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Ante la avalancha opositora del Congreso, el presidente Javier Milei reaccionó con el anuncio de un proyecto de ley para "amurallar" el equilibrio fiscal en pos de blindarle tranquilidad a los mercados en plena campaña electoral. Sin embargo, el envío del texto todavía es incierto y la posibilidad de que el Congreso lo apruebe tiene por lo menos la fecha del recambio legislativo como un límite. En el medio, el FMI presiona por esa ley y deberá presentarse el Presupuesto 2026.

El jefe de Estado transmitió la medida a través de una cadena nacional el viernes por la noche, luego de que convocara a una reunión de Gabinete el jueves. Como antesala, la Cámara de Diputados había acelerado en una sola sesión 12 votaciones en contra del Gobierno, con medidas que aumentan el gasto público y apuntan a deshacer la tarea que llevó a cabo el Ministerio de Desregulación de la mano de las facultades delegadas de la Ley Bases.

"Usando causas nobles como excusas, promulgan leyes que irremediablemente llevan a la quiebra nacional. Los proyectos aprobados por el Congreso, si los sumamos todos -que incluyen reinstalar la moratoria previsional, aumentar el salario de los docentes y las pensiones de discapacidad, entre otros-, representan un gasto anualizado de prácticamente 2,5% del PBI", advirtió el Presidente en su discurso.

Y agregó: "Esto implicaría un aumento del gasto público equivalente a una YPF por año, o un endeudamiento adicional de más de 300.000 millones de dólares, o un incremento de la deuda del Estado Nacional del 70%".

Para impedir que prosperen estas medidas, además del veto, la propuesta del Ejecutivo es penalizar el déficit fiscal. "Este proyecto establece una regla fiscal estricta que le exige al sector público nacional obtener un resultado financiero con equilibrio o superávit. Todo nuevo gasto o recorte de ingreso que afecte este resultado deberá implicar un recorte en la misma proporción", explicó.


Muralla del superávit: ¿Cuándo estarán listas las medidas?

De la mano de este proyecto, también anunció la prohibición de la emisión monetaria, a través de la firma de una instrucción al Ministerio de Economía para que el Tesoro Nacional no le pueda solicitar dinero prestado al Banco Central de la República Argentina (BCRA). Milei dijo que lo iba a firmar este lunes, por lo que podría ya estar publicado en el Boletín Oficial este martes.

Sin embargo, el futuro del proyecto es más complejo. No sería la primera vez que el Gobierno anuncia el envío de una normativa que después nunca ve la luz del sol. Un ejemplo, el anunciado proyecto para que los delitos cometidos por organizaciones guerrilleras sean imprescriptibles -como de Lesa Humanidad-, el cual nunca se dio a conocer y anticipaba cuestionamientos por su constitucionalidad.

Pero, además, muchos de los que anuncian quedan en la trinchera, como el plan para sacar los "dólares del colchón", o la agenda de Seguridad que no pudo prosperar en comisiones en todo el año. Un escenario previsible desde el oficialismo parlamentario a contramano de las ambiciones de la Casa Rosada o el ministerio de Economía.

Según fuentes de Balcarce 50, en este caso estiman que el proyecto se enviará este año, aunque ven difícil que pueda estar listo para esta semana o incluso este mes. El punto es que, además, en el medio deberá presentarse el Presupuesto 2026, el cual será indudablemente discutido en sesiones extraordinarias. Y asoma, en paralelo, un calendario electoral que definirá al próximo Congreso.


El intento del 2025 y la ley "Déficit Cero" con De La Rúa

La fecha de presentación por ley del nuevo Presupuesto es el 15 de septiembre, y el año pasado contó con la particularidad de que el propio jefe de Estado acudió al Congreso para presentarlo, en vez del ministro de Economía. Sin embargo, la negociación quedó en un punto muerto para noviembre y la Casa Rosada terminó por cerrar la persiana, ante los insistentes pedidos de los gobernadores.

En esa oportunidad, también se había intentado avanzar en una regla fiscal. Formó parte de las pocas -por no decir únicas- negociaciones que hubo con el Palacio de Hacienda de cara a acordar un proyecto aprobable con apoyo del radicalismo y el PRO, en el marco del Presupuesto 2025.

El presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo en la presentación del Presupuesto 2025
El presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo en la presentación del Presupuesto 2025

"Hemos decidido que parte de nuestro legado sea cambiar para siempre la metodología a través de la cual se elabora el Presupuesto. Por eso estamos proponiendo una regla fiscal inquebrantable para este Presupuesto y para todos los presupuestos que vengan de acá en adelante. Va a blindar el equilibrio fiscal para siempre, terminando con el castigo de la deuda y la emisión", había dicho Milei en ese discurso en el recinto de la Cámara de Diputados.

Se trató nada más ni nada menos del artículo 1 de la Ley de Leyes de 2025: "Establécele como regla fiscal que el Sector Público Nacional deberá obtener, a partir del ejercicio 2025 y en todos los ejercicios subsiguientes, un resultado financiero equilibrado y superavitario. La presente Regla Fiscal implica que frente a cualquier desvío en los ingresos proyectados que afecten negativamente el equilibrio financiero, los gastos deberán, como mínimo, recortarse en la misma proporción", establecía el texto.

La oposición denunciaba que ese artículo le otorgaba un grado de discrecionalidad al Gobierno que no estaban dispuestos a ceder y, según fuentes legislativas, el ministro Luis Caputo había aceptado hacerle modificaciones. Finalmente, nada trascendió.

Pero no fue la única vez que se intentó avanzar en ese sentido. El presidente Fernando de la Rúa había impulsado su propia "Ley de Déficit Cero" en un intento fallido de sostener la convertibilidad de Carlos Saúl Menem. Se sancionó el 30 de julio del 2001, con colaboración del peronismo, y la Corte Suprema de Justicia la declaró inconstitucional un año después, especialmente porque el artículo 10 establecía recortes de los haberes estatales en función de la recaudación.

Hoy sigue vigente la Ley de Administración Financiera (24.156), la cual se encarga de regular el presupuesto (prorrogado desde 2023). El artículo 38 es fuertemente recordado por el presidente Milei y su entorno, puesto que establece que "toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deber especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento" y es el principal argumento utilizado para criticar las medidas opositoras.


El cronograma del FMI

Tanto los legisladores opositores como especialistas en derecho constitucional criticaron, además, la propuesta de Milei de penar a los legisladores que aprueben leyes que atenten contra el superávit fiscal. La tildan de inconstitucional. Aunque el punto de "amurallar" el equilibrio fiscal en sí, además, es una de las medidas que le pide el Fondo Monetario Internacional (FMI) al Estado argentino.

Según el staff report del organismo, el Gobierno argentino se comprometió a llevar adelante una batería de 12 medidas concretas que incluye la "regla de equilibrio fiscal". Se trata de un informe elevado en el marco de la Fase 3 del Plan de Estabilización y, además, contempla un marco fiscal de largo plazo, una reforma tributaria, la reestructuración de empresas públicas, la revisión del régimen de coparticipación y otros compromisos.

"La meta de déficit fiscal cero sigue siendo el ancla principal de la política económica", expresó Kristalina Gerogieva, la directora gerente del FMI, en la primera revisión del acuerdo publicado el 31 de julio. "Es importante garantizar que cualquier nueva iniciativa tributaria o de gasto esté financiada en su totalidad", agregó.

Se espera que el Gobierno lleve adelante esta batería de medidas entre septiembre del 2025 y finales del 2026. Si bien la primera parada para el blindaje será el Presupuesto, también le piden una Ley de Responsabilidad Fiscal que establezca al déficit como regla explícita. El Gobierno puede aprovechar el marco electoral para presentarlo, pero cualquier tipo de tratamiento solo será posible recién después del recambio legislativo.