Vidal pide a Nación asumir deuda de $ 3500 millones

El traspaso de Edenor y Edesur a la Ciudad de Buenos Aires y a la provincia está trabado. La gobernadora quiere que Nación regularice deuda por el consumo de energía eléctrica en barrios de emergencia

El traspaso de Edenor y Edesur, que pasarán de ser controladas por Nación a ser reguladas por la Ciudad de Buenos Aires y la provincia, generó una rispidez entre la gobernadora María Eugenia Vidal y el presidente Mauricio Macri.

Según informaron fuentes de la provincia de Buenos Aires, Vidal presentó esta semana en la Secretaría de Energía una propuesta para adaptar el convenio de traspaso, que fue acordado a nivel de autoridades el 28 de febrero y cerrado con las empresas el 10 de mayo.

La gobernadora se resiste a asumir deudas de Nación con las distribuidoras eléctricas por unos $ 3500 millones y frenó la operación.

El monto corresponde a la energía que suministraron Edenor y Edesur en barrios de emergencia ("villas") del Gran Buenos Aires (GBA) a partir de 2011 y que Nación no paga desde entonces.

Las empresas están obligadas por contrato a suministrar y garantizar la calidad del servicio en todo el territorio de su jurisdicción (norte y oeste del conurbano bonaerense para Edenor y el sur para Edesur), pero fue el Gobierno -a través del Plan Más Cerca Eléctrico- quien asumió la extensión y mantenimiento de las redes y las conexiones en estos barrios, en los que las distribuidoras no percibieron tarifas por la energía entregada.

El ex ministro Juan José Aranguren había denunciado a los municipios del GBA por $ 700 millones por supuestos sobreprecios, obras inconclusas y trabajos sin ejecutar del Plan Más Cerca Eléctrico, encarado en su momento por el ministerio de Planificación, encabezado por Julio De Vido y Roberto Baratta.

La Ciudad de Buenos Aires, en cambio, encaró una tarea de urbanización en los barrios y no registraba deudas con las eléctricas.

La cesión de jurisdicción incluía la cancelación mutua de multimillonarias deudas cruzadas acumuladas desde 2006 -con el congelamiento de tarifas dispuesto por el kirchnerismo- y la obligación para las compañías de invertir $ 7195 millones, que debían ser devueltos a los usuarios en compensación por la elevada frecuencia y duración de los cortes de energía eléctrica, sobre todo en los veranos de 2013 y 2014.

En aquel tiempo, se deterioró la red por las escasas inversiones que destinaron las empresas mientras sus ingresos caían en términos reales por el congelamiento tarifario y la persistente inflación.

Vidal todavía debe emitir un decreto para ratificar los términos del traspaso, que ya fue revalidado por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el 4 de julio.

Ella misma había protagonizado la foto del acuerdo el 28 de febrero junto al jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta; el entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui; el secretario de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico, Juan Garade; y el titular del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Andrés Chambouleyrón.

De acuerdo a lo que contaron a El Cronista fuentes cercanas a Vidal, la gobernadora se resiste a asumir la transferencia de deudas contraídas por el Estado nacional y que no fueron saldadas en el acuerdo.

"No hay nada de eso, no hay tensiones y la semana que viene o la siguiente ya habrá claridades", desmintió a este diario un funcionario de la Secretaría de Energía, confiado en avanzar en el traspaso durante este mes.

Edenor y Edesur son controladas por la Nación a través del ENRE, ya que su área de operación es en dos jurisdicciones distintas como la Ciudad de Buenos Aires y los partidos del Gran Buenos Aires, como no sucede con otras distribuidoras eléctricas del país; todas las provincias, incluida Buenos Aires, asumen la responsabilidad de control y fijación de tarifas para las empresas que operan exclusivamente en su territorio.

Más allá de esto, el traspaso tiene un trasfondo económico: para mejorar sus deterioradas cuentas, Nación transfiere la jurisdicción y, con ella, los subsidios de la tarifa social eléctrica.

Esto fue por pedido de los gobernadores provinciales, que sostienen con su propia caja el funcionamiento de las distribuidoras, en muchos casos con deudas millonarias con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) -sumaban $ 23.000 millones de acreencias a junio-.

Aunque los números de los acuerdos se mantienen en estricto secreto, el Estado nacional le habría perdonado deudas a las distribuidoras por $ 21.189 millones en el caso de Edenor y $ 21.399 millones en el de Edesur; más de $ 42.500 millones en total.

Pero el traspaso también eliminaría la posibilidad de que las firmas vayan a juicio en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por el extendido congelamiento tarifario entre 2006 y 2015.

Un alto ejecutivo del sector calculó que en una de estas empresas tenían pendiente una batalla por $ 67.000 millones (casi u$s 1200 millones).

Una cuestión que quedará pendiente es la denuncia de concejales kirchneristas por el canje de inversiones a cambio de no devolver a los usuarios $ 7195 millones.

Aunque el traspaso de jurisdicción ya se negociaba desde la gestión de Aranguren, este canje trababa los acuerdos. Lopetegui, por su lado, decidió avanzar y lo permitió.

Temas relacionados
Más noticias de Energía

Las más leídas de Economía y Política

Destacadas de hoy

Noticias de tu interés