Luego de su prohibición en Brasil, la discusión por la regulación de las apuestas online volvió a ganar terreno en la agenda política y abrió una disputa por el alcance de los controles sobre una actividad que mueve millones. Mientras la Iglesia presiona para que el Senado trate la ley que Diputados aprobó en noviembre de 2024, las empresas del sector buscan incidir en una discusión con su propio enfoque. Qué pasa en el Senado.

El Senado tiene actualmente en sus manos dos proyectos distintos de regulación de las apuestas online.

Por un lado, está la iniciativa de la oposición que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. Este proyecto pierde estado parlamentario si no es tratado en el recinto antes del fin del año legislativo.

Por otro lado, está el proyecto del propio Gobierno Nacional, que el Ejecutivo envió en mayo y que aún no tuvo su debate.

La puja se concentra en dos enfoques: endurecer las condiciones para todos los operadores o concentrar los esfuerzos en combatir las plataformas ilegales.

La iniciativa del gobierno nacional pone el foco en los operadores sin autorización y en la protección de los menores, pero no incorpora varias de las restricciones comerciales previstas en la media sanción de Diputados.

Detrás de esa diferencia se juega una discusión central para el negocio de las apuestas online. Según pudo averiguar El Cronista, dichas empresas están interesadas en que no exista un límite de juego para los menores de edad en aplicaciones habilitadas y que la regulación persiga a las empresas ilegales.

El argumento empresario

En las conversaciones con representantes del sector, uno de los principales cuestionamientos a la media sanción de Diputados apunta a que las restricciones podrían recaer sobre las plataformas autorizadas, mientras que los operadores ilegales continuarían funcionando por fuera de los controles.

El planteo coincide con una de las preocupaciones que expresaron voces del bloque libertario en diálogo con El Cronista. En este sentido, una voz clave indicó a El Cronista que el peso que tendría la informalidad en el mercado y la dificultad de aplicar una regulación que alcance a quienes operan sin licencia.

Desde el oficialismo ponen el foco en la necesidad de evitar una norma que, en sus términos, alcance a los actores formales. Además, mencionaron que el 85% de la actividad se canalizaría por vías informales, una cifra cuyo universo y metodología requieren corroboración antes de presentarla como un dato establecido.

En este sentido, el proyecto del Ejecutivo va en esa línea. El texto propone penas de entre tres y seis años de prisión para quienes exploten u organicen sistemas de apuestas no autorizados, y de dos a cuatro años para quienes les presten servicios financieros, tecnológicos, publicitarios o digitales esenciales, con conocimiento de la ilegalidad y para facilitar su funcionamiento.

Además, prevé mecanismos para bloquear dominios y restringir las operaciones financieras de plataformas sin habilitación.

La diferencia entre el proyecto del Gobierno y el que apoya la Iglesia

La iniciativa del Poder Ejecutivo y el texto aprobado por Diputados en 2024 no son versiones equivalentes de una misma regulación, sino que tienen diferencias sustanciales sobre cómo intervenir en el mercado legal.

El proyecto oficial apunta a perseguir las apuestas no autorizadas y a impedir el acceso de menores. Establece que la publicidad de los operadores habilitados no podrá estar dirigida a menores ni asociar el juego con el éxito económico, laboral o social, pero no plantea una prohibición general de los anuncios ni de los patrocinios deportivos.

En cambio, la media sanción de Diputados establece restricciones mucho más amplias sobre la publicidad, la promoción y el patrocinio de las apuestas online.

Además, contempla mecanismos de verificación de identidad, un régimen de autoexclusión y límites a los medios de pago utilizados para apostar.

Para las empresas, esa diferencia es decisiva: las restricciones comerciales pueden afectar la captación de usuarios menores de edad y los acuerdos con clubes y otros actores del deporte.

Para los impulsores de una regulación más estricta, en cambio, la publicidad y las promociones forman parte del problema que buscan contener, en particular por su exposición ante niños, adolescentes y jóvenes.

Según fuentes del sector, su objeción a la media sanción se concentra en que las nuevas exigencias podrían limitar a los operadores regulados sin resolver, por sí solas, la competencia de las plataformas clandestinas.

La presión de la Iglesia vuelve a poner en primer plano el proyecto más restrictivo, mientras el oficialismo tiene una iniciativa propia ingresada en la Cámara alta. La discusión no pasa únicamente por si habrá una ley nacional, sino por cuál de los dos modelos prevalecerá y qué margen quedará para regular una actividad que también depende de licencias y controles jurisdiccionales.

La Provincia de Buenos Aires suma presión

La disputa también se extiende a la provincia de Buenos Aires, donde los diputados de Fuerza Patria Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto impulsan una iniciativa integral con exigencias más duras para el sector.

El proyecto contempla, entre otras medidas, la eliminación de bonos de bienvenida y programas de fidelización, nuevas herramientas para bloquear sitios ilegales y un gravamen equivalente al 100% del gasto publicitario de las casas de apuestas destinado a políticas de salud mental. Además, prevé un aporte sobre los premios para financiar clubes e instituciones sociales.

La propuesta bonaerense busca avanzar en la Legislatura provincial: el 19 de octubre está prevista una reunión conjunta de comisiones y, según la agenda difundida, el oficialismo apunta a llevarla al recinto de Diputados el 20 de octubre para buscar la media sanción.