Esta semana el Congreso avanzó con la media sanción del nuevo pacto fiscal que reemplaza al firmado en 2017 bajo el gobierno de Mauricio Macri y que permitirá a las provincias subir impuestos y embolsar más $ 70.000 millones en el año, además de poner límites al endeudamiento de las provincias y de suspender juicios por la distribución de la coparticipación.

El acuerdo fue firmado el 4 de diciembre por el presidente, Alberto Fernández, y representantes de 21 gobernaciones provinciales. Solamente no estamparon la rúbrica la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), enfrentada con Nación por los cambios en materia de coparticipación; San Luis y La Pampa, aunque estas últimas dos brindaron su apoyo.

La iniciativa ya tuvo la media sanción en el Senado y fue girada a Diputados. Luego, las gobernaciones deberán elevar a las legislaturas provinciales proyectos que repliquen la aprobación.

Ingresos Brutos y otros impuestos

El carozo del nuevo Consenso Fiscal pasa por la posibilidad de subir el impuesto sobre los Ingresos Brutos, que, estiman, permitirá a los fiscos provinciales captar más de $ 70.000 millones adicionales.

Específicamente, el pacto prorroga por otro año las restricciones a la suba de impuestos que disponía el convenio impulsado por Macri.

Así, si el acuerdo se convierte en ley permitirá nuevamente a las provincias gravar con Ingresos Brutos las exportaciones y los servicios prestados en el exterior, además de posibilitar la eliminación de los topes establecidos en el acuerdo de 2017 que decrecían año a año, con lo que muchas podrán ser elevadas al nivel que tenían previamente.

La suspensión de estos topes a las alícuotas de Ingresos Brutos estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2021.

También elimina topes al impuesto inmobiliario y permite incrementar las alícuotas del impuesto a los Sellos, a la vez que las provincias podrán reestablecer los impuestos que algunas aplicaban sobre el salario a trabajadores.

Los artículos del Consenso Fiscal 2017 que suspende sobre estos tributos son:

• Para el inmobiliario, la obligación de establecer una alícuota de 0,5% y 2%. Ahora las provincias podrán elevarla más allá de ese máximo.
• Para Sellos, la adecuación a un esquema de reducción gradual de 0,75% a partir de 2019, 0,5% a partir de 2020, 0,25% a partir de 2021 y eliminarlo a partir de 2022. Con el actual Consenso Fiscal se elimina tal atadura, al igual que la que impedía elevar la carga sobre transferencias de inmuebles y automotores y la que prohibía tratamientos diferenciales según radicación.
• Para los impuestos provinciales sobre el salario, la norma lo prohibía, especialmente los que gravaban con mayor tasa a aquellos trabajadores de otras provincias. Siete provincias debieron derogarlos cuando salió el Pacto Fiscal de 2017, pero ahora podrán reimplantarse.
• Para los impuestos sobre el combustible, quedó suspendida la prohibición de gravar la transferencia de combustible, gas, energía eléctrica y servicios sanitarios, que tenía como excepción las transferencias destinadas a consumidores finales.

Por otro lado, el pacto persigue la "armonización y simplificación" del sistema tributario, que incluye una intensificación de intercambio de información sobre la titularidad de bienes inmuebles, el ingreso de las provincias al Padrón Federal de Ingresos Brutos y el diseño de un programa de coordinación de normas impositivas, regímenes de retención, percepción y recaudación y regímenes especiales para pequeños contribuyentes.

Deuda externa y coparticipación

Otro de los aspectos es el de la deuda en moneda extranjera. Durante 2021, las provincias no podrán aumentar el stock de acreencias de este tipo respecto al monto que tenían al 31 de diciembre de 2020 y Nación tendrá la potestar de denegar la autorización de crédito.

Cada gobernación replicará este punto con los municipios. Hay algunas excepciones:

• El financiamiento de organismos bilaterales o multilaterales de crédito,
• Desembolsos pendientes de acuerdos firmados antes del 31 de diciembre de 2020,
• Los incrementos de stock por canjes o reestructuraciones,
• Endeudamiento que tengan como garantía recursos provinciales que se cobren en moneda extranjera y sin afectación presupuestaria.

Además, las provincias firmantes se comprometen a no iniciar juicios y suspender los procesos en curso respecto a la distribución de la coparticipación federal, a transferencias de competencias y afectaciones de recursos, salvo los que tengan sentencia firme.