PEÑA PRESIONA A LOS GOBERNADORES PARA QUE INTERCEDAN ANTE SUS LEGISLADORES

Tarifas: evalúan alternativas para evitar el costo político de un veto de Macri

En Casa Rosada creen que el veto es la última carta por jugar. Por eso apuestan a un gesto de los gobernadores para frenar la ofensiva de la oposición en el Congreso

El Gobierno apeló ayer a la actitud muy responsable de los gobernadores para que intervengan con sus legisladores en el Congreso, a fin de que la oposición no reúna los votos suficientes para aprobar una ley que retrotraiga las subas en las tarifas de luz, agua y electricidad. La Casa Rosada abrió así el paraguas ante el costo político que implicaría un posible veto presidencial, al que apelará el presidente Mauricio Macri si la oposición logra convertir en ley su iniciativa.

El Ejecutivo prioriza evitar el costo fiscal antes que dar marcha atrás con el ajuste de tarifas.

Tras el rechazo de las empresas más grandes al proyecto opositor, ahora el Gobierno salió a intentar ponerle coto a la iniciativa. Vamos a buscar una salida con los gobernadores porque queremos resolverlo desde los ejecutivos, indicaron desde Balcarce 50. Ya salieron algunos mandatarios como Juan Schiaretti (Córdoba), Juan Manuel Urtubey (Salta) y Juan Manzur (Tucumán) a afirmar que las tarifas son competencia de Nación. Pero esas expresiones podrían no traducirse directamente en un apoyo de los diputados y senadores de esas provincias para trabar el proyecto opositor.

En plena encerrona, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, acentuó ayer la responsabilidad de los gobernadores para frenar el proyecto durante una entrevista a radio La Red. El ministro coordinador sostuvo que el proyecto opositor supone $ 100 mil millones de costo fiscal. En esa entrevista anunció que de aprobarse la iniciativa que impulsa el PJ junto al massismo y el FPV, entonces sería vetada por el Presidente. El costo político de semejante decisión es el escenario que buscará evitar esta y la próxima semana la Casa Rosada.

Vamos a buscar el consenso y el diálogo, repetían ayer en Casa Rosada. El oficialismo había enviado días atrás al Congreso un proyecto que apela a que las provincias y los municipios eliminen todos los impuestos que pesan sobre la tarifa neta del servicio público, pero la iniciativa no sumó apoyos.

La encerrona preocupa a Macri, quien ayer encabezó una reunión de coordinación con los vicejefes de Gabinete, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, así como los presidentes del Senado, Federico Pinedo, y de Diputados, Emilio Monzó. Por ahora la iniciativa es mantener las subas como sea, mientras buscan la manera de blindar los aumentos ante la Justicia.

En los últimos días, el secretario de Política Económica, Sebastián Galiani, y el asesor del Ministerio de Hacienda, Guillermo Cruces, firmaron una publicación en la que respaldan las subas en las tarifas. El estudio sostiene que el 20% más pobre emplea el 2,6% de su ingreso en 2018 para pagar servicios, esto es, casi seis puntos porcentuales menos que el valor del año 2000. De esta manera, dan a entender que todavía puede haber margen para nuevos aumentos.

Pero también explican allí por qué es importante la actualización tarifaria para Macri. La lógica del Gobierno es que estos aumentos promueve la inversión en el sector y la producción doméstica de energía. El ejemplo es el yacimiento de Vaca Muerta, donde Macri protagonizó un spot para defender los aumentos la última semana. Al oficialismo le llegó ayer una buena noticia con las declaraciones de la ministra de Energía de Chile, Susana Jiménez. La funcionaria trasandina aseguró que su país puede aportar a la demanda estable que requiere la Argentina para desarrollar sus yacimientos de gas natural, especialmente de la formación neuquina de Vaca Muerta.

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