La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, se reunió con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y llegaron a un acuerdo para destrabar el nudo más conflictivo de la Ley de Propiedad Privada.
La reunión se concretó esta tarde en el despacho de la senadora y contó con la participación del secretario de Desregulación, Alejandro Cacace. El objetivo del cónclave era acercar posiciones sobre el artículo 25 del proyecto, el que regula la venta de tierras a extranjeros y que ya lleva cuatro postergaciones en el recinto.
“Ahí es es donde está el quilombo. De las 15 versiones (del proyecto), todas fueron en ese artículo. No es que haya cambiado el proyecto en general. Solo ese punto”, preveían fuentes al tanto de la negociación. Finalmente, según pudo reconstruir El Cronista, el acuerdo consistió en sostener la redacción original del dictamen.
“Entendieron que era producto de un acuerdo”, sostuvieron las fuentes consultadas. De esta manera, se acordó que no era necesario incorporar una cláusula específica sobre las provincias, que seguirán ejerciendo sus facultades “en el marco de sus competencias”, según resaltaron.
El foco de discusión era sobre la reforma de la Ley de Tierras. La norma vigente, sancionada en 2011, establece que personas físicas o empresas extranjeras no pueden concentrar más del 15% de las tierras rurales del país, de una provincia o de un municipio. También fija un límite de 1.000 hectáreas por titular extranjero en la zona núcleo y prohíbe la adquisición de inmuebles con cuerpos de agua permanentes o ubicados en zonas de frontera.
El proyecto impulsado por el Gobierno elimina esos límites y mantiene únicamente restricciones para los Estados extranjeros y las empresas con participación estatal extranjera. El resto del mercado de tierras rurales quedaría equiparado entre inversores nacionales y extranjeros.
La principal diferencia durante la negociación pasaba por el alcance de las facultades provinciales. Los aliados impulsaban incorporar un artículo que habilitara expresamente a las provincias a crear registros para supervisar las compras de tierras por parte de extranjeros, una alternativa que fue rechazada por Sturzenegger por considerar que esas atribuciones ya forman parte de las competencias provinciales.
“Fue sobre todo eso, una reunión para aclararle las dudas que tenía con respecto del por qué los cambios que habíamos hecho. Tenían que ver con una mirada federal respecto al uso de la tierra, pero por supuesto que hay códigos de fondo que rigen, como es el Código Civil. Lo de fronteras quedaba igual, pero habíamos sumado a las provincias porque tienen proyectos que no pueden solo ser un trámite burocrático”, explicó la propia Bullrich a la prensa acreditada en el Congreso, a la salida del encuentro.
Frente a los cuestionamientos de la oposición sobre la soberanía del suelo rural, la exministra defendió además el ingreso de capitales extranjeros sin techo como motor de empleo. “Un pedazo de tierra es simplemente un título de dominio, eso no afecta la soberanía. Nuestra Constitución es clara en el artículo 20 que cualquier persona de cualquier nacionalidad puede tener actividades en la Argentina. Si un extranjero hace algo ilegal le vale la misma ley que a un argentino. La soberanía es otra cosa”, sostuvo.
“Estamos invitando a los extranjeros a que vengan a invertir y a que puedan fomentar más generación de empleo”, planteó en su momento el ministro Sturzenegger cuando fue a defender el proyecto a comisión, y remarcó que se trata de un paso hacia adelante para que los jóvenes argentinos elijan quedarse a vivir y trabajar en el país.
La negociación por el artículo de tierras no es el único frente abierto para la cartera de Desregulación. En paralelo a la Ley de Propiedad Privada, Sturzenegger todavía tiene pendiente la aprobación de la Ley Hojarasca, otro de los proyectos que envió este año y que tampoco logró avanzar en el Congreso.
A esos dos frentes se suma un tercer proyecto que empezó a circular durante el fin de semana. Entre los cambios que prevé el borrador, al que accedió El Cronista, figura una nueva reforma al régimen de corretaje inmobiliario, que elimina la matrícula obligatoria y el requisito de título universitario para actuar como corredor. Para ejercer la actividad, bastaría con ser mayor de edad y poseer título secundario, permitiendo operar tanto a personas humanas como jurídicas.
Además, la norma prohíbe expresamente cualquier barrera que restrinja el mercado, como la fijación de aranceles, comisiones u honorarios con pisos mínimos o topes máximos.
El documento también modifica el régimen del gas licuado de petróleo (GLP), con una cláusula que prohíbe de manera expresa cualquier regulación o intervención sobre precios, cantidades, volúmenes, márgenes de rentabilidad y condiciones comerciales, manteniendo controles únicamente por cuestiones de seguridad pública.
En materia de medicamentos, el proyecto habilita la comercialización de drogas y especialidades farmacéuticas mediante canales digitales o medios tecnológicos, permitiendo el envío a domicilio. A su vez, autoriza que los medicamentos de venta libre sean ofrecidos en otros establecimientos comerciales ajenos a las farmacias. El texto permite que las farmacias se constituyan bajo cualquier figura jurídica y operen en los horarios que decidan sin restricción alguna, con la sola obligación de comunicarlos a la autoridad sanitaria.
El borrador avanza además con fuertes desregulaciones culturales e institucionales. Deroga la ley de Defensa de la Actividad Librera (Ley 25.542), que fija un precio uniforme para los libros, y la ley que obliga a doblar al castellano las producciones extranjeras emitidas por televisión (Ley 23.316). También establece que el Gobierno podrá determinar excepciones para los trámites en los que resulte exigible la presentación de documentación traducida al idioma nacional por traductores públicos.
En el plano agropecuario, propone eliminar la ley de arrendamientos y aparcerías rurales y desarticular el financiamiento obligatorio del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, llevándolo a un esquema de contribuciones voluntarias para 2027. Un golpe de efecto para la industria es la derogación de la Ley N° 25.849, lo que determina el cierre definitivo y la liquidación de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR).
En materia de navegación, el proyecto abre el transporte y comercio de cabotaje interno a buques de bandera extranjera, requiriendo únicamente una incorporación gradual de trabajadores argentinos a esas tripulaciones de acuerdo al tiempo de operación acumulado. También modifica la Ley de Navegación para flexibilizar la contratación laboral a bordo y otorgar validez jurídica a los conocimientos de embarque emitidos en soportes electrónicos o digitales.
Finalmente, el texto incorpora un novedoso capítulo sobre instrumentos financieros. La iniciativa reforma el régimen de prenda con registro y las operaciones de warrant. Entre las innovaciones, permite la constitución de prendas utilizando firma electrónica avanzada, contratos inteligentes y tecnologías de registro distribuido.
Crucialmente, autoriza de manera explícita que activos virtuales (como las criptomonedas) y saldos digitales sean utilizados como objeto de prenda fija y flotante, y flexibiliza el sistema de warrants para bienes agrícolas en proceso de transformación, sin necesidad de que estén en depósitos de terceros.
Pese a la circulación del borrador, en el propio Gobierno remarcaron que el contenido final del proyecto todavía no está cerrado. “La verdad es que se sigue trabajando, así que hay cosas que están tomando de ese supuesto borrador que no sé si van a terminar estando”, reconocieron fuentes oficiales consultadas sobre el estado real de la iniciativa.
Pese a que el Título X del anteproyecto establece de manera explícita en su artículo 345 la declaración de la “emergencia pública en materia administrativa y de competencia en los mercados por el plazo de seis meses” y pide la delegación de facultades legislativas para el Poder Ejecutivo, desde el Gobierno salieron a desmentir su inclusión. “No, eso no es cierto. No se evalúa esa posibilidad”, negaron fuentes oficiales.
