilegítimo. El pedido de indagatorias formulado ahora por Taiano constituye un nuevo paso en esa dirección y deberá ser resuelto por la jueza Capuchetti.
