Bono IFE ANSeS: discusión al interior del Gobierno sobre otorgar un cuarto pago

La primavera será el momento de tomar decisiones difíciles para el gabinete económico de Alberto Fernández. Hasta que llegue la nueva estación, los funcionarios tendrán tiempo de ver los índices sanitarios y el impacto que la política de protección a los sectores más vulnerables ha tenido en el tejido social, para luego definir si mantienen o discontinúan el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $ 10.000 dispuesto en abril para mantener ingresos en hogares fuertemente golpeados por la retracción de la actividad impuesta para frenar la propagación del coronavirus.

Este miércoles, el gabinete económico puso a discusión qué política adoptar en adelante para acompañar (o no) a casi 8,8 millones de hogares severamente afectados por la caída de la actividad.

Aunque las decisiones quedaron postergadas para otra ocasión, en el Gobierno caben pocas dudas de que la crisis económica y la reactivación que tanto se espera tardará en comprobarse para las familias de bajos recursos que dependen, primordialmente, de trabajos esporádicos o de puestos laborales "en negro" que desaparecen tan pronto como una situación semejante a la provocada por el Covid-19 golpea a la puerta. Por eso, la decisión está en seguir acompañando a esos sectores con algún tipo de transferencia económica no reembolsable, aunque ajustando los criterios.

Al inicio del aislamiento, cuando la ANSeS todavía estaba bajo las órdenes de Alejandro Vanoli, el Gobierno diseñó un esquema de transferencias que se suponía que beneficiaría a 4 millones de hogares, pero quedó corto a poco andar. Los casi 9 millones de beneficiarios del IFE (desempleados, empleadas domésticas, beneficiarios de programas sociales, trabajadores informales y monotributistas de las categorías más bajas) forzaron a recalibrar el programa que de hecho se iba a ajustar en su tercera edición, aunque tal idea fue revisada por presión de los gobernadores.

Por estas horas, mientras se ejecuta el extenso cronograma de acreditación, los funcionarios debaten de qué acotar la ayuda para alcanzar exclusivamente a la población que no ha podido reanudar su actividad habitual. Aunque fuentes oficiales admiten que cualquier recorte estará sujeto a la evolución de la situación epidemiológica en las provincias, que otra vez y en mayor cantidad vuelven a estar en agenda por el incremento de casos.

La directora ejecutiva de ANSeS, Fernanda Raverta, aunque esquiva a las defiiniciones taxativas, deslizó que "se está evaluando cómo seguir" y aclaró que la definición estará "atada a cómo siga la pandemia y las particularidades económicas de la Argentina".

Lo que se descarta totalmente es dar rienda al proyecto que meses atrás promovió el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, de instaurar un ingreso ciudadano universal, tanto por su enorme costo fiscal como por la disrupción que traería para el mercado laboral.