Luego de unos primeros días de continuos traspiés por el escándalo del LIBRA gate, el gobierno de Javier Milei cierra una semana con algunas conquistas políticas en el Senado para revertir la pérdida de la imagen sobre la gestión. También en la Justicia recibió una buena noticia este viernes en lo que refiere a su política de ajuste y transparencia sobre las obras sociales.

En ese marco, la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió a favor del Gobierno ante una medida cautelar que había interpuesto el líder de uno de los gremios de mayor peso del país, a partir de un litigio que mantienen en torno a la obra social, la segunda en volumen de afiliados y afiliadas de todo el país

Se trata de una puja que arrancó en 2024 con la intervención dispuesta desde el Ejecutivo nacional sobre OSPRERA, la obra social del gremio de los peones rurales que lidera José Voytenco. El secretario general de UATRE buscó resistir la decisión del Gobierno de avanzar sobre el control de la misma alegando falta de trasparencia y múltiples irregularidades.

En calidad de presidente del Consejo Directivo de OSPRERA y secretario general de UATRE, Voytenco interpuso un pedido de medida cautelar contra el decreto N° 1054/2024 por el cual se designó a Marcelo Carlos Petroni como interventor y todos los actos administrativos previos que abrieron camino a esa decisión, empezando por la resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud RESOL-2024-3948 -APNSSS#MS, del 26 de octubre de 2024.

A la vez, el dirigente gremial ruralista reclamó con ese recurso que la Cámara reponga las autoridades originales de la OSPRERA y "se libre oficio al Banco de la Nación Argentina -y toda entidad bancaria que corresponda- comunicando dicha circunstancia".

Sin embargo, la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió rechazar la cautelar en línea con el dictamen del fiscal general interino. Y resolvió no dar curso a la cautelar solicitada aunque aclaró que se reservaba aún su decisión sobre la cuestión de fondo.

"Este Tribunal considera que la medida cautelar peticionada no resulta prima facie procedente, por lo que corresponde su desestimación, sin que la iniciativa implique sentar posición definitiva sobre el fondo del asunto y la controversia que subyace, sino -simplemente- desestimar la medida solicitada", aclaró el tribunal de alzada.

Desde el Gobierno remarcaron que este fallo representa "un fuerte respaldo institucional a la labor que viene desarrollando la intervención para recuperar y transparentar la gestión de OSPRERA, afectada por graves irregularidades y una deuda que supera los $97.889 millones, originada en la gestión de Voytenko".

Del mismo modo, indican que "la sentencia marca un revés para aquellos sectores que intentan obstaculizar la normalización de la obra social". Y puntualizaron que la intervención "reafirma su compromiso con la transparencia, la legalidad y la reconstrucción de OSPRERA, trabajando incansablemente para garantizar prestaciones de salud de calidad a sus afiliados".

El Cronista consultó con fuentes vinculadas a Voytenco y UATRE pero, al momento de la publicación de la nota, resolvieron no emitir una postura pública al respecto.

El año pasado, la Justicia había dispuesto un allanamiento de OPSRERA por los presuntos delitos de lavado de dinero y desvío de fondos sindicales. Según cifras de entonces de la Superintendencia de Servicios de Salud, la mencionada obra social había recibido $ 26.090 millones del Estado en los cuatro años previos pero así y todo, sus deudas se habían multiplicado hasta alcanzar los $ 43.949 millones en ese momento.

Por este motivo, el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena ordenó entonces el embargo de los bienes de Voytenco y la inhibición de sus cuentas bancarias.

Aquella denuncia había sido presentada el 16 de octubre pasado por el gremialista Marcelo Agustín Andrada, secretario general de la delegación La Plata de Uatre. Según el escrito elevado ante el juzgado de Villena, Voytenco podría haber usado su posición de poder en Uatre para impulsar el crecimiento de su patrimonio, presuntamente incompatible con los ingresos económicos que tiene declarados.

UATRE contraataca en la causa penal

A principios de mes, el interventor de OSPRERA, Petroni, acusó al gremio -que se encuentra en una disputa legal paralela con la Secretaria de Trabajo- de llevar adelante una campaña de desinformación. Acorde a la acusación de UATRE, la intervención registraba una serie de irregularidades vinculadas a contratación de personal y demoras a la hora de responder en tiempo y forma a la demanda interpuesta por una droguería.

"Muy por el contrario, la contestación de la demanda, así como otros recibidos en el marco de los desmanejos que se realizaban con la Obra Social, fue oportunamente respondida dentro de los plazos legales establecidos y se encuentra en trámite normal", indicaron en un comunicado desde la obra social.

A la vez que desmintieron la acusación de que se hayan realizado incorporaciones masivas y permanentes de personal. "El cuidado del patrimonio de los afiliados de OSPRERA es prioridad para esta intervención, por lo que en primer lugar se realizaron 53 bajas de personal para luego, dar ingreso a 58 personas que están trabajando diariamente para llevar adelante la conducción de la obra social", consignaron.

Sin embargo, fuentes de UATRE remarcaron que hubo avances a su favor en la causa penal que lleva adelante el juez Sebastián Casanello con la instrucción del fiscal Guillermo Marijuan, por los presuntos delitos de tráfico de influencias, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. Se trata de la denuncia que interpusieron, en este caso, el gremio ruralista junto a su secretario general, Voytenco, contra los funcionarios y la intervención.

Durante el allanamiento a las oficinas que la obra social tiene en la calle Reconquista al 600, señalaron desde el gremio, la Policía Federal secuestró el celular de Marcelo Petroni, el interventor designado por el Gobierno nacional, así como su computadora y el detalle de alta de empleados, legajos y órdenes de pago que se encuentran bajo sospecha.

En el expediente están imputados Claudio Aquino, director nacional de Asociaciones Sindicales, Julio Cordero, el secretario de Trabajo de la Nación; Pablo Ansaloni, diputado nacional de LLA; Marcelo Andrada, exsecretario General de la seccional La Plata de UATRE y Aixa Laura Petriati Grizutti, exsecretaria de actas de la seccional La Plata del gremio.

El Cronista no obtuvo comentario desde el Ejecutivo sobre estos últimos pasos judiciales en lo que refiere a la causa penal, al ser consultados.