Cuáles son las perspectivas pospandemia para las pymes y qué debería hacer el Gobierno

Los economistas Santiago Bulat, Diana Mondino y Pablo Dragún analizaron en el seminario Agenda Pyme Buenos Aires 2020 las dificultades que atraviesan las pequeñas y medianas empresas, los principales retos para el segmento y qué debería hacer el Gobierno para encaminar la recuperación.

Las pequeñas y medianas empresas afrontan una delicada situación de incertidumbre ante la falta de certeza de cuándo la actividad económica volverá a normalizarse y sus ingresos volverán a tornar sostenibles sus operaciones, por lo que analistas económicos analizaron las perspectivas del segmento en el seminario de Agenda Pyme Buenos Aires 2020.

Los especialistas coincidieron en que la crisis global del coronavirus tuvo mayores consecuencias en Argentina que en el resto del mundo debido a los ocho años sin crecimiento que acumulaba, con los últimos dos de severa recesión; restricciones mucho mayores y extensas que en otros países de la región y del mundo, y la imposibilidad de financiar con deuda externa el paquete de medidas de apoyo al sector privado, por lo que se recurrió a la emisión monetaria que aportó incertidumbre a las expectativas del sector empresario.

El director del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA), Pablo Dragún, sostuvo que las pymes ingresaron a la cuarentena con dos años "particularmente malos" por la recesión comenzada en 2018, pero que desde antes se acumulaban ya seis años sin crecimiento del PBI per cápita, lo que sin la pandemia ya habría configurado una "década perdida".

"Muchas Pymes que querían pasar de pequeñas a medianas quedaron en el camino porque cambiaron las condiciones macro, y las medianas que querían pasar a grandes tenían que hacer muchas evaluaciones que limitaron bastante el proceso. Esperemos que cuando se ordene todo esto se pueda conectar más a las pymes a la cadena de valor y que vuelvan a aspirar crecer", señaló Dragún.

No obstante, el directivo de la UIA remarcó que en el segmento industrial "hay una buena base de recuperación", para lo que consideró necesario que desde el sector público se incentive la innovación.

"Una cosa muy interesante es que el know how de las pymes y de la industria general es lo que te permite tener las soluciones innovativas ante determinados cambios de entorno. A eso hay que darle una buena inserción, así que un poco pasa por la incorporación de tecnología y otro tanto por permitir que se desarrolle bien. Hay mucho activo industrial, hay una buena base de recuperación pero hay que pensar en mejorar la competitividad", señaló.

Santiago Bulat, economista de la consultora Invecq, matizó la necesidad de incentivar la innovación al señalar que a corto plazo la prioridad debe ser el ordenamiento macroeconómico para aportar estabilidad en el sector privado, especialmente para las pymes, que contrastan sus variables de flujo de caja con las inciertas trayectorias que puedan seguir la inflación y el tipo de cambio.

"La prioridad tiene que ser el ordenamiento, hay que pensar más en estabilizar que en pensar en innovar. Cuando una pyme proyecta al futuro proyecta variables de flujos de fondos, y eso lo ajustan con lo que pase con la inflación y el tipo de cambio. Esa perspectiva es magra, no hay demasiada idea de qué se podría hacer. Al Gobierno le falta decir más o menos a dónde quieren apuntar", comentó.

En ese sentido, Diana Mondino, economista y profesora de la Universidad del CEMA, remarcó la anormalidad que representa que las pymes deban estar pendientes de manera tan minuciosa de variables monetarias y financieras de nivel macroeconómico, como la evolución de los pasivos remunerados, las reservas del Banco Central o la asistencia monetaria al Tesoro.

"Hoy las pymes están ocupándose en pensar cuántas reservas tiene el BCRA, la emisión monetaria, los pasivos remunerados, entre otras variables. Estamos trasladando la preocupación que debería ser del Estado a las empresas familiares, que tienen sus propios problemas de los que ocuparse", indicó.

En ese sentido, Mondino resaltó que si bien el Programa de Asistencia al Trabajo y a la Producción (ATP) que ayudó a pagar los sueldos fue positivo muchas pymes que sobrevivieron a la cuarentena tuvieron que afrontarlos con la toma de créditos a tasas subsidiadas ante el desplome de sus ingresos.

Bulat coincidió en este aspecto y señaló que, tras más de cinco meses de cuarentena y la falta de una fecha de normalización, la incertidumbre es el mayor perjuicio a las empresas pequeñas.

"No hay noción de cuándo se pueda volver, lo que más perjudica a la empresa es no entender el cuándo. Si van a cortar con los programas de asistencia, si a una empresa no le dan certidumbre la decisión va a ser cerrar en lugar de seguir descapitalizándose. Ese es el principal problema, la incertidumbre", sostuvo, aunque consideró que la moratoria ampliada es una señal "positiva".

En otro orden, Dragún planteó que la política tributaria debería orientarse a promover la toma de decisiones que puedan incrementar la productividad, por más que los intereses de la administración tributaria "no sean los mismos".

"A nivel nacional no se utiliza acordemente la política tributaria como instrumento de desarrollo productivo. Los intereses de la administración tributaria a veces no son necesariamente los mismos de una buena política tributaria, que deberían generar un sendero para que las empresas puedan tomar las decisiones para que puedan ser más productivas. Hay mucha resiliencia en las pymes, pero es difícil proyectar un salto hacia adelante. Es un salto casi mortal", dijo.

Y agregó: "Hay varias cuestiones a modificar también en otros niveles, sobre todo Ingresos Brutos: cuanto más larga es la cadena de valor en el país más alto es el costo impositivo sobre el producto final, lo que quita competitividad, porque es un impuesto en cascada. La propia política tributaria de las provincias perjudica la producción." 

Mondino, en tanto, manifestó su preocupación en las dificultades de recuperación que tendrá el mercado de trabajo debido a los costos de contratación, y propuso que las empresas no paguen las cargas sociales de los nuevos empleados que tomen.

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