El blanqueo de capitales que impulsa el ministro de Economía, Sergio Massa, para atraer fondos sin declarar radicados en cuentas de Estados Unidos, tiene penalidades no solo más bajas que las del proyecto que impulsó el kirchnerismo en el Senado, hace pocos meses, para pagarle al FMI.
También puede costar la mitad que aquel que envió al Congreso el expresidente Mauricio Macri antes de que comience a regir el intercambio de información con los países de la OCDE.
Quizás por la necesidad de fondos -ante un acuerdo que comenzará a rendir frutos en 2024- Economía decidió ofrecer a quienes tengan fondos sin declarar una alícuota del 2,5% para quienes entren en la primera etapa. Esa penalidad se duplicará en caso de que una porción importante de los bienes quede en el exterior.
Después del 31 de marzo, el cargo se elevará a 5% (o 10% para quienes no ingresen fondos al país). Y, entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, el impuesto especial llegará a 7,5% o 15%. Además, se prevé un régimen simplificado, con un 1,5% de cargo, para quienes declaren un monto mínimo, con tope de u$s 50.000.
El blanqueo de Macri
El borrador contrasta con aquella exteriorización de Macri, que dio paso al blanqueo de 116.000 millones de dólares (la gran mayoría quedó en el exterior). Entre mitad de 2016 y comienzos de 2017, los contribuyentes con dinero sin declarar pagaron alícuotas de entre 5 y 15%.
Hubo una ventana especial, sin cargo, para quienes exteriorizaron bienes por hasta $ 305.000 (unos u$s 20.000 de entonces) o compraron títulos públicos. Luego, se pautó un cargo del 5% para el blanqueo de inmuebles y activos por hasta $ 800.000; 10% para fondos superiores a ese monto que se declararan en 180 días y 15% para la instancia final.
El blanqueo de Macri tuvo incentivos, además de la "amenaza" Ocde: una reducción en las alícuotas del impuesto a los Bienes Personales (que, luego, la gestión de Alberto Fernández revirtió) y una baja en el impuesto a las Ganancias a dividendos.
Blanqueo para Construir
Los cargos del texto que elaboró Hacienda son incluso menores a los del blanqueo que rige en la actualidad para quienes declaren dinero y lo inviertan en construcción. Esa exteriorización, prorrogada desde fines de 2020 y con escaso impacto hasta el momento, pautaba una multa del 5% hasta noviembre y cargos de 10% hasta mediados de febrero y 20% hasta mitad de agosto. Con una zanahoria adicional: como el dinero puede blanquearse en pesos, los contribuyentes con plata sin declarar pueden ingresarla al tipo de cambio paralelo.
Blanqueo para pagarle al Fondo
Y quedan muy por debajo de las penalidades del proyecto de exteriorización para pagarle al Fondo Monetario Internacional (FMI) que presentó el senador Oscar Parrilli y obtuvo media sanción con la mayoría kirchnerista de esa cámara. El texto dispone abrir, por un año, un blanqueo en dólares, con alícuotas del 20% para los primeros seis meses y del 35% para el tramo siguiente. También fija una penalidad del 50% en caso de que la AFIP detecte al evasor y este pague en 15 días.
El blanqueo que impulsa Massa estará abierto a cualquier exteriorización de activos, en pesos o dólares, pero con el foco puesto en las cuentas sin declarar radicadas en Estados Unidos, luego del acuerdo para intercambiar información que firmaron los fiscos de ambos países y que le permitirá a la Argentina acceder a datos sobre los intereses de las cuentas bancarias de los contribuyentes nacionales en el país que no participó del intercambio automático entre países Ocde. Según la expectativa de los funcionarios, hay unos u$s 100.000 millones sin declarar.
Colaborador, funcionarios y familiares
El texto retoma del proyecto de Parrilli la figura del colaborador: aquella persona que aporte información determinante para que la AFIP acceda al dinero. En el proyecto con media sanción del Senado, el colaborador obtiene una recompensa del 30% sobre lo recuperado, si aporta información para blanquear al menos u$s 500.000. En el borrador del massismo, el colaborador se queda con el 20%, sobre requisitos que establecerá una posterior reglamentación.
Pero trae de la ley de Macri las exclusiones a funcionarios y familiares. Ambos textos disponen que quienes estén en la función pública a partir del 1 de enero de 2010 no podrán acogerse al blanqueo. Tampoco sus cónyuges, ni sus padres, ni sus hijos. La ley de 2016 era más amplia y alcanzaba a hermanos y otros familiares de los funcionarios, pero Macri efectuó entonces un recordado veto parcial.
