Cambiemos rechazó tratar suspensión a desalojo de indígenas en Diputados

En medio de la tensión política por la desaparición de Santiago Maldonado y una semana después de un rechazo similar en el Senado, Cambiemos se negó ayer en la Cámara de Diputados a tratar la prórroga de las suspensiones a los desalojos de las comunidades indígenas. La oposición necesitaba, para lograrlo, los dos tercios de los votos. El oficialismo utilizó a su tercio para evitar la discusión.

Como el proyecto no estaba en el temario, el pedido del diputado del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), Pablo López, necesitaba los dos tercios, pero no los logró. La oposición tuvo 114 votos a favor de debatirlo, mientras que Cambiemos logró reunir 79 en contra, y hubo tres abstenciones.

Al plantear la cuestión, López señaló que los pueblos originarios "están sufriendo una avanzada a cuenta y orden de los terratenientes", lo que relacionó con la situación del colectivo mapuche en Cushamen, donde desapareció Maldonado. "Tenemos la advertencia, en Salta, del gobernador (Juan Manuel) Urtubey de que no va a prorrogar ninguna ley que proteja a los campesinos y pueblos originarios contra los desalojos", advirtió.

En sintonía, la massista Graciela Camaño señaló que la cuestión de la tierras "es un drama habitacional como el de los porteños", y que "el tema no está resuelto" porque "ha sido el Estado el responsable de no haber hecho todo lo que tendría que haber hecho".

La Ley 26.160 declaró en 2006 la emergencia "en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país" y suspendió los desalojos durante cuatro años. En ese plazo, el Estado debía realizar, a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las tierras ocupadas por las comunidades, para lo que le fue asignado un presupuesto de $ 30 millones en tres años.

Sin embargo, vencidos los plazos, el relevamiento no se había cumplido, por lo que el Congreso otorgó sucesivas postergaciones hasta este año.

Lo que piden las organizaciones es una nueva prórroga hasta 2021, con la asignación de recursos para terminar el censo. Del total de 1.532 comunidades identificadas en la actualidad, fueron relevadas 759. Es decir, un 49% del total. De esas comunidades censadas, sólo 459 cuentan con resolución; mientras que 303 todavía no concluyeron el proceso. Y por lo menos 623 comunidades aún no lo han siquiera iniciado. Es decir que al menos 926 comunidades quedarían a la deriva de no prorrogarse la norma.

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