La oposición, en el marco de la Comisión especial en Diputados investigadora del caso Libra, aprobó solicitar a la Justicia que disponga la comparecencia obligatoria de dos testigos. Se trata del titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, y de María Florencia Zicavo, responsable de la Unidad de Investigación creada por el propio Gobierno, quienes se ausentaron por segunda vez de la citación parlamentaria.

Frente a estas reiteradas inasistencias, los legisladores de la oposición resolvieron efectuar una presentación ante los tribunales federales para que ambos funcionarios sean llevados a declarar mediante el "auxilio de la fuerza pública".

La moción fue leída por el presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica. El texto sostiene: "Constatándose dos inasistencias consecutivas, resuélvase solicitar al juez de turno arbitrar los medios para que Alejandro Melik y María Florencia Zicavo tengan que comparecer recurriendo al auxilio de la fuerza pública".

Qué es el caso Libra

El caso $LIBRA estalló el 14 de febrero de 2025, cuando el presidente argentino Javier Milei publicó desde su cuenta de X un tuit recomendando una criptomoneda llamada $LIBRA. Esa recomendación provocó un fuerte aumento del valor del token en pocas horas, para luego producirse una caída abrupta que dejó pérdidas importantes para inversores minoristas.

El proyecto detrás de $LIBRA está vinculado a la empresa Kelsier Ventures, liderada por Hayden Mark Davis, junto con otros actores como Julian Peh de KIP Protocol. Según los análisis, una parte muy importante del token ($LIBRA) se concentró en pocas billeteras "fundadoras" o insider wallets, que aprovecharon la subida fulminante para desprenderse del token antes del desplome, dejando pérdidas a quienes ingresaron más tarde. ¨

Se estiman pérdidas para los inversores en decenas o cientos de millones de dólares: distintos reportes dan cuenta de que más del 80-86 % de los pequeños inversores perdieron dinero. Además, se identificaron denuncias penales presentadas por afectados, así como investigaciones fiscales y judiciales en Argentina, y al menos alguna cooperación con jurisdicciones extranjeras