La experiencia de Brasil tras la reforma laboral de 2017 se ha convertido en una referencia obligada en el debate argentino, justo cuando el Senado acaba de otorgar media sanción a un proyecto que apunta en una dirección similar: mayor flexibilidad en las relaciones laborales, reducción de la litigiosidad y fortalecimiento de la negociación entre partes.
En el caso brasileño, el punto de partida fue un mercado de trabajo regido por normas de 1943, la Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que había quedado desalineada respecto de las dinámicas productivas modernas.
Bajo el gobierno de Michel Temer (2016-2018), se introdujo una reforma profunda que trasladó a la negociación colectiva la redefinición de 15 aspectos que hasta entonces estaban rígidamente regulados por ley y bajo fuerte intervención de la Justicia laboral.
De acuerdo a un informe publicado por la Fundación Mediterránea, el principio rector fue que lo acordado entre empleadores y trabajadores —en convenios sectoriales, de empresa e incluso individuales en ciertos casos— prevaleciera sobre la legislación en materias específicas.
Esto permitió flexibilizar la jornada laboral, segmentar vacaciones, crear bancos de horas, introducir modalidades como el trabajo intermitente o a tiempo parcial y habilitar la negociación de participación en utilidades. Al mismo tiempo, se incorporaron mecanismos para desalentar demandas laborales de mala fe, con el objetivo explícito de acotar la llamada “industria del juicio”.
El impacto fue visible en varios frentes. En primer lugar, cayó de manera significativa la litigiosidad laboral. En segundo término, aumentó el empleo formal, particularmente en sectores intensivos en mano de obra. Antes de la pandemia, Brasil pasó de destruir más de 100 mil puestos netos en febrero de 2016 a crear más de 170 mil en febrero de 2019. En una perspectiva más amplia, el empleo privado formal mostró un crecimiento sostenido, en contraste con el estancamiento argentino.
La mejora del mercado laboral no puede entenderse aisladamente. La reforma coincidió con un cambio macroeconómico clave: la aprobación de un techo al gasto público que contribuyó a anclar expectativas, reducir la inflación a un dígito y habilitar una baja sustancial de la tasa de interés real. Tras la crisis del gobierno de Dilma Rousseff y la sobrerreacción cambiaria de 2015, el tipo de cambio encontró cierta estabilidad, las expectativas de devaluación se moderaron y se consolidó un descenso de la tasa Selic en términos reales. Ese “mix” de dólar y tasas potenció los efectos de la reforma sobre la inversión y el empleo.
El resultado fue una divergencia creciente con la Argentina. Entre 2016 y 2025, Brasil acumuló un crecimiento muy superior y amplió la brecha en creación de empleo privado formal. Hoy exhibe una tasa de desempleo en torno al 5%, su mínimo histórico, en un contexto en el que no dejó de ser un país con alta presión tributaria, regulaciones complejas y rasgos proteccionistas. No se transformó en una economía nórdica; simplemente modernizó reglas clave y ordenó su macroeconomía.
Argentina, en cambio, llega a su debate laboral con una historia reciente marcada por estanflación, alta informalidad y fuerte litigiosidad. La media sanción en el Senado abre la puerta a cambios en materia de contratación, indemnizaciones y promoción del empleo formal, pero enfrenta un contexto macro más frágil.
La principal lección brasileña no es que la reforma laboral, por sí sola, genere un milagro de empleo. Es que, combinada con un marco macroeconómico más previsible y reglas fiscales claras, puede contribuir a formalizar, mejorar la productividad y ampliar la base de empleo privado. El desafío argentino radica en replicar no solo la letra de la reforma, sino también las condiciones que permitan que sus efectos se desplieguen plenamente.
