La crisis de la obra social militar sumó este jueves un nuevo capítulo con la salida del coronel mayor retirado Ariel Guzmán, quien estaba a cargo de administrar la liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA).
Su renuncia se produjo después de una reunión con el ministro de Defensa, Carlos Presti, en medio de las diferencias por los tiempos y el modo en que se lleva adelante la transición hacia la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA).
El recambio se produce cuando el sistema todavía no logró resolver uno de sus principales problemas: cómo separar definitivamente la nueva estructura de la deuda acumulada por el viejo organismo.
El pasivo con prestadores y proveedores ronda actualmente los $213.000 millones, mientras continúan los reclamos por prestaciones demoradas o interrumpidas y persisten dudas sobre el futuro de la red de atención.
A esto se suma el frente laboral. ATE realizó este mediodía una protesta frente a la sede de la obra social y denunció que están en riesgo alrededor de 600 puestos de trabajo.
Según el gremio, casi 400 trabajadores contratados de hoteles, residencias y recreos podrían quedar sin continuidad a fin de mes, mientras el personal de planta permanente podría pasar a disponibilidad.
“Los milicos que dirigen la IOSFA SE ESCONDEN COMO RATAS!!! No vamos a permitir que despidan a los trabajadores. REVENTARON LA OBRA SOCIAL, LA FUNDIERON. Cuando llegaron había un superávit de $25.000 millones y ahora hay una deuda de más de $500.000 millones QUÉ HICIERON CON LA GUITA!! SE LA ROBARON TODA!!”, cuestionó el referente de ATE Rodolfo Aguiar en redes sociales.
La situación tiene su origen en la decisión adoptada por el Gobierno en febrero, cuando mediante el DNU 88/2026 dispuso la disolución y liquidación del IOSFA y creó dos nuevas entidades: la OSFA, dependiente del Ministerio de Defensa, para los integrantes de las Fuerzas Armadas, y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, para Gendarmería y Prefectura.
El decreto estableció un período de transición de hasta 365 días para concretar el traspaso de afiliados, personal, bienes y obligaciones.
El objetivo oficial era comenzar una nueva etapa sin trasladar a las nuevas obras sociales el peso del pasivo histórico. De hecho, cuando se presentó la OSFA, el Gobierno aseguró que el nuevo organismo comenzaría a operar sin las deudas del sistema anterior y que el Estado asumiría las obligaciones pendientes.
Pero la transición terminó generando una situación particular: IOSFA todavía sigue prestando servicios mientras OSFA ya recibe los aportes correspondientes a los afiliados de las Fuerzas Armadas.
Ese esquema también deja en primer plano el problema de la deuda. IOSFA arrastra dificultades financieras desde hace años y durante 2025 se sucedieron informes de auditoría destinados a determinar el origen y la evolución de sus pasivos. El organismo llegó a publicar informes específicos sobre su deuda al cierre de 2024, al 31 de marzo, al 30 de junio y al 30 de septiembre de 2025.
La crisis tuvo consecuencias concretas sobre la atención. Durante los últimos meses hubo reclamos por cortes o demoras en prestaciones, farmacias, reintegros y servicios médicos. En abril, el propio IOSFA informó que había comenzado un proceso de regularización de pagos a prestadores y proveedores luego de las dificultades registradas durante los meses anteriores.
En junio, además, las autoridades reconocieron ante afiliados la delicada situación económica y señalaron que se habían negociado acuerdos de pago y financiación de deuda con prestadores y laboratorios para evitar nuevos cortes. Entre las medidas anunciadas también figuraron una reducción de la estructura jerárquica y cambios en algunas prestaciones.
Ahora, con la salida de Guzmán, vuelve a aparecer el problema de fondo: quién y cómo administrará el pasivo mientras la nueva obra social intenta ponerse en marcha. El DNU que creó OSFA estableció que el Poder Ejecutivo deberá instrumentar el mecanismo para cancelar las obligaciones del IOSFA, pero la transición todavía mantiene responsabilidades superpuestas.
