Tras un fin de semana turbulento para el gobierno nacional, el oficialismo enfrenta el proceso de audiencias por la nueva Ley de Glaciares que ya tiene media sanción en el Senado. Ya hay 100.000 inscriptos para el debate legislativo en la Cámara de Diputados. Ante la decisión del Ejecutivo de poner un límite a los anotados, se impusieron un gran número de cautelares y se agita el debate en la Cámara. Porqué el gobierno busca acelerar el tratamiento.
La reforma libertaria cambió principalmente la definición de ambiente periglacial y el mecanismo de protección, lo que abre la puerta a más actividad minera. El nuevo texto con media sanción del Senado reduce el alcance de las zonas protegidas, pasa de una prohibición automática a evaluaciones caso por caso sobre la función hídrica y otorga mayor poder a las provincias para decidir qué áreas quedan protegidas o pueden explotarse, aunque mantiene la protección de los glaciares y el inventario nacional como referencia técnica.
Si bien el gobierno de Javier Milei pretendía darle un tratamiento exprés en la Cámara de Diputados al proyecto de ley que aprobó el Senado, esto no ocurrió. De esta manera, la oposición logró habilitar las audiencias públicas y retrasar al oficialismo con más de 100.000 inscriptos para participar en las reuniones que tendrán lugar el 25 y 26 de marzo.
El gobierno pretende sesionar por la ley de Glaciares el próximo 8 de abril. Desde la oposición advierten que el camino más probable para frenar la ley es la judicialización
Tras la decisión de la Cámara de Diputados, sólo podrán participar de las audiencias un 0,4% del total de anotados. Esto, ocasiona una agitación durante el debate, por parte de la oposición y del oficialismo que demoran las audiencias y acusaciones cruzadas de “mentirosos”.
Ante esta noticia, la ONG Greenpeace presentó una medida cautelar para solicitar la ampliación de las audiencias. Sin embargo, esta mañana se echó por tierra dicho recurso.
Al respecto, la directora del Círculo de Políticas Ambientales, Eugenia Testa, expresó que las audiencias están viciadas de “irregularidades”.
“Se ha vulnerado el reglamento que se estableció, se modificaron los criterios de participación, se alteró la condición de los inscriptos, se ocultaron las listas, primero la de inscriptos y ahora la de oradores, se han excluido más de 100 mil personas y la selección de expositores se ha realizado de manera discrecional con el objetivo de proyectar un equilibrio de exposiciones que no refleja la realidad”, aseveró.
Además, los diputados de distintos bloques opositores, entre ellos referentes de la Coalición Cívica, Unión por la Patria, la UCR y espacios provinciales, presentaron una impugnación contra la metodología adoptada para las audiencias públicas.
El escrito fue encabezado por Maximiliano Ferraro y contó con las firmas de Sabrina Selva, María Inés Zigarán, Carolina Basualdo, Pablo Juliano, Adriana Serquis, Gabriela Estévez, Juan Brugge, Abelardo Ferrán, Lucía Cámpora y Pablo Farías.
Los legisladores sostienen que la metodología restringe de manera ilegítima la participación ciudadana, al limitar la intervención oral y dejar afuera a la gran mayoría de los más de 100.000 inscriptos.
Según advierten, esto vulnera principios establecidos en la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú, que garantizan instancias de participación efectiva en temas ambientales.
Asimismo, cuestionaron la falta de criterios transparentes para seleccionar a los expositores y los cambios introducidos sobre la marcha en las reglas del proceso. Por eso, solicitaron la nulidad de la audiencia y la convocatoria a una nueva instancia con condiciones reales de participación, y dejaron abierta la posibilidad de recurrir a la Justicia si no se corrige el procedimiento.
El Ejecutivo quiere un tratamiento rápido en Diputados, pero al habilitar las audiencias el oficialismo y los empresarios mineros están preocupados.
Por ahora, sólo quedan dos amparos colectivos en pie, luego de eso, el gobierno tendrá la posibilidad de reducir las audiencias como está proyectado.
Voces opositoras indicaron a El Cronista que la forma de selección de los expositores se hizo de forma inconsulta, y que se eligió una mitad de inscriptos a favor y mitad en contra, cuando la mayoría de quienes se anotaron están en contra de la ley.
Además, aseguraron que hablarán primero de todo, la elección de los oradores vino de la presidencia de la Cámara de Diputados.
Aun así, fuentes legislativas opositoras reconocieron que el que lo más probable es que el gobierno logre la aprobación y el camino sea la judicialización de la ley.
Voces legislativas de La Libertad Avanza habían dicho a El Cronista que lo que está en el fondo del debate es la injerencia de los gobernadores sobre los recursos naturales. La posible modificación que se repite en el Palacio Legislativo es la incorporación de un mecanismo de resolución de controversias interjurisdiccionales.
Esto fue reclamado por los propios pampeanos durante su disertación en las audiencias públicas. En caso de que se modifique este párrafo, la ley debería volver al Senado.
Fuentes del sector minero indicaron, en diálogo con El Cronista, que es necesario que la reforma se apruebe en abril en Diputados. “Si queda para mayo, ya empieza la carrera (política) para el 2027 y se alarga la cosa”, aseguró una voz relevante del sector a este medio. De no aprobarse dicha reforma, desde el sector convienen que los proyectos que adhirieron al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) seguirán esperando.
Lo que la oposición buscará debatir, a ojos del oficialismo, es el inventario de los Glaciares.
En LLA retrucan que no es correcto que desaparece el inventario y afirman que son 120 los sitios que podrían entrar en discusión de los que actualmente están regulados. “Argentina tiene el marco más prohibitivo a nivel ambiental del mundo. En Chile la minería genera un millón de empleos directos e indirectos. Nuestra modificaciones le devolverá la potestad de decidir a las provincias dónde hay activar minera y cual no”, dijo Manuel Adorni esta mañana en su conferencia en Casa Rosada.
“Tenemos que trabajar juntos (con el Gobierno)”, remarcaron desde el sector. Aun así, advirtieron que no se sabrá hasta último momento si tendrán la aprobación de la reforma, como tampoco se sabía si iba a tener su aprobación en el Senado.
Tanto representantes del sector como el Gobierno están en continua comunicación con los diputados clave para aprobar el proyecto.
Los libertarios saben que el tema interjurisdiccional será clave porque podría torcer los votos de aquellos diputados que responden a sus provincias, cómo es el caso de los pampeanos.
El caso típico que mencionan los legisladores es el conflicto entre La Pampa y Mendoza por el río Atuel.
El conflicto por el Río Atuel enfrenta a ambas provincias desde que Mendoza construyó represas y desvíos para riego que redujeron el caudal que llega a territorio pampeano. La disputa llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, que reconoció que es un río interprovincial y ordenó fijar un caudal mínimo, aunque las provincias aún discuten cuánta agua debe liberar Mendoza.
Por este motivo, la idea sería incorporar algún mecanismo para resolver las disputas. Aun así, los libertarios señalaron en diálogo con este medio que esto no se incluyó en el texto original del Senado porque ya hay una norma vigente bajo la Ley General de Aguas que regula las cuestiones de cuencas hídricas y además la Constitución establece que la Corte Suprema tiene competencia en conflictos provinciales.
“Incorporar algo así ayudaría a que provincias como La Pampa acompañen", indicaron fuentes parlamentarias libertarias en conversaciones con El Cronista.
Sin embargo, este punto no parece muy relevante para el sector minero. En este aspecto coinciden con el Gobierno, creen que la interjurisdiccionalidad ya está resuelta por la resolución de la Corte Suprema de Justicia.
“Cualquier modificación retrasa la aprobación en Diputados y es un paso más a que no llegue a término para mayo”, advirtieron.
En este sentido, explicaron a El Cronista que ya en el Senado no sabían hasta último momento si los legisladores aprobarían o no la reforma. Todo está por verse.
