Correo Argentino: el juez Lijo citó a indagatoria a Oscar Aguad

El ex ministro de Comunicaciones, y actual de Defensa, fue convocado por el magistrado federal para declarar en el marco de la investigación por supuestas irregularidades en el pago de deuda de la empresa al Estado nacional.

El juez federal Ariel Lijo citó hoy a indagatoria al ministro de Defensa y ex ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, en el marco de la investigación por las supuestas irregularidades en el acuerdo de pago de deudas del Correo Argentino S.A. al Estado nacional, en 2016.

El magistrado dispuso que Aguad sea citado para el 28 de febrero en el último lugar de la ronda de indagatorias solicitada ayer por el fiscal del caso, Gerardo Pollicita. La tanda de indagatorias incluirá la declaración del ex director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones Juan Manuel Mocoroa, quien fue citado para el 26 febrero próximo. 

Tal como lo había solicitado Pollicita, Lijo citó también al presidente del directorio del Correo Argentino S.A. Jaime Robirosa para el 19 de febrero, y al abogado Jaime Kleidermacher para el 21 del mismo mes

Ayer, el fiscal Pollicita había dictaminado que los imputados son corresponsables de una "quita abusiva" en la deuda de la empresa postal con el Estado, decisión que habría perjudicado a la Administración Pública.

El fiscal sostuvo que "se encuentran reunidos los elementos de cargo necesarios para sostener, con el grado de certeza requerido en esta etapa", que mediante un acuerdo de pago del crédito verificado por el Estado Nacional, los imputados "obligaron abusivamente" a la Administración Pública "con el interés de beneficiar a la firma Correo Argentino S.A".

Pollicita afirmó que cuando Aguad tenía bajo su responsabilidad "el cuidado del patrimonio público consistente en el crédito que el Estado Nacional verificó" (en el expediente 94.360/01) "contra Correo Argentino, omitió obrar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios".

En este sentido, consideró que esa conducta "exigía la normativa que regulaba su accionar y los precedentes jurisprudenciales en materia comercial, obligando a la Administración Pública a aceptar una quita abusiva de su crédito, con el interés de beneficiar a la empresa involucrada y para lo cual contó con el aporte necesario de sus consortes de causa".
 

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