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El gobierno de la provincia de Buenos Aires quedó nuevamente bajo presión por un conflicto salarial dentro de uno de sus organismos clave. Trabajadores de la Agencia de Recaudación bonaerense realizaron este jueves una protesta en el edificio del Ministerio de Economía, donde reclamaron por bonificaciones demoradas, expedientes sin iniciar y derechos laborales que, aseguran, siguen sin ser reconocidos.

La manifestación se desarrolló en el hall del edificio ubicado en 8 y 45, en La Plata, debido a las condiciones climáticas. Con bombos, cánticos y una concentración en el interior del organismo, los empleados exigieron respuestas concretas a una administración provincial a la que responsabilizan por dilatar soluciones comprometidas hace dos años.

La medida profundiza un conflicto que ya venía escalando y representa un nuevo revés para la gestión bonaerense. El reclamo no se limita a una discusión salarial de coyuntura: los trabajadores denuncian que la Provincia eliminó en 2024 un nomenclador y prometió reemplazarlo por una nueva bonificación, pero todavía existen empleados cuyos trámites ni siquiera fueron iniciados.

Seguimos reclamando por las bonificaciones que no salen y por cambios de papeles que aparecen a último momento. Se nos quitó el nomenclador y se iba a reemplazar por esta nueva bonificación en 2024, pero dos años después todavía hay compañeros que ni siquiera tienen los expedientes iniciados”, señalaron durante la protesta.

Expedientes demorados y pérdida de ingresos

El eje principal del conflicto es la falta de implementación de la bonificación que debía compensar la eliminación del esquema salarial anterior. Según denuncian los trabajadores, la demora administrativa no solo posterga mejoras en los ingresos, sino que genera diferencias entre empleados que cumplen funciones similares.

El reclamo apunta directamente a la capacidad de respuesta del gobierno provincial y del Ministerio de Economía. Después de dos años, la falta de resolución de los expedientes en la agencia expone un problema de gestión que los trabajadores consideran injustificable.

A la demora en las bonificaciones se suma la situación de profesionales cuyos títulos universitarios y matrículas no son reconocidos dentro de la carrera administrativa. Esa omisión, según explicaron, afecta tanto el desarrollo laboral como la remuneración.

Hay profesionales a los que no les reconocen la matrícula o el título de grado, lo que significa una pérdida de derechos y de remuneración”, afirmaron.

La denuncia vuelve a colocar a la administración bonaerense frente a una contradicción. ARBA es uno de los organismos centrales para la recaudación provincial, pero parte de su personal sostiene que el propio Estado no regulariza sus condiciones laborales ni cumple con los mecanismos salariales prometidos.

Un nuevo foco de conflicto para la Provincia

La protesta dentro del Ministerio de Economía amplifica el costo político del reclamo. Los trabajadores decidieron trasladar la manifestación al corazón de la estructura que administra las finanzas provinciales, una señal dirigida a las autoridades responsables de resolver los expedientes y garantizar los pagos.

La jornada no registró incidentes, pero dejó expuesta la falta de una salida. Los empleados anticiparon que mantendrán el plan de lucha hasta recibir respuestas concretas y exigieron que se acelere la tramitación de los casos pendientes.

Para el gobierno bonaerense, el conflicto representa un nuevo frente de desgaste. La protesta se origina en decisiones administrativas adoptadas por la propia Provincia y en compromisos que, según los trabajadores, siguen sin cumplirse.

La continuidad de la medida dependerá ahora de que el Ministerio de Economía y las autoridades de ARBA presenten un cronograma verificable para regularizar las bonificaciones, reconocer los títulos profesionales y cerrar los expedientes demorados.

Hasta entonces, el reclamo seguirá funcionando como una señal de alarma sobre la gestión interna de un organismo estratégico y como un cuestionamiento directo a la capacidad del gobierno provincial para cumplir con sus propios trabajadores.