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Fuente: DYNMarcelo Del Arco
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El Tribunal Oral Federal N°7 rechazó este lunes el ofrecimiento económico que habían presentado los empresarios imputados en la causa Cuadernos para eludir el juicio.
Se trata 50 ejecutivos que ofrecían una reparación integral, a cambio de que se anule la acusación en su contra, en el debate previsto que arranque el 6 de noviembre.
En línea con la postura de la fiscal Fabiana León, que rechazó de manera tajante un posible acuerdo al sostener que "la corrupción se juzga" y "la honra no se paga", los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli resolvieron que todos los imputados enfrenten el juicio.
En la audiencia previa, la Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en el expediente, también solicitó rechazar los ofrecimientos. En la misma línea se expresó el chofer Oscar Centeno.
Ofertas millonarias que no prosperaron
Entre agosto y septiembre de 2025, las defensas de empresarios como Aldo Benito Roggio, Cristóbal López, Ángel Calcaterra y exfuncionarios como Juan Manuel Abal Medina, entre otros, ofrecieron sumas que en algunos casos superaban los mil millones de pesos para reparar integralmente el daño y extinguir la acción penal.
Los montos se calcularon con base en los embargos fijados por la Cámara Federal, actualizados con la tasa activa del Banco Nación. Roberto Juan Orazi, uno de los primeros en hacer el planteo, ofreció $ 136.403.400. Hugo Dragonetti propuso $ 1.421.195.500, mientras que Cristóbal López llegó a ofrecer más de mil millones de pesos.
La postura de la fiscal: "No se vende impunidad"
La fiscal Fabiana León se opuso frontalmente a la aplicación del instituto. En la audiencia del 12 de septiembre, sostuvo que se trata de "un caso de gran corrupción en el que se encuentran involucrados agentes estatales y empresarios" y que admitir las propuestas "significaría banalizar delitos de corrupción sistémica y mercantilizar el proceso penal".
"Esta fiscalía no vende impunidad", afirmó León, agregando que el daño ocasionado "excede lo patrimonial" y alcanza "dimensiones institucionales, políticas y sociales que solo pueden repararse a través de un debate oral y público".
La Unidad de Información Financiera (UIF) también se opuso, argumentando que los hechos investigados constituyen "delitos de corrupción de extrema gravedad institucional" y que aceptar las propuestas sería "enviar un mensaje de impunidad".
Causa Cuadernos: los argumentos de las defensas
Las defensas sostuvieron que la reparación integral es un instituto plenamente vigente desde la sanción de la ley 27.147 en 2015, que no requiere conformidad fiscal y que permite extinguir la acción penal cuando se repara completamente el daño causado.
El abogado Ricardo Saint Jean, defensor de Roberto Juan Orazi y Jorge Juan Mauricio Balán, argumentó que el instituto "no es comprar impunidad" sino aplicar una norma legal vigente. Destacó que muchos imputados tienen más de 70 u 80 años y que la magnitud del juicio -con más de 100 acusados y 600 testigos- hace imposible un juzgamiento en plazo razonable.
Otros letrados, como Mariano Mendilaharzu (defensor de Hugo Dragonetti y Juan Manuel Collazo) y Pablo Medrano (por Mario Ludovico Rovella), insistieron en que la oposición fiscal no es vinculante y que el juez puede apartarse de ella si considera que la reparación es integral.
La fundamentación del rechazo
El juez Enrique Méndez Signori, en un extenso voto de más de 100 páginas, señaló que la reparación integral es un "supuesto de disponibilidad de la acción penal" en cabeza del Ministerio Público Fiscal, titular de la acción según el artículo 120 de la Constitución Nacional.
Explicó que cuando el fiscal se opone y su dictamen supera el "control de logicidad, razonabilidad y fundamentación", esa oposición resulta vinculante para el tribunal.
El juez Germán Castelli adhirió destacando que en el expediente ya había aplicado el artículo 36 de la Constitución -que establece la imprescriptibilidad de graves delitos dolosos contra el Estado que conlleven enriquecimiento- al rechazar planteos de prescripción.
Próximo paso: el juicio oral
Con esta resolución, queda confirmado que el debate oral y público comenzará el 6 de noviembre de 2025, tal como estaba previsto. Se trata de uno de los juicios más complejos de la historia judicial argentina, con más de 100 acusados entre empresarios y ex funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Las defensas podrán apelar la decisión ante la Cámara Federal de Casación Penal. Varias ya formularon reservas de caso federal para eventualmente llegar a la Corte Suprema.
La causa investiga un presunto esquema de recaudación ilícita de fondos entre 2003 y 2015, que habría involucrado a funcionarios públicos y empresarios en delitos de cohecho activo y pasivo, asociación ilícita y lavado de dinero.
