FISCALIZACIÓN

Controlaron súper chinos por desvíos en Precios Máximos: sanciones y una clausura

Los operativos tuvieron lugar esta tarde en los barrios de Constitución y San Telmo, y concluyeron con 25 actas por sobreprecios y un cierre. En lo que va del año ya se realizaron 1500 inspecciones, que se suman a 34.000 realizadas en 2020.

La Secretaría de Comercio Interior y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) labraron actas y procedieron hoy a la clausura de supermercados chinos y autoservicios. Fue en el marco de procedimientos en los que se detectaron sobreprecios en productos que participan del programa Precios Máximos.

Según la información provista por la Secretaría de Comercio Interior, encargada del monitoreo y la fiscalización del programa, se realizaron 45 controles en los barrios de San Telmo y Constitución en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como resultado se labraron 25 actas por sobreprecios y se procedió a la clausura de un local.

El operativo comenzó a media mañana y se extendió hasta pasadas las 14. En diálogo con la agencia Télam, el inspector Gustavo Vaqueiro dijo que "nos encontramos en el barrio de Constitución para realizar un operativo en conjunto con la AFIP para verificar el cumplimiento de Precios Máximos".

Y en cuanto al resultado de las actuaciones, apuntó: "Encontramos sobreprecios y se labró un acta para que puedan hacer su descargo en diez días hábiles". 

"Encontramos sobreprecios y se labró un acta para que puedan hacer su descargo en diez días hábiles", señaló el inspector Gustavo Vaqueiro durante el operativo

Sobre este punto, consideró que "el supermercado tendrá diez días hábiles para hacer su descargo y, de no ser satisfactorio, pasa a un trámite legal para, de corresponder, realizar una sanción económica".  

Según lo establecido por la Secretaría de Comercio Interior, las inspecciones contemplan una verificación presencial, destinada a que los inspectores comparen los precios exhibidos en las góndolas y los que se marcan en la caja coincidan con los valores máximos establecidos por el Gobierno.

Si un local incumple los parámetros fijados se le exige que reduzcan esos precios y se labran actas intimando a los dueños o encargados a explicar las razones del desvío, así como presentar documentación que las acredite frente a los funcionarios de la Secretaría de Comercio Interior, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo.

En el caso de que las infracciones involucren a más de 10 productos, según los procedimientos los inspectores pueden realizar una clausura preventiva del comercio por 24 horas. En ese lapso los comerciantes deberán corregir los valores de góndola. Si pasado ese tiempo se verifica la corrección de los precios, se levanta la clausura.

"Desde el primer día de la pandemia estamos trabajando y estamos haciendo un promedio de 70 a 100 inspecciones diarias, y si hay exceso de precios se labra un acta de corresponder o una sanción inmediata que puede ser una clausura", señaló. Vaqueiro dijo que "el objetivo de estos operativos es que los consumidores puedan acceder a precios justos, razonables y que no haya abusos en los precios".

La fiscalización del cumplimiento de Precios Máximos está vigente desde el lanzamiento del programa pero se intensificaron los controles con participación de funcionarios de la AFIP al decretarse la cuarentena el 20 de marzo de 2020, y por el faltante de algunos productos como alcohol en gel, guantes y barbijos, y con el fin de garantizar el abastecimiento y el precio de estos productos sanitarios esenciales.

A lo largo del año pasado se desarrollaron unas 3000 inspecciones conjuntas en industrias, distribuidoras, y comercios de diverso tipo en distintas localidades del país.

Fuentes gubernamentales confirmaron que la Secretaría de Comercio Interior realizó sólo en lo que va del año más de 1500 fiscalizaciones en empresas, comercios de proximidad y supermercados. 

La Secretaría de Comercio Interior realizó sólo en lo que va del año más de 1500 fiscalizaciones en empresas, comercios de proximidad y supermercados

Esto se suma a los más de 34.000 operativos de fiscalización de precios y abastecimiento de productos esenciales que se realizaron en 2020, en los que se labraron más de 4000 actas por infracciones a los precios máximos, y realizaron más de 600 clausuras preventivas por incumplimientos en los precios.

Las resoluciones 100/2020 y 86/2020 estipulan que los fabricantes, distribuidores y comercializadoras de productos de la canasta básica de alimentos, bebidas, higiene personal y limpieza debieron retrotraer los precios al 6 de marzo pasado, y de alcohol en gel al 15 de febrero.

Luego de casi un año sin aumentos o con autorización de subas que no van más allá del 10% en un contexto de inflación del 36% en el año, los empresarios vienen reclamando medidas para poder ajustar valores y compensar, de alguna manera, la fuerte suba de costos.

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