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El Senado aprobó una nueva ley que aumenta la jubilación mínima y el bono mensual. Además, el proyecto extiende por dos años la moratoria previsional, lo que permitirá que personas sin los 30 años de aportes accedan a una jubilación mediante un plan de pagos.
Pese al amplio respaldo que tuvo la iniciativa, el presidente Javier Milei advirtió que vetará la norma. Sin embargo, el Congreso podría rechazar el veto si logra reunir la mayoría necesaria, lo que mantendría vigente la ley aprobada.
Con aumento: cómo quedan las jubilaciones y el bono
La ley aprobada modifica la fórmula de movilidad y establece aumentos automáticos tanto para los haberes como para el bono, que hasta ahora se otorgaba por decreto. Los nuevos montos quedarían así:
- Jubilación mínima actual: $ 309.000
- Nueva jubilación mínima: $ 331.000
- Bono previsional actual: $ 70.000
- Nuevo bono previsional: $ 110.000
En total, un jubilado que hoy percibe el haber mínimo pasará a cobrar $ 441.000 mensuales. Además, se garantiza que tanto el haber como el bono seguirán ajustándose mensualmente por inflación, pero que en marzo, junio, septiembre y diciembre se incorporará un adicional si los salarios superan al índice de precios.
Moratoria previsional: ¿qué cambia?
En Argentina, para acceder a una jubilación es necesario cumplir dos requisitos clave: haber alcanzado la edad jubilatoria (60 años para las mujeres y 65 para los varones) y contar con al menos 30 años de aportes registrados en el sistema previsional.
Sin embargo, la nueva ley prorroga por dos años la moratoria previsional, una herramienta que permite jubilarse a quienes no cumplen con los años de aportes exigidos, mediante un plan de pagos.
¿Cómo se financiará el aumento?
La ley incorpora un paquete de medidas fiscales para afrontar el impacto presupuestario. Entre ellas se destacan:
- Eliminación de exenciones impositivas para directores de empresas.
- Fin de beneficios fiscales a sociedades de garantía recíproca.
- Reasignación de fondos provenientes de la ex SIDE (actual Agencia Federal de Inteligencia).
- Utilización de recursos de los registros automotores.
- Ahorros derivados de la baja en la tasa del FMI.
Se estima que la implementación de estos cambios implicaría un costo fiscal de entre 0,2% y 0,3% del PBI en lo que resta de 2025.
¿Qué dice el Gobierno?
Tras la aprobación en el Senado, el ministro de Economía, Luis Caputo, advirtió que "el equilibrio fiscal no se negocia", reafirmando que el Ejecutivo vetará cualquier norma que comprometa el ajuste fiscal.
El presidente Javier Milei ya había anticipado que vetará la ley en caso de ser sancionada, y desde el oficialismo incluso deslizaron que podrían judicializar la sesión por supuestas irregularidades en su desarrollo.
Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel, que presidió la sesión, fue duramente criticada por sectores libertarios, pero defendió su rol: "Un jubilado no puede esperar y un discapacitado menos", afirmó en redes sociales.
¿Qué pasa si Milei veta la ley?
El veto presidencial no implica el fin inmediato de la norma. Para quedar sin efecto, el Congreso debería aceptar el veto. Pero si ambas cámaras insisten con la sanción original y reúnen los votos necesarios, la ley quedará firme, incluso contra la voluntad del Ejecutivo.
