Según los datos que cruzaron la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Secretaría de Comercio y la de Agricultura, existen unos 5000 CUITS registrados como empresas exportadoras de agroalimentos. Para poder vender al exterior a un tipo de cambio de $ 300, esas compañías deberán suscribir acuerdos de Precios Justos con la dependencia que encabeza Matías Tombolini. Y las empresas que ya participan del programa deberán garantizar la continuidad y niveles de abastecimiento. El procedimiento quedaría reglamentado este jueves, indicaron fuentes oficiales.
El mecanismo parece complejo. Como referencia, en la actualidad hay unos 200 proveedores que firmaron acuerdos de precios con el Gobierno. También hay, entre esos exportadores, empresas que no venden al mercado interno. Y un grupo de productores que proveen a las compañías fabricantes, pero que no llegan directamente a las góndolas. De todos modos, el equipo económico espera que el "dólar agro" sirva como incentivo para reforzar Precios Justos, como en su momento ocurrió con el "canal rápido" de acceso al Sistema de Importaciones (SIRA).
Los pasos a seguir
La Secretaría de Agricultura de Juan José Bahillo reglamentará, en las próximas horas, el decreto que creó el tipo de cambio diferencial. Si bien el anexo del decreto fue muy amplio, habrá restricciones para algunas exportaciones con mucho peso en el mercado interno, como la carne bovina, según anticipó el ministro de Economía, Sergio Massa, a sectores empresarios que participaron del anuncio del miércoles pasado. Tampoco entrarían al "dólar agro" determinados lácteos, aunque lo que más se exporta es leche en polvo.
Cuando ese peine más fino esté listo, en las próximas horas, Comercio creará registros y formularios para que las empresas que quieran exportar al tipo de cambio de $ 300 adhieran a los acuerdos de precios. La AFIP, por último, abrirá la barrera, siempre que exista el OK de la secretaría de Tombolini.
Según fuentes oficiales, no habrá un congelamiento, pero sí distintos senderos de aumentos mensuales, en función al peso de cada sector y cada empresa tanto en el mercado interno como en el externo. Los aumentos mensuales permitidos serían más acotados -incluso podrían ser inferiores a la pauta del 3,2% mensual- en productos con mucho impacto en la góndola local.
Impacto en precios internos
La reglamentación deberá ser muy precisa para evitar disparadas de precios en el mercado interno. Según un informe de la consultora PxQ, los 52 tipos de bienes que se incluyeron en el Anexo 2 del DNU de dólar a $ 300 "representarían el 40% del IPC". Por lo tanto, "un tipo de cambio diferencial para la exportación de estas mercaderías tendría impacto directo sobre los precios domésticos".
Un eje central que planteó el Gobierno es que el "dólar agro" reforzará los acuerdos de Precios Justos ya vigentes. En momentos en que grandes empresas reclaman una mejora en los términos porque la inflación viaja a más de 6,5% mensual, Tombolini quiere mantener el 3,2% de pauta de incremento mensual, que rige hasta fines de junio.
Temor por los costos
Grandes compañías mantendrán reuniones con el funcionario en estos días, con más interrogantes que certezas. En estas firmas, la incógnita es sobre el universo que hoy no participa de Precios Justos. "El dólar agro puede ser una buena medida para las economías regionales, pero también puede aumentar nuestros costos", advirtieron en una gran alimenticia, expectante sobre cómo el Gobierno se las ingeniará para que el tipo de cambio diferencial no impacte en la góndola. "La gran mayoría de los productores y exportadores de economías regionales no están en Precios Justos y no tienen vinculación con la Secretaría de Comercio", agregaron.
En el sector vitivinícola, especularon con que incluso las bodegas 100% exportadoras deberán firmar algún tipo de compromiso "testimonial" por el cual, en el caso de vender en el mercado interno, lo harán a precio acordado.
Las empresas exportadoras deberán firmar compromisos para trasladar el tipo de cambio de $ 300 a los productores. Será uno de los ítems que deberán cumplir, junto con la garantía de puestos de trabajo, el del sendero de precios y el abastecimiento de volumen para el mercado interno. Funcionaría como un acuerdo de partes, ya la gran mayoría de estos productos de economías regionales no cuenta con un precio de pizarra que sirva de referencia, como ocurre con la soja y sus derivados.
