El año 2024 cerró con una fuerte reconfiguración en el mapa patrimonial del gabinete nacional. Según las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción, varios ministros experimentaron un notable incremento en sus activos durante el primer año de gestión de Javier Milei.
Algunos, incluso, duplicaron o triplicaron su patrimonio en apenas doce meses. A continuación, un repaso por los funcionarios más acaudalados y los que más crecieron porcentualmente.
El canciller Gerardo Werthein encabeza la lista como el funcionario con mayor patrimonio: pasó de $ 85.553.932.433 a $ 92.056.875.605,65, un crecimiento del 7,6%. Si bien el porcentaje no es el más alto del gabinete, sus números lo colocan cómodamente en la cima del ranking económico.
En segundo lugar, se ubica Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia, cuyo patrimonio pasó de $ 12.242.817.159,25 a $ 18.089.261.439,08, lo que implica una suba del 47,7%. Su salto fue el más voluminoso en términos absolutos, con más de $5.800 millones en doce meses.
Luis Caputo, titular de Economía, también mostró un crecimiento fuerte. Su patrimonio creció un 137%, al pasar de $ 4.996.083.558,02 a $ 11.851.166.833,39. Es el segundo mayor incremento porcentual del gabinete, detrás de Karina Milei.
En cuarto lugar, aparece Guillermo Francos, jefe de Gabinete, con un crecimiento del 104%: de $ 1.395.161.329,20 a $ 2.847.538.388,10.
Federico Sturzenegger, a cargo de la cartera de Desregulación, declaró al inicio del año $ 1.770.393.342,31 y cerró con $ 2.371.733.030,08, lo que representa una variación del 33,9%.
Mario Lugones, ministro de Salud, comenzó 2024 con un patrimonio de $143.411.540,77. No se conoce aún el valor final, por lo que queda fuera del ranking de variación.
Entre los patrimonios medianos se encuentra Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, quien declaró un patrimonio inicial de $ 60.700.542,63 y finalizó con $ 188.341.118,24. Con un incremento del 210%, es uno de los aumentos más significativos en términos porcentuales.
Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, pasó de $ 60.159.721,82 a $ 96.059.423,99, con una suba del 59,6%. Luis Petri, ministro de Defensa, duplicó su patrimonio al pasar de $38.788.089,12 a $79.622.037,65 (105%).
En cuanto al Presidente Javier Milei, su patrimonio creció un 64% en 2024: de $125.640.891,45 a $206.046.375,48. La variación no fue de las más altas del gabinete, pero el salto sigue siendo significativo para un funcionario que en su campaña había declarado que "la política no era un negocio".
Su hermana, Karina Milei, fue la que más creció proporcionalmente. Al ingresar a la administración pública en diciembre de 2023, declaró $3.548.270,42. Al finalizar 2024, su patrimonio era de $11.401.021,93, lo que representa una suba del 221%. Aunque en valores absolutos es de los más bajos del gabinete, el crecimiento porcentual resulta llamativo.
La evolución de los patrimonios oficiales revela una marcada disparidad en el gabinete y abre nuevos interrogantes sobre el crecimiento económico individual de los funcionarios durante un año atravesado por el ajuste fiscal, la recesión y la caída del salario real para la mayoría de los trabajadores.
Dónde se publican los datos
Las declaraciones juradas patrimoniales son obligatorias para todos los funcionarios públicos nacionales, según la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública (N.º 25.188). Se presentan una vez al año ante la Oficina Anticorrupción (OA), que publica una versión pública en su sitio web oficial.
El trámite para acceder es sencillo: cualquier ciudadano puede consultar declaraciones pasadas o actuales completando un formulario con nombre, apellido y DNI del funcionario.
Estos documentos incluyen información sobre bienes inmuebles y muebles registrables, cuentas bancarias, acciones, inversiones, ingresos y deudas. También pueden incorporar datos del cónyuge, aunque con ciertas restricciones por la Ley de Protección de Datos Personales. Por seguridad, la versión pública omite detalles sensibles como direcciones, patentes o números de cuenta.
La OA audita y monitorea las declaraciones para detectar posibles irregularidades, aunque su capacidad de control es limitada. En algunos casos, se derivaron presentaciones a la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito o falsedad.
