Un reto de la Corte al Gobierno

Citando el artículo 76 de la Ley de Medios y sentando como precedentes los casos de las editoriales Perfil y Río Negro, la Corte Suprema de Justicia le ordenó al Gobierno que incluya a Canal 13 en el reparto de la publicidad oficial, en una causa que ya tenía sentencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

La decisión fue tomada por mayoría, con un voto común de los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, al que adhirió casi en su totalidad Elena Highton, y en el que expresaron disidencias parciales –aunque fueron aún más duros con el fallo-, Carmen Argibay y Enrique Petracchi. Eugenio Zaffaroni se limitó a solicitar la intervención de la Procuración, en discrepancia con sus colegas.

Tal vez los párrafos más relevantes de la resolución del máximo tribunal sean los que desprenden cuestionamientos directos al Gobierno nacional. En ellos destaca “la libertad de expresión como protección de la actividad crítica de los periodistas” y advierte que el incumplimiento de las sentencias por parte del Estado “es una clara violación de principios constitucionales”.

La Corte también incluye a la Ley de Medios, la 26.522, que declaró constitucional en octubre del año pasado en un fallo que generó un aliciente para el Gobierno en su disputa con el Grupo Clarín, propietario también de Artear, la empresa titular de Canal 13. Así, los jueces sustentan su decisión en el artículo 76 de la Ley, referido a la distribución de la pauta oficial.

La causa había sido iniciada por Artear en 2009, contra el Estado Nacional, el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y el vocero presidencial Alfredo Scocimarro, con el objeto de que cesara la asignación arbitraria y discriminatoria de la pauta respecto a Canal 13.

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