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En su última cadena nacional, Javier Milei anunció una serie de medidas vinculadas a la defensa y la política exterior, con especial foco en Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida. Entre los anuncios, el Presidente confirmó que el Gobierno avanzará con la construcción de una Base Naval Integrada en Ushuaia. Cuánto destinó el Gobierno para el proyecto.
La Base Naval Integrada es una obra que había comenzado durante la gestión de Alberto Fernández y que quedó paralizada tras un avance inicial de poco más del 9%.
El anuncio incluyó también el refuerzo presupuestario para el área de Defensa. A través de una modificación del Presupuesto, el Gobierno amplió en alrededor de $218.000 millones los créditos destinados a Defensa, de los cuales $114.732 millones fueron asignados al Ministerio de Defensa bajo el concepto de adelantos a proveedores y contratistas.
Según fuentes oficiales, esos fondos estarán destinados mayoritariamente a las obras de la Base Naval Integrada, aunque el decreto no identifica la totalidad de esa partida exclusivamente con el proyecto de Ushuaia.
En este sentido, voces allegadas a la cartera confirmaron en diálogo con El Cronista que el costo total de la obra sería de alrededor de 400 mil millones de pesos. “De forma escalonada”, aclararon a este medio y remarcaron que la cifra final todavía no está confirmada.
En un comunicado luego de la reunión de Gabinete de ayer, el Gobierno anunció que se priorizarán más fondos para la Base en el Presupuesto 2027.
Durante la cadena nacional, el Presidente vinculó la recuperación de la capacidad militar con una estrategia más amplia para reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur y la Antártida. En ese marco, el paquete anunciado contempla además recursos para la reconstrucción de la Base Antártica Conjunta Petrel y otras inversiones en las Fuerzas Armadas.
El Gobierno presentó la Base Naval de Ushuaia como una pieza estratégica para aumentar la capacidad logística y operativa argentina en el extremo sur del país. Sin embargo, voces allegadas a la Armada Argentina remarcaron que la desinversión en dicha rama de las Fuerzas Armadas abre la pregunte de cómo se cuidará el Atlántico Sur sin capacidades reales de vigilancia marina.
Por el momento, $114.732,8 millones es la primera asignación concreta identificable para avanzar con la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego. La cifra aparece dentro del anexo del DNU 867/2026 como “Adelantos a proveedores y contratistas a largo plazo” y no marca que su uso sea exclusivo para la Base Naval Integrada.
El refuerzo total para las distintas jurisdicciones de Defensa asciende a aproximadamente $217.954 millones.
En el decreto anuncia un refuerzo presupuestario para el Ejército de $60.429,5 millones, la Fuerza Aérea de $34.156,9 millones, la Armada Argentina de $8.115,6 millones y el Estado Mayor Conjunto de $519,4 millones.
Por qué se paralizó la obra
El proyecto de la Base Naval Integrada de Ushuaia comenzó durante el gobierno de Alberto Fernández, en 2022, cuando Jorge Taiana era ministro de Defensa.
Para diciembre de 2023 la obra tenía un avance informado de 9,13%. Después quedó prácticamente paralizada, hasta agosto de 2025 no había registrado evolución.
La primera etapa había demandado alrededor de $25.000 millones de aquel momento. El proyecto incluía instalaciones navales, muelle, talleres, depósitos, viviendas y capacidades logísticas para operar hacia el Atlántico Sur y la Antártida.
Una parte importante del refuerzo de Defensa también está relacionada con la Base Antártica Conjunta Petrel, cuya reconstrucción está en marcha.
El Gobierno no está planteando financiar la base con plata de Estados Unidos, al menos por ahora.
Después del anuncio circularon versiones sobre un posible financiamiento estadounidense, algo que había sido anunciado por el propio Javier Milei en un viaje a Ushuaia junto a la por entonces jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson.
Por ahora, desde el gobierno sostuvieron que la orba se financiará con recursos propios y no habrá aporte extranjeros en su finalización.
La sanción a firmas extranjeras
El Gobierno de Javier Milei anunció la apertura de procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas vinculadas con actividades de exploración y explotación de hidrocarburos alrededor de las Islas Malvinas.
La medida fue instruida por el Presidente y ejecutada por la Cancillería en el marco de la Ley 26.659, que establece sanciones para quienes realicen actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina sin autorización de las autoridades nacionales.
La ofensiva apunta contra las compañías que participan directamente de los proyectos petroleros y contra sus accionistas y las empresas que les prestan servicios. El Gobierno busca de esta manera ampliar el alcance de las sanciones que ya existen contra la cadena vinculada con la explotación de recursos naturales en el área cuya soberanía reclama la Argentina.
La normativa vigente contempla inhabilitaciones de entre cinco y veinte años para quienes incumplan las prohibiciones establecidas por la ley.
El principal proyecto en la mira es Sea Lion, un yacimiento ubicado al norte de las islas y operado por la petrolera israelí Navitas Petroleum, que posee el 65% del proyecto, junto con la británica Rockhopper Exploration, dueña del 35% restante. Según estimaciones citadas por Reuters, el yacimiento tendría unos 1.700 millones de barriles de petróleo y las empresas proyectan comenzar la producción en 2028.
La decisión de Milei no implica que las empresas hayan aceptado la jurisdicción argentina. Navitas y Rockhopper sostuvieron que sus licencias fueron otorgadas legalmente por el gobierno de las islas y cuentan con el respaldo del Reino Unido, por lo que consideran legítimas sus operaciones.
De hecho, Argentina ya había declarado ilegal la actividad de Navitas y la había inhabilitado por 20 años para desarrollar actividades en territorio argentino, aunque la compañía decidió continuar adelante con el proyecto.
